La expulsión de los jesuitas en 1767 por Carlos III tuvo sus consecuencias en Daimiel, donde existía el denominado Colegio del Dulce Nombre de Jesús. Aunque la documentación conservada sobre esta institución es escasa, los cronistas la sitúan en funcionamiento desde el siglo XVII y la describen como una pequeña casa jesuita que contaba con algunas propiedades en las afueras de la villa. En el momento de la expulsión mantenía al menos un maestro de Gramática, lo que evidencia el papel que desempeñaba en la instrucción de la juventud daimieleña. Su desaparición dejó un vacío notable en la vida religiosa y educativa de la población. Por tanto, la vida religiosa se empobreció, quedando sólo una pequeña comunidad de ocho carmelitas descalzos, residiendo extramuros de la villa: eran pocos los niños que aprendían en la escuela primaria y los sermones se reducían a dos semanales, durante los tiempos de Cuaresma y Adviento. En el tiempo restante, la predicación y la enseñanza doctrinal eran escasas, por no decir casi inexistentes.
Esta situación llevó a Patricio Sánchez Montañés —clérigo de menores—, Gabriel Sánchez de Archidona —labrador— y Nicolás Rosado Abad —presbítero— a pensar en cómo dar una solución a esta situación, respaldada por la voluntad testamentaria de un familiar que había fallecido años atrás: José Sánchez de Archidona. En su testamento había encargado que, una vez disfrutado el usufructo, lo destinasen a paliar el déficit moral de los daimieleños. Sus herederos pensaron, inicialmente, en fundar una capellanía, pero un acontecimiento inesperado lo transformó todo por completo. Fray José Murillo y fray José Doz, sacerdotes Misioneros de San Vicente de Paúl en el convento de Barbastro, invitados por el Ayuntamiento de Daimiel, llevaron a cabo una misión en Daimiel durante un mes entero. Los resultados de este encargo fueron muy positivos —asistencia numerosa a los sermones, arrepentimientos, confesiones, comuniones— que llevaron a un cese de los escándalos públicos, relaciones ilícitas rotas, reconciliación de matrimonios separados, odios desvanecidos y hombres enfrentados que hicieron las paces de rodillas y entre lágrimas. El cambio en la villa, en lo religioso, había dado un giro de 180 º, lo que animó a Patricio Sánchez Montañés, Gabriel Sánchez de Archidona y Nicolás Rosado Abad a promover el establecimiento de una casa de sacerdote vicencianos, para que se dedicaran a enseñar la doctrina católica durante todo el año. Como es lógico, para llevar a cabo este proyecto, tuvieron que comprometer seriamente su patrimonio: Patricio ofrecía unas casas principales, un molino de aceite y diversas viñas, olivares y tierras en el término de Daimiel —tasados estos bienes en más de ciento ochenta mil reales— reservándose sólo una pensión anual de trescientos ducados para su sustento y el derecho de habitar las casas durante su vida. Además, una vez consolidada su propiedad, cedía sus derechos sobre la quintería de Orozco y otros bienes valorados en más de ciento diez mil reales. Gabriel, por su parte, cedía tierras, viñas, olivar, un par de mulas y diversos efectos, tasados en setenta y cinco mil reales, de los que conservaba el usufructo vitalicio. Nicolás concurría también con los derechos que le correspondían por herencia y disposición testamentaria. Todo ello, según afirmaban en el expediente que enviaron al Real Consejo de Castilla solicitando que viniera a Daimiel los vicencianos, era suficiente para el sostenimiento de seis u ocho sacerdotes de la Congregación de la Misión, sin que a Daimiel le supusiera ningún gravamen.
Los tres solicitantes estimaron que esta solución cumplía de pleno con la voluntad del presbítero José Sánchez de Archidona, ya que permitía llevarse a cabo una acción pastoral continua, ordenada y extensiva no sólo a Daimiel, sino a toda su comarca. Que viniesen los vicencianos a este pueblo fue la alternativa a la fundación de dos simples capellanías, ya que estos estarían disponibles permanentemente para predicar, confesar y ser útiles para el pueblo en cuestiones religiosas. Sin embargo, argumentaban, con dos capellanes seculares quedaría Daimiel limitado en atención religiosa y su acción no trascendería más allá de la propia villa. La presencia de los vicencianos era un remedio a la desaparición de los jesuitas, en un lugar donde escaseaban los medios para la cultura, la instrucción y la santificación del clero.
