Han pasado 116 años desde que un 23 de septiembre de 1913 se promulgara la “Ley Palacios”, la primera ley en el mundo que defendía los derechos de las víctimas de delitos sexuales y la esclavitud.
Para conmemorar este hito, ayer celebrábamos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas pues aun hoy es necesario reivindicar y denunciar estas dos tristes realidades que están íntimamente relacionadas entre sí, y que suponen la principal forma de esclavitud de nuestro tiempo. Un problema mundial que degrada los derechos humanos y atenta contra la dignidad de las personas.
Según Naciones Unidas, 9 de cada 10 mujeres que ejercen la prostitución son mujeres traficadas. Por otro lado, el Parlamento Europeo estima que la prostitución mueve 160.000 millones de euros al año en todo el mundo. De los cuáles España se queda con el 14%, con una cifra de 22.800 millones. Nuestro país es uno de los principales lugares de destino de las víctimas de la explotación sexual. Alrededor de 100.000 mujeres y niñas entran cada año procedentes de diferentes países de nuestro continente amenazadas y obligadas a ejercer la prostitución pues de no hacerlo, sus familias pagarán las consecuencias en sus países de origen.
Estamos por tanto ante una de las formas de violencia contra las mujeres más extendidas y aceptadas a nivel social, que ha provocado un sentimiento de preocupación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al observar en su trabajo diario que cada vez más chicos jóvenes pagan por sexo. Han adoptado la prostitución como una forma más de ocio, o como algo habitual en fiestas privadas o despedidas de soltero. No son conscientes de que están siendo cómplices de una vulneración de los derechos humanos y de las redes criminales que engañan, secuestran, humillan y maltratan a estas mujeres.
Hoy más que nunca es necesario hacer un llamamiento al Gobierno para que promueva una Ley Integral contra la trata y la explotación sexual que regule pero al mismo tiempo conciencie, y persiga acabar con la visión normalizada que muchas personas tienen en torno al consumo de estos servicios. Y además cuente con el asesoramiento y el consenso de las organizaciones no gubernamentales que trabajan día a día por salvar a las mujeres y niñas de la trata y la explotación sexual. Un trabajo loable que he podido conocer a lo largo de mi vida parlamentaria, sobre todo durante mi etapa como presidenta de la Comisión de Igualdad, y que sigo en la actualidad como presidenta Nacional de AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural), que forma parte del Foro Social contra la Trata y que a nivel nacional desarrolla un proyecto dirigido a las mujeres que sufren violencia.
Esta Ley Integral contra la trata y la explotación sexual tiene que garantizar la asistencia y la seguridad de las víctimas, pues el miedo es la causa principal de que la gran mayoría no se atreva a denunciar su situación y que comprometa a toda la sociedad para que ayude a estas mujeres a coger las riendas de sus vidas, a recuperar la esperanza en un futuro mejor, en libertad, sin coacciones y sin ser explotadas.
Hay trata porque existe la prostitución. No permitas que más mujeres sigan esclavizadas. No seas cómplice.
Carmen Quintanilla Barba
Presidenta Nacional de AFAMMER
Senadora electa del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real
