En los días anteriores a la feria de Ciudad Real de agosto de 1921, celebrada apenas unas semanas después del desastre de Annual, las conversaciones en cafés, bares y Casino giraron en torno a una misma cuestión: si era moralmente aceptable celebrar corridas de toros mientras miles de soldados españoles combatían en Marruecos y llegaban diariamente noticias de muertos, heridos y desaparecidos —en especial, con nombres y apellidos de la provincia—. Un caso destacado en la prensa local fue el del calzadeño Ismael de los Ríos, a quien los moros dieron por muerto, siendo trasladado al hospital de Melilla junto a otros oficiales. Por aquellas fechas, desde las páginas de El Pueblo Manchego se venía defendiendo la supresión de los festejos taurinos y la dedicación de los recursos disponibles al auxilio de los combatientes y sus familias. A pesar de estas críticas, procedentes tanto de la prensa como de una parte de la opinión pública ciudadrealeña, la organización de dos corridas de toros para los días 18 y 19 de agosto siguió adelante. Tras finalizar la primera de ellas surgió el primer escándalo: los espadas —junto con sus cuadrillas— no llegaron a cobrar, creando un ambiente enrarecido que favoreció la suspensión de la segunda corrida. Prácticamente, el cartel de los toreros para ambas corridas fue el mismo. Quien aparecía al frente de la organización taurina era Alfonso Buitrago, que había tomado en arrendamiento la plaza en sustitución de Enrique Gómez. Éste se retiró debido a las importantes pérdidas ocasionadas por varias novilladas celebradas meses antes del comienzo de la feria, lo que planteó incertidumbre sobre quién asumiría la responsabilidad de las corridas.
La situación era ya tensa semanas antes del inicio de la feria: los contratos con toreros, ganaderos y proveedores seguían sin resolverse. Es en esta nueva situación cuando aparece en escena Joaquín Menchero —asesor de la nueva empresa organizadora de las corridas de toros—, que, según todas las fuentes consultadas, hizo cuanto estuvo en su mano para que Ciudad Real no se quedara sin corridas de toros. Por otro lado, el gobernador civil Adolfo Ruiz Gutiérrez constituyó una comisión extraoficial de festejos, compuesta de destacados vecinos de la capital, como Bernardo Mulleras, Manuel Barahona, Salvador Pujol, Luis Muñoz de Morales y Eduardo Campos.
Ante la falta de recursos, la organización recurrió a las aportaciones económicas de distintos municipios de la provincia: Alcázar de San Juan entregó 2.000 pesetas; Valdepeñas, 1.300; Manzanares, 1.000; Almodóvar del Campo, 850; Almagro y Santa Cruz de Mudela, 600 cada una; Calzada de Calatrava, Moral de Calatrava, Daimiel y Tomelloso, 500; Piedrabuena, 300; y Malagón y Fuente el Fresno, 200 pesetas respectivamente. En conjunto, aquellas contribuciones sumaron 9.050 pesetas y muestran el esfuerzo realizado para garantizar la celebración de los festejos. A estas cantidades se añadieron otras aportaciones procedentes de la capital. El propio Bernardo Mulleras declararía posteriormente haber entregado a Alfonso Buitrago un total de 24.700 pesetas, de las cuales 14.000 procedían del Casino de Ciudad Real, 3.500 del Ayuntamiento de la capital y 7.200 de diversos casinos de la provincia.
Con estos fondos se prepararon los festejos taurinos de la feria, se imprimieron las entradas y se pagó la publicidad en la prensa local. Las entradas iban selladas tanto por la empresa organizadora como por el Gobierno Civil y se pusieron a la venta en la imprenta de Corral, Buitrago y Vega, establecida en la calle Calatrava n.º 10. Según declararía posteriormente Alfonso Buitrago, el billetaje era remitido al Gobierno Civil para ser contraseñado, permaneciendo allí los talonarios hasta que quedaban listos para su distribución y venta. El gobernador Ruiz Gutiérrez sostuvo más tarde que aquella identificación oficial tenía como único objeto controlar los billetes, mientras que Manuel Barahona explicó que este procedimiento se empleaba habitualmente cuando se esperaba una gran afluencia de público.
En la primera corrida, celebrada el 18 de agosto, actuaron Ignacio Sánchez Mejías, Chicuelo y Granero con toros del marqués de Villamarta. El festejo transcurrió con normalidad y la prensa dedicó amplias crónicas a las faenas de los diestros. Posteriormente se conoció que a los toreros de esta primera corrida no se les pagó. Además, en la sesión del ayuntamiento celebrada el 20 de agosto, el concejal Lázaro expresó su protesta por el acto que cometió el gobernador, que envió una pareja de la Guardia Civil a que detuviera a uno de los espadas que se negó a lidiar. Afortunadamente, al final esta acción no se llevó a cabo. Según declaró posteriormente Manuel Barahona, al conocer esta situación, él y el jefe de policía acudieron al Gobierno Civil para denunciarla.
La suspensión de la segunda corrida no fue anunciada a tiempo, por lo que numerosos espectadores acudieron a la plaza para ocupar sus localidades. Según la prensa, la entrada fue superior a la registrada el día anterior. Pero el público pronto percibió que los toreros no salían a hacer el paseíllo y que los toros tampoco aparecían en el ruedo. La situación provocó que parte de los espectadores invadiera la arena y que se produjeran daños en las barreras. También hubo intentos de incendiar la plaza —según rumores— y se produjo una concentración de personas ante el Gobierno Civil, lo que obligó a intervenir a la Guardia Civil para mantener el orden. Por temor a disturbios, muchos comercios cerraron.
El 20 de agosto, durante una sesión municipal celebrada aquella misma mañana, los concejales aprobaron una dura moción de protesta en la que calificaban lo ocurrido como un espectáculo «vergonzoso y sin precedentes». En el texto aprobado se responsabilizaba de los hechos a «algunos señores que no son de este pueblo» y se denunciaba que habían vendido al público una «falsa mercancía» amparada por un sello oficial estampado en los billetes. La corporación consideraba que el sello oficial había contribuido a generar confianza entre los espectadores, muchos de ellos llegados desde otras localidades, que se sintieron engañados cuando el festejo fue suspendido. El ayuntamiento consideró además que los hechos podían revestir carácter delictivo, acordando ponerlos en conocimiento del Juzgado de Instrucción, al tiempo que solicitaba la destitución del gobernador civil Adolfo Ruiz Gutiérrez por su actuación en el tema.
Continuará…
Corpus Ruiz Fernández
