En Bayona, la abdicación de Fernando VII y la intervención napoleónica llevaron a que en España se produjera un vacío de poder inédito. Para hacer frente a esta situación surgieron por todo el territorio juntas locales y provinciales, cuyos componentes asumieron el gobierno en nombre del rey cautivo y organizaron la resistencia frente a los franceses. Sin embargo, la falta de coordinación entre ellas condujo a la creación, en septiembre de 1808, de la Junta Suprema Central, concebida como un órgano superior encargado de dirigir y coordinar la actuación de estas juntas y de representar la soberanía nacional en nombre de Fernando VII.
En este contexto se sitúa la Junta de Gobierno de la ciudad de Almagro, que ejerció el poder en dicha localidad. Estaba integrada por Carlos D’Angeville —caballero de la Orden de Calatrava, gobernador militar y político de la ciudad y presidente de la Junta—; fray Juan Nepomuceno Aldrete —del hábito de Calatrava e interino de la parroquia de San Bartolomé—; fray Antonio José Solís —del mismo hábito y prior de la iglesia de la Madre de Dios—; el reverendo padre fray Fernando González Vizcaíno —prior del convento de Santo Domingo—; el reverendo padre fray Justo del Espíritu Santo —rector del colegio de San Agustín—; fray Ángel Moreno; Luis María Calero —administrador de rentas—; Benito María de Ciria —capitán retirado y marqués de Añavete—; Félix González Vizcaíno —abogado de los Reales Consejos—; Pedro de Alcántara Osorio —caballero de la Orden de Calatrava—; Pedro López del Hoyo, Pablo López del Hoyo y Francisco Alejandro de Chaves —regidores perpetuos del ayuntamiento de la ciudad—.
En el Archivo Histórico Nacional (AHN) hay un documento, con el título de Reconocimiento de la Junta Central por las autoridades del reino, que recoge el reconocimiento oficial de la Junta Suprema Central por parte de la Junta de Gobierno de Almagro, fechado el 10 de octubre de 1808. En él puede leerse cómo ésta manifiesta su satisfacción ante la creación de ese “cuerpo superior gubernativo del reino”, al que considera necesario para restablecer el orden y poner fin a la situación de incertidumbre y descoordinación existente hasta ese momento.
Por tanto, considera a la Junta Central como la autoridad legítima, con capacidad para dirigir la lucha contra los franceses y garantizar la defensa de España y la religión católica. También destaca la fidelidad a Fernando VII, considerado como el rey legítimo, y su objetivo principal: la restauración de la corona en su nombre.
No había pasado ni un mes de este reconocimiento cuando tuvo continuidad con un acto simbólico y político en la propia ciudad. Así lo confirma otro documento, conservado en el AHN y fechado el 5 de noviembre de 1808, en el que se puede leer el acto solemne que la Junta de Gobierno de Almagro celebró con motivo del descubrimiento de un retrato de Fernando VII en las Casas Consistoriales.
En dicha ceremonia, en la que participaron todos los miembros de la Junta, se afirmó tajante y públicamente, la lealtad al monarca cautivo mediante el descubrimiento de un cuadro con su imagen. Fue acompañada de aclamaciones, repiques de campanas en todas las iglesias y conventos, salvas militares y celebraciones populares. Fue un acto no sólo festivo sino también profundamente político, ya que incluyó un solemne juramento de fidelidad al rey, la defensa de la religión católica y la patria. Lo realizaron todos los integrantes de la Junta de Gobierno.
Tras el descubrimiento del cuadro, fray Justo del Espíritu Santo pronunció un discurso relevante. Tomó la palabra en nombre de la Junta y ensalzó la figura de Fernando VII como legítimo rey de España, contraponiéndolo con Napoleón y su hermano José, que los presentó como usurpadores tiránicos. Asimismo, apeló al patriotismo y a la religiosidad e hizo hincapié en la gran resistencia que los habitantes del Campo de Calatrava estaban haciendo contra los franceses.
De ahí que el acto reafirmara no sólo la adhesión a la Junta Central, previamente reconocida, sino también el compromiso político e ideológico de los almagreños con la causa fernandina.
Pero esta lealtad a la causa fernandina, que en los primeros momentos era estable y unánime —o, al menos, así parecía— se vio rota apenas unos días después del descubrimiento del cuadro. En diciembre de 1808, es la propia Junta de Gobierno quien atraviesa una grave crisis interna, como puede comprobarse en un expediente que se conserva en el AHN. En dicho documento puede leerse que tras movimientos de reacción del pueblo —por falta de confianza— la Junta tomó la decisión de destituir a su presidente, Carlos D’Angeville, por el canónigo Juan Álvarez de la Caballería. Dicha orden fue a petición popular. Pero la Junta tuvo que ir a más, ya que no sólo bastó con tal decisión. Debido a la fuerte tensión social, hasta el punto de llegar a temer por la vida del ex presidente de la Junta, obligó a ésta a ordenar su traslado fuera de la ciudad: Sevilla, donde fue arrestado. Con esta acción lo ponía a disposición de la Junta Suprema Central. Para ello se dispuso su conducción en coche, con la decencia y custodia necesarias, siendo encargados de la comisión Diego de Mora y otros cuatro vecinos de la ciudad, quienes debían escoltarlo y presentarlo ante la Junta Central junto con la correspondiente representación.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto que, pese a la lealtad proclamada hacia Fernando VII y la Junta Central, las juntas locales no estuvieron exentas de conflictos internos, presiones populares y luchas por el poder, reflejando la complejidad y fragilidad del sistema político surgido en España durante la Guerra de la Independencia.
Por lo visto en los primeros momentos de la Junta de Gobierno —marcados por tensiones internas, desconfianzas y luchas por el control del poder—, cabe pensar que la aparente unidad fernandina no era tan sólida como se proclamaba. En este contexto, no puede descartarse la circulación de ideas afrancesadas y de corrientes vinculadas a la masonería, cuya expansión en la España de la época generó suspicacias, denuncias y procesos. Figuras como Carlos D’Angeville participaron de tales redes, siendo Almagro y Manzanares lugares no ajenos a este fenómeno. Algunos de sus vecinos se vieron envueltos, con mayor o menor fundamento, en sospechas relacionadas con estas corrientes ideológicas. Entre estos casos destaca el del cura de Almagro Tomás Hornero, que acabó perteneciendo a la masonería en un momento especialmente convulso. Su historia será objeto de un próximo artículo.
Corpus Ruiz Fernández
