Hace meses pudimos ver, a través de los distintos medios de comunicación y de las redes sociales, numerosos comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo en el llamado “caso de las mascarillas”. La corrupción política regresó entonces al centro del debate público. El exministro José Luis Ábalos fue condenado a más de veinte años de prisión y su asesor, Koldo García, a diecinueve años de cárcel. Pero lo que quizá más llamó la atención de la opinión pública fue que el empresario Víctor de Aldama, pese a su implicación, evitara la entrada en prisión al colaborar con la justicia. Durante días, titulares, debates y reacciones en redes sociales insistieron en una misma idea: resulta difícil aceptar que alguien que ha participado en una trama de corrupción pueda eludir la cárcel por el hecho de cooperar. Además, según la sentencia, Aldama no está obligado a restituir las cantidades obtenidas ilícitamente, circunstancia que ha contribuido aún más al debate público sobre el alcance de los beneficios otorgados a quienes colaboran con la justicia.
Una vez abierto el tema de la corrupción, dejemos el caso particular en segundo plano y entremos en algo más profundo: ¿dónde comienza realmente la corrupción? Tendemos a identificarla con el dinero, el abuso de poder o las irregularidades administrativas. Pero la corrupción económica no surge de la nada. Antes de materializarse en comisiones ilegales o contratos amañados, ha debido producirse algo más serio, más silencioso y decisivo: una corrupción moral. Porque la corrupción no es sólo un fallo del sistema, sino que la raíz está en la persona, en su conciencia moral.
Recordé esto al rememorar mis tiempos en el servicio militar. En el supermercado del cuartel veía con frecuencia cómo muchos compañeros se metían latas de sardinas y otros productos en los pantalones para luego, al pasar por caja, pagar únicamente la barra de pan. Nadie se escandalizaba; era una conducta asumida. Allí comprendí cómo germina la corrupción: no nace de forma repentina en un despacho oficial, sino en esa primera pequeña concesión cotidiana donde la conciencia individual se adormece y decide que lo incorrecto es aceptable porque «todos lo hacen».
Y es aquí donde una verdad incómoda, que actualmente no es admitida por la mayoría de la sociedad, aparece como luz que puede guiar al individuo durante su vida. Me refiero a la ley natural. Sí, a la convicción de que previamente a la ley positiva existen unas verdades morales objetivas que hay que tener en cuenta. El bien y el mal no dependen de la opinión de la mayoría.
La ley natural establece que ciertos actos son injustos en sí mismos, aunque nadie los descubra e incluso aunque estén amparados por la ley positiva. Y un político que asuma esta visión tendrá en su conciencia unos límites que no puede cruzar en ninguna circunstancia. Lo voy a decir claro: la ley natural es el mayor freno posible frente a la corrupción. Esto no quiere decir que un católico, por el hecho de creer en la ley natural, sea infalible. Pero sí tiene más difícil corromperse, porque debe enfrentarse a su propia conciencia. Lo que acabo de decir podríamos extenderlo a cualquier persona —creyente o no— que reconozca la existencia de una ley moral objetiva. Porque, en el fondo, la mayor barrera frente a la corrupción no está en las normas ni en los controles, sino en la convicción interior de que hay límites que no pueden cruzarse en ninguna circunstancia.
Cuando desaparece la referencia a un bien y un mal objetivos, todo es negociable y la corrupción de los políticos incluso es aceptada por los que los votan.
Esta decisión judicial nos obligó a hacernos preguntas como ésta: ¿es suficiente colaborar con la justicia para evitar la prisión? ¿Debe existir, además, arrepentimiento real y restitución de lo robado? Tal vez la respuesta dependa de algo más profundo: de si entendemos la justicia como un simple acuerdo práctico o como la restitución de un orden moral que no puede ser negociado. Y aquí surge, nuevamente, la ley natural: una sociedad no se define por las leyes que aprueba, sino por una idea de justicia que está dispuesta a defender. Yo no puedo entrar en la conciencia de Aldama.
Pocos días después de conocerse la sentencia, un jesuita publicó un tuit en su cuenta diciendo que este hombre estaba usando símbolos religiosos —llevaba una cruz puesta en el pecho en el programa Horizonte— para hacer promoción televisiva. Yo también estaba viendo Horizonte, a la vez que navegaba por X —anteriormente Twitter— y vi su mensaje. Mi respuesta fue directa: Juzgar esa cruz en la solapa como un acto de cinismo mediático ignora el misterio del corazón humano: podría ser el inicio honesto de una conversión auténtica, un arrepentimiento real y un deseo profundo de enmienda que sólo a Dios corresponde juzgar. Al día siguiente, por la mañana, comprobé que este jesuita había hecho clic en Me gusta de ese mensaje mío, a la vez que borraba su tuit original.
Y ahí es donde todo vuelve al mismo punto de partida: la conciencia. Porque la corrupción no empieza cuando se roba, sino cuando se deja de reconocer que robar está mal. Y más heroico sería que los condenados por la justicia, sin eludir sus responsabilidades ni sus penas, vieran esa luz a la que se refirió el papa León XIV en su discurso en el Congreso de los Diputados —el 8 de junio de 2026— y comenzaran a colaborar en la búsqueda de la verdad. Esto puede ser un signo de que algo ha cambiado en el interior de esas personas: el comienzo de una reforma de su conciencia, que ayudaría también a la sociedad. De lo contrario, todo quedaría reducido a gestos y aplausos sin la correspondiente rectificación de los propios actos, que es, en el fondo, la esencia misma de la hipocresía política.
Corpus Ruiz Fernández
