Hay imágenes que deberían avergonzar a cualquier Gobierno.
Militares españoles obligados a abandonar un vehículo después de ser atacados con piedras y palos. Una ciudad sometida a una tensión creciente. Vecinos enfrentándose por el reparto de alimentos. Chabolas incendiadas. Y una Fiscalía que confirma al menos 16 agresiones sexuales.
Y ante todo esto, ¿qué hace el Gobierno?
Se reúne. Delibera. Comparece. Se contradice. Y vuelve a reunirse. Pero no resuelve.
El problema de Ceuta no es solamente la inmigración. El problema de Ceuta es que la autoridad del Estado está siendo puesta a prueba y el Gobierno está ofreciendo una respuesta que parece llegar siempre después de los acontecimientos.
Primero dijeron que la crisis estaba prácticamente controlada. Ahora explican que una situación así no se arregla en un día. Claro que no.
Pero gobernar consiste precisamente en anticiparse al desastre, no en explicar después por qué el desastre era difícil de evitar.
Lo verdaderamente intolerable es que nuestros soldados tengan que enfrentarse a una agresión sin contar con medios suficientes para protegerse. Lo verdaderamente intolerable es que los ceutíes tengan la sensación de estar solos. Y lo verdaderamente peligroso es que la frustración termine empujando a algunos ciudadanos hacia la violencia.
Porque cuando el Estado retrocede, alguien ocupa el espacio. Y ese alguien siempre es el caos.
Tampoco sirve esconderse detrás de la palabra “migración” para evitar las preguntas incómodas.
¿Quién controla la frontera? ¿Quién decide quién entra? ¿Quién garantiza la seguridad? ¿Quién responde ante los delitos? ¿Quién protege a los menores? ¿Quién devuelve a quienes legalmente deban ser devueltos? ¿Quién asume las consecuencias?
El Gobierno tiene la obligación de responder. Y no con propaganda. Con hechos.
La situación de los menores no acompañados demuestra, además, hasta qué punto el Ejecutivo y las comunidades autónomas están atrapados en una disputa política mientras Ceuta soporta la presión en primera línea. Hubo acuerdo para una ayuda de 25 millones de euros, pero no para resolver el reparto territorial.
Esto es sencillamente inadmisible.
España no puede convertir a Ceuta en el aparcamiento permanente de todos sus problemas migratorios. Y tampoco puede permitir que la política migratoria se decida a golpe de improvisación, titulares y enfrentamientos partidistas.
Un país serio controla sus fronteras. Un Estado serio protege a sus militares. Un Gobierno serio protege a sus ciudadanos. Lo demás son excusas.
Y mientras el Gobierno discute, Ceuta paga. Paga con miedo. Paga con tensión. Paga con inseguridad. Paga con incertidumbre. Y paga, sobre todo, con la sensación devastadora de que Madrid está demasiado lejos cuando las cosas se ponen realmente feas.
Ya está bien.
Ceuta no necesita ministros explicando por qué no sabían lo que estaba pasando. No necesita discursos tranquilizadores. No necesita promesas de que “cuanto antes” se solucionará. Necesita que el Estado vuelva a hacerse respetar.
Con inteligencia. Con autoridad. Con policías y militares suficientemente protegidos. Con una política migratoria clara. Con fronteras controladas. Con persecución del delito. Y con responsabilidades políticas cuando alguien falla.
Porque lo que está ocurriendo en Ceuta debería servir de advertencia a toda España. Una frontera no puede defenderse desde un despacho. La autoridad no se recupera con ruedas de prensa. Y el Estado no puede aparecer únicamente cuando las cámaras están encendidas.
Si quienes tienen que mandar no mandan, alguien acabará ocupando su lugar. Y ese día ya no estaremos hablando de una crisis en Ceuta. Estaremos hablando de una crisis de España.
Porque la pregunta ya no es cuántas personas han conseguido atravesar una frontera. La pregunta es mucho más brutal:
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un Estado cuando sus ciudadanos empiezan a creer que el Estado ya no es capaz de protegerlos?
Manuel García Sánchez
