Paralelamente comenzaron a aparecer en las páginas de El Pueblo Manchego numerosos comunicados y declaraciones de los distintos protagonistas de la crisis. Lejos de aclarar lo sucedido, aquellas versiones acabaron convirtiéndose en un auténtico cruce de acusaciones en el que prácticamente nadie parecía dispuesto a asumir la responsabilidad última de las corridas. Ricardo Vega quiso dejar claro que ni él ni Fermín Corral tenían relación con la empresa taurina. Que vendieron las entradas sólo por compañerismo hacia Alfonso Buitrago, que el dinero recaudado había sido llevado al Gobierno Civil y que las devoluciones efectuadas al público, tras la suspensión de la corrida, se realizaron con fondos entregados desde dicha dependencia oficial. Vega afirmó en su comunicado que, después de la renuncia de Enrique Gómez, la organización de las corridas quedó en manos de la comisión extraoficial de festejos, por lo que él no tenía responsabilidad ninguna en el asunto.
La versión ofrecida por Alfonso Buitrago, dos días después, fue totalmente diferente. Dijo que Enrique Gómez dejó la organización de las corridas tras las pérdidas sufridas en las novilladas precedentes, informando de ello a Joaquín Menchero, quien intentó encontrar una nueva empresa para hacerse cargo de los festejos taurinos y, al no conseguirlo, propuso que fuese la comisión extraoficial de festejos la que asumiera la organización de las corridas. Asimismo, aceptó que su nombre siguiera figurando en los contratos porque confiaba en los miembros de aquella comisión y porque le aseguraron que no respondería si había pérdidas. Insistió en que carecía de capital necesario para actuar como empresario taurino, llegando incluso a definirse como un simple «testaferro». Según su relato, las entradas fueron remitidas al Gobierno Civil para su contrasellado, permaneciendo allí hasta quedar listas para su distribución. Asimismo, afirmó que el dinero obtenido del taquillaje fue intervenido por orden del gobernador y llevado al Gobierno Civil. Por tanto, rechazó convertirse en el único responsable del desastre y sostuvo que las decisiones más importantes habían sido adoptadas con el conocimiento de la comisión extraoficial de festejos.
Las explicaciones de Buitrago no pusieron fin a la polémica. Poco después intervino también el gobernador civil Adolfo Ruiz Gutiérrez, quien defendió su actuación y negó haber dirigido la organización de las corridas. Según explicó, su participación se había limitado a reunir recursos económicos cuando diversas personalidades le hicieron ver que el ayuntamiento carecía de fondos suficientes para organizar los festejos. Para ello constituyó una comisión formada por varios vecinos de la capital, insistiendo en que nunca intervino en la distribución de los fondos ni en la gestión directa de las corridas. Ruiz Gutiérrez sostuvo además que no tuvo conocimiento de la negativa de los toreros a actuar hasta las tres y media de la tarde del día de la suspensión y que, una vez conocido el problema, intentó resolverlo sin éxito. También afirmó que el sello estampado del Gobierno Civil en las localidades no tenía más finalidad que identificar los billetes y garantizar su control.
Estas declaraciones del gobernador fueron contestadas por el alcalde —José Ballester— en una carta enviada a El Pueblo Manchego. Rechazó que el Ayuntamiento hubiera participado en la organización de las corridas de toros o en la administración de los fondos recaudados, afirmando que la corporación municipal era completamente ajena a aquellos espectáculos. También anunció que el ayuntamiento ya había presentado una denuncia ante los tribunales para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades, con el fin de salvaguardar el buen nombre de Ciudad Real.
Manuel Barahona desmiente, en un comunicado enviado a El Pueblo Manchego, la versión de Buitrago, al considerar que fue éste quien se encargó de todo lo relacionado con la contratación: toreros, toros, caballos y demás gastos. Además, afirmó que fue quien designó a los taquilleros —Ricardo Vega y Fermín Corral— y gestionó el dinero obtenido en las taquillas. Esto confirmaría que no era un mero representante, imagen que es la que intentaba ofrecer. Y lo más importante: el origen de la suspensión de la segunda corrida —ocho toros procedentes de la ganadería del duque de Veragua— fue la negativa de los diestros —sobre todo de Sánchez Mejías— a lidiar mientras no percibieran el dinero contratado: a 41.000 pesetas ascendía la cantidad total devengada y no percibida—. Esta situación hizo que él y el jefe de policía pusieran los hechos en conocimiento del Gobierno Civil. Por último, desligó a la comisión de festejos de su implicación en lo ocurrido, al no haber actuado como empresa taurina, acusando a Buitrago de intentar repartir responsabilidades. Otros componentes de la comisión de festejos, como Eduardo Campos y Luis Muñoz de Morales, admitieron lo dicho por Barahona. Ambos afirmaron haber tenido un papel pasivo dentro de la comisión y consideraron necesaria una investigación judicial para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades.
