El filósofo español George Santayana tiene una frase célebre que describe bastante bien la relación del pasado con el presente. Es la siguiente: quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Nos advertía frente a la manipulación de los sucesos del ayer, sobre todo por ciertos ámbitos de poder, que origina una total desinformación en la comunidad en la que vivimos. Entender lo que ha sucedido ayuda a comprender mejor lo que sucede en el día de hoy. Aplicando este, digamos, principio a nuestra reciente historia contemporánea, la Ilustración —considerada por muchos como un gran salto positivo en la convivencia entre las personas— no es tan buena como nos dicen. Fue un movimiento filosófico que elevó a la Razón a la categoría de guía suprema, sustituyendo al Dios cristiano. Encontró en la masonería su principal laboratorio de ingeniería social para diseñar un nuevo modelo de sociedad: es el Estado quien debía diseñar lo moral e inmoralmente aceptable, apartando a la Iglesia católica del papel que había desempeñado, hasta esos momentos, durante muchos siglos.
Lo políticamente correcto es afirmar que la Revolución Francesa —con su libertad, igualdad y fraternidad— supuso un avance en la vida del ser humano. Lo que ya es menos habitual escuchar es decir que este nuevo sistema, a los pocos años de su establecimiento, llevó a cabo lo que varios historiadores consideran el primer genocidio de la Edad Moderna: exterminio y aniquilación de los católicos, aplicando leyes dirigidas a la eliminación de estos contrarrevolucionarios. Estoy hablando de la Guerra de la Vendée. El jacobinismo quiso descristianizar Francia, estableciendo el culto a la diosa Razón y persiguiendo a quienes no aceptaron el nuevo orden establecido. Esta guerra fue un gran levantamiento popular de campesinos que, al igual que décadas después llevaron a cabo los cristeros mexicanos, tomaron las armas para proteger sus altares, sus tradiciones y su modo de vida frente a un estado centralista y laicista.
Este nuevo liberalismo surgido de la Revolución Francesa fue el que invadió España a inicios del siglo XIX imponiendo un rey: José I. A la misma vez, la masonería ejerció una influencia indirecta e intelectual en la independencia de los virreinatos: difundiendo ideas ilustradas y liberales. Líderes como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín o Bernardo O’Higgins, masones todos ellos, luchaban porque la Iglesia perdiera su influencia pública. El objetivo era claro: sustituir el catolicismo por un nuevo orden republicano que moldease al ciudadano y le quitase sus referencias trascendentales.
Esta misma táctica fue practicada en México, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, que practicó al pie de la letra las políticas laicistas más radicales. Su objetivo era aplicar y endurecer los artículos anticlericales de la Constitución de 1917, para que la Iglesia estuviese sometida al Estado. La ley Calles restringía quién podía ser sacerdote, establecía una educación totalmente laica —incluso en escuelas privadas—, prohibía a sacerdotes dirigir o fundar escuelas, disolvió los monasterios y conventos o limitaba el número de sacerdotes. Buscaba someter el culto a la autoridad civil, quitar influencia social y educativa a la Iglesia y controlar al clero. Las consecuencias inmediatas de su aplicación fueron la suspensión pública del culto y el inicio de la Guerra Cristera (1926-1929). El grito de ¡Viva Cristo Rey! resonó como respuesta de un pueblo que se negaba a renunciar a su identidad.
Dos años después de terminado este conflicto, España vivió un proceso análogo. La Segunda República nació también con el propósito de romper con la tradición católica, como evidencian las leyes contra las órdenes religiosas y un discurso que presentaba la fe como un obstáculo para el progreso. Es famosa la frase de Manuel Azaña de ”España ha dejado de ser católica” y, cómo no, los incendios de conventos e iglesias que tuvieron lugar en mayo de 1931, a los pocos meses de iniciado este nuevo cambio de régimen. Lo mismo ocurrió durante la Guerra Civil.
Hoy, en la España de 2026, la batalla ya no se libra con fusiles, sino en el Boletín Oficial del Estado y en iniciativas de varias organizaciones que piden eliminar la asignatura de Religión y derogar los acuerdos con la Santa Sede —según informaron diversos medios nacionales hace unos días—. La presión por relegar la fe al ámbito privado está más vigente que nunca. Bajo una apariencia de neutralidad, el creyente es empujado a una forma de esquizofrenia social: se le permite creer, pero se le dificulta expresar sus convicciones en la vida pública, en la educación de sus hijos o en el debate político. La intención es clara: igual que con la Ley Calles, se pretende que la religión quede confinada al ámbito estrictamente privado. De ese modo, el discurso dominante del Estado queda libre de ser cuestionado. Desde la guillotina hasta las actuales leyes de ingeniería social —impulsadas desde estructuras supranacionales— el hilo conductor parece el mismo: la aspiración del poder temporal a ocupar el lugar de lo sagrado.
El análisis de la historia tal y como ocurrió, apoyado en hechos y procesos verificables, acercan a la verdad y no a la ideología. Por eso no sirve recurrir a fines propagandísticos, como el llamado contubernio judeo-masónico, que no explica nada y lo que hace es enturbiar el debate. Para comprender lo que pasó —en la Revolución Francesa, en las independencias de los virreinatos, en la ley Calles y de la Segunda República— necesitamos rigor, no etiquetas que desvíen la atención de la realidad histórica.
Corpus Ruiz Fernández
