Cuando los piquetes dejan de informar y empiezan a intimidar, el sindicalismo pierde toda autoridad moral. La violencia, las amenazas y el vandalismo no defienden los derechos de los trabajadores: pisotean los de todos los ciudadanos.
Hay líneas que una democracia no puede permitirse cruzar. Y una de ellas es confundir el derecho a la huelga con el supuesto derecho a imponerla por la fuerza. Lo sucedido este 11 de noviembre en las calles de nuestras ciudades constituye una imagen profundamente preocupante de hasta dónde puede llegar la degradación de una protesta cuando quienes deberían defender los derechos de los trabajadores terminan pisoteando los derechos de los demás.
Llamémoslo por su nombre: coacción, intimidación y vandalismo. Porque resulta obsceno seguir escondiendo determinadas conductas bajo el eufemismo de «piquetes informativos». ¿Informativos? ¿Desde cuándo lanzar objetos, agredir a las fuerzas de seguridad, destrozar escaparates, amenazar a comerciantes o impedir por la fuerza que alguien abra su negocio constituye una actividad informativa? No hay información en la amenaza, ni conciencia social en el destrozo, ni reivindicación laboral en la agresión. Hay matonismo. Y hay una preocupante exhibición de intolerancia.
Una huelga es un derecho constitucional. Pero no es una obligación colectiva, ni una imposición sindical, ni una licencia para secuestrar la libertad ajena. Quien decide secundarla ejerce legítimamente su derecho. Quien decide trabajar también. Y ambas decisiones merecen exactamente el mismo respeto y protección. La libertad sindical no puede convertirse en una dictadura de la calle.
¿Qué culpa tiene el pequeño comerciante que levanta cada mañana la persiana para pagar sus facturas? ¿Qué responsabilidad tiene el autónomo que depende de cada jornada de actividad para sostener su negocio y llevar un sueldo a casa? ¿Qué derecho asiste a quienes pretenden decidir, mediante amenazas y destrozos, quién puede trabajar y quién debe cerrar?
Ninguno.
Atacar un bar, destrozar la cristalera de una tienda, bloquear un mercado o intimidar a quienes no comparten una convocatoria de huelga no es defender a la clase trabajadora. Es atacar precisamente a una parte de esa misma clase trabajadora. Porque detrás de cada pequeño establecimiento hay familias, trabajadores, autónomos y personas que no tienen detrás grandes estructuras empresariales ni recursos para soportar pérdidas provocadas por la violencia de otros.
Y hay algo todavía más grave: la agresividad contra las fuerzas de seguridad. Policías que tienen que enfrentarse a situaciones de tensión, lanzamiento de objetos y agresiones mientras intentan garantizar el orden público y proteger los derechos de todos. Resulta intolerable que quienes están obligados a preservar la convivencia terminen siendo objetivo de quienes confunden la protesta con la impunidad.
Una reivindicación justa no necesita piedras, amenazas ni escaparates rotos. Si necesita intimidar para conseguir adhesiones, quizá el problema no esté en quienes se niegan a secundarla, sino en quienes han olvidado que convencer es muy distinto de imponer.
Y conviene decirlo sin complejos: los sindicatos tienen un papel fundamental en una sociedad democrática. La defensa de los salarios, de las condiciones laborales, de la seguridad en el trabajo y de los derechos sociales merece respeto. Pero ese respeto no es incondicional ni constituye un cheque en blanco. Ninguna sigla, ninguna bandera y ninguna reivindicación pueden servir de coartada para justificar comportamientos violentos.
El sindicalismo que necesita amedrentar para hacerse escuchar ha fracasado en su principal cometido. El que permite, ampara o justifica los excesos de sus piquetes termina convirtiéndose en parte del problema. Porque la autoridad moral no se obtiene gritando más fuerte, bloqueando calles o sembrando el miedo. Se conquista con argumentos, responsabilidad y respeto a las libertades individuales.
Tampoco podemos aceptar esa peligrosa doble vara de medir que condena la violencia cuando procede de unos y busca justificaciones cuando la protagonizan otros. La violencia no tiene ideología que la absuelva. Una agresión es una agresión, un destrozo es un destrozo y una amenaza es una amenaza, independientemente de quién la cometa o de la bandera que exhiba.
España no puede acostumbrarse a que cada jornada de protesta termine convertida en un escenario de enfrentamientos, contenedores destrozados, comercios amenazados y ciudadanos obligados a elegir entre obedecer a un piquete o exponerse a sus represalias. Eso no es normalidad democrática. Es una amenaza directa a la convivencia.
Las instituciones tienen la obligación de actuar. La policía debe disponer de los medios necesarios para garantizar la seguridad y los tribunales deben aplicar la ley a quienes hayan cometido delitos, con todas las garantías y sin arbitrariedades. Ni impunidad para los violentos ni criminalización de quienes ejercen pacíficamente su derecho a protestar.
Porque una cosa debe quedar meridianamente clara: la huelga es un derecho, trabajar también lo es y la violencia nunca será un derecho.
Y si alguien necesita romper una luna, lanzar una piedra o amenazar a un trabajador para demostrar la fuerza de su reivindicación, lo que realmente está demostrando es la debilidad de sus argumentos.
La libertad no se negocia en un piquete, la convivencia no se impone a pedradas y los derechos de los ciudadanos no están a disposición de ninguna organización sindical.
Vicente Galiano M.