Pero estas declaraciones no respondían a la pregunta que la prensa local y muchos ciudadanos comenzaron a hacerse desde que se produjo la suspensión de la corrida: ¿dónde está el dinero? El asesor Joaquín Menchero decidió entonces intervenir públicamente. En un comunicado publicado en El Pueblo Manchego, afirmaba que Alfonso Buitrago había confeccionado los billetes, vendido las localidades, cobrado su importe y contratado los diversos servicios relacionados con las corridas. Y recordó que los diestros seguían sin cobrar, que existían deudas con varios proveedores y que no había dinero para devolver el importe de las entradas a todos los espectadores que las compraron. Por último, consideró que la recaudación obtenida por la venta de localidades había sido importante, preguntándose dónde estaba ese dinero.
El diputado provincial y presidente del Casino de Ciudad Real, Bernardo Mulleras García, negó haber participado como empresario de las corridas, afirmando que el 8 de agosto entregó a Buitrago 24.700 pesetas —14.000 pesetas procedentes del Casino de Ciudad Real, 3.500 pesetas del Ayuntamiento de la capital y 7.200 de diversos casinos de la provincia—. Estos hechos, aseguró, demostraban que no había actuado como empresario taurino, pues, según afirmó, de haberlo sido «en vez de subvencionar habría sido subvencionado».
A la vez que la controversia ocupaba las páginas de El Pueblo Manchego y de Vida Manchega, el gobernador Adolfo Ruiz Gutiérrez presentó su dimisión, delegando el mando en el presidente de la Audiencia Provincial, que fue interpretada como consecuencia del desastre de la feria.
Las consecuencias del escándalo también llegaron a la Justicia, que comenzó a intervenir para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. La investigación quedó bajo la dirección del juez de instrucción Agustín Bullón. Éste llamó a declarar a Alfonso Buitrago, Joaquín Menchero —asesor de la empresa surgida tras la retirada de Enrique Gómez—, los integrantes de la comisión extraoficial de festejos y diversos periodistas que habían informado sobre el tema, como Enrique Pedrada de Vida Manchega. La intervención de profesionales de la prensa demuestra hasta qué punto las noticias, denuncias y declaraciones publicadas en los periódicos se habían convertido en una pieza fundamental para reconstruir lo sucedido durante aquellos días. La investigación comenzó prestando especial atención a las localidades puestas a la venta y el 25 de agosto la Guardia Civil registró varios domicilios por orden del juez, con el objetivo de localizar los talonarios utilizados para la venta de entradas. El resultado fue revelador: sólo se encontraron las matrices correspondientes a la primera corrida. El propio juez Bullón insertó un mensaje publicitario en la prensa local haciendo un llamamiento público para que todas las personas que hubieran adquirido localidades para la corrida suspendida comparecieran ante el juzgado provistas de sus entradas. Como se puede deducir, la finalidad de esta acción era examinar los billetes aún conservados por los espectadores y cotejarlos con la documentación disponible. El Pueblo Manchego sugirió que la instrucción judicial tenía como objetivo averiguar si se habían expedido más localidades de las que permitía el aforo de la plaza. Por ello, la investigación no giró sólo en torno al impago a los toreros como causa de la suspensión, sino también el número real de billetes emitidos y el destino de la recaudación obtenida. Paralelamente a la investigación judicial, la Asociación de Toreros consiguió el embargo de las cantidades que debía reintegrar el duque de Veragua por los toros no lidiados y mantuvo el veto sobre la plaza de Ciudad Real mientras no se abonaran las cantidades adeudadas a matadores y cuadrillas.
Las páginas de El Pueblo Manchego y Vida Manchega han permitido reconstruir con bastante detalle el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, no he logrado localizar en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real el expediente instruido por el juez Agustín Bullón. La ausencia de esa documentación impide conocer cómo concluyó realmente la investigación y qué responsabilidades llegaron finalmente a depurarse. Buitrago se declaró un simple «testaferro»; Menchero preguntó insistentemente dónde estaba el dinero; Barahona sostuvo que el verdadero empresario era quien había contratado toros y toreros; el gobernador defendió su actuación; el ayuntamiento denunció la venta de una «falsa mercancía» amparada por un sello oficial.
Hubo protestas populares, investigación judicial, acusaciones cruzadas, reclamaciones económicas, la apertura de un sumario y la caída del gobernador civil de la provincia. Lo que había comenzado como un debate sobre la conveniencia de celebrar festejos taurinos tras el desastre de Annual terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de la historia contemporánea de Ciudad Real. Quizá por ello, más de cien años después, el llamado affaire de las corridas sigue siendo recordado no por lo ocurrido en el ruedo, sino por todo lo sucedido fuera de él.
Una de las incógnitas más llamativas del caso surge a raíz de una afirmación realizada por el propio Alfonso Buitrago, cuando se definió como un simple «testaferro». Nunca aclaró a la prensa, sin embargo, de quién lo era. Yo tengo una opinión al respecto, pero prefiero no decirla por no convertirla en una afirmación que no aparece en las fuentes consultadas. Con los datos aportados a lo largo de estas dos partes en que he dividido esta historia, reto al lector a pensar quién pudo estar realmente detrás de aquel supuesto «testaferro».
Para conocer los antecedentes y el origen del llamado «affaire de las corridas», puede leer la primera parte de esta investigación aquí: PRIMERA PARTE
Corpus Ruiz Fernández