Es en nombre de sus tres representados por lo que el apoderado José Alejo de la Torre suplicó al Real Consejo de Castilla conceder la licencia necesaria para fundar dicha casa vicenciana en Daimiel, que proporcionaría a Daimiel la vida espiritual intensa que había conocido antes de la expulsión de los jesuitas.
Durante el reinado de Carlos IV, para constituir una casa religiosa o una fundación eclesiástica había que iniciar un procedimiento administrativo en el que participaba el Real Consejo. Ya no era suficiente la iniciativa particular para hacerse efectiva: el Estado había reforzado el control sobre este tipo de proyectos religiosos. Es en este contexto donde se tramita el expediente —entre 1799 y 1801— solicitando la autorización para la fundación y establecimiento de una casa de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl en la villa de Daimiel, perteneciente al arzobispado de Toledo. Su lectura permite detectar con claridad la interacción entre la iniciativa privada, el poder eclesiástico y la administración civil en la España de finales del Antiguo Régimen, siendo la utilidad tanto moral como social uno de los criterios tenidos en cuenta en su valoración.
En el expediente remitido por el apoderado al Consejo se hacía hincapié en que los sacerdotes de esta orden no formaban una orden regular —en sentido estricto— sino que pertenecían al clero secular, estando sometidos directamente a los obispos de la diócesis donde se establecían. Sus reglas, viviendo en comunidad, eran de gran austeridad: no admitían limosnas y se mantenían con sus propias rentas. Esto hacía que no resultaran gravosos para los pueblos. Establecidos sobre todo en medios rurales, llevaban a cabo confesiones generales, conseguían la reconciliación de enemistados, conciliaban a matrimonios separados y, sobre todo, llevaban a cabo una pacificación en la sociedad. Estos rasgos —disciplina, desinterés material y eficacia pastoral— explican que Patricio Sánchez Montañés, Gabriel Sánchez de Archidona y Nicolás Rosado Abad consideraran a los vicencianos el mejor remedio para volver a la situación religiosa de Daimiel en el tiempo de los jesuitas.
El Real Consejo de Castilla, siguiendo el procedimiento habitual, recabó informe de las ciudades y villas con voto en Cortes, entre ellas el Ayuntamiento de Zaragoza. En el verano de 1801, dicho consistorio examinó detenidamente el recurso de los vecinos de Daimiel. Aunque Zaragoza no contaba entonces con una casa vicenciana propia, su Ayuntamiento acreditó sobradamente los frutos que esta congregación producía en otros puntos de la Monarquía, especialmente en el obispado de Barbastro, donde sus misiones habían logrado una notable reforma de costumbres, una sólida formación del clero y un visible arraigo de las máximas de la religión cristiana, todo ello sin gravamen alguno para los pueblos. Recordaba asimismo la experiencia positiva de las misiones realizadas en el arzobispado de Zaragoza por iniciativa del difunto arzobispo Agustín de Lezo y Palomeque, cuyos resultados habían sido ampliamente reconocidos. Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza informó favorablemente la solicitud, considerando que la fundación de una casa de la Congregación de la Misión en Daimiel sería no solo útil al pueblo, sino beneficiosa para toda la comarca y aun para el arzobispado de Toledo, por cuanto de ella cabía esperar un notable arreglo de costumbres, una mayor ilustración del clero y la formación de párrocos mejor instruidos en las obligaciones de su ministerio.
No tengo documentación sobre qué pasó cuando dicho informe del Ayuntamiento de Zaragoza llegó a manos del Consejo, por lo que no puedo afirmar qué resolución tomó definitivamente dicho órgano. Hablando con vecinos de Daimiel, todo indica que el proyecto no llegó a llevarse a cabo, ya que no tienen conocimiento de esa casa de la Congregación de la Misión en Daimiel. Por tanto, hay una gran probabilidad que la licencia nunca llegara a ejecutarse. Tengo claro que en Daimiel una fundación de esta naturaleza difícilmente habría pasado desapercibida y no se habría borrado por completo del recuero colectivo de los daimieleños. El cambio de siglo, la inestabilidad financiera de la época y el estallido de la Guerra de la Independencia en 1808 harían inviable la ejecución de muchas iniciativas, a pesar de haber sido cuidadosamente diseñadas y avaladas por entidades públicas como el Ayuntamiento de Zaragoza, cuya intervención en este expediente se explica por afectar a una congregación ya arraigada en aquella ciudad y con presencia consolidada en su entorno. De ahí que el Real Consejo solicitase su dictamen, aun tratándose de un territorio alejado de la villa de Daimiel.
No he podido localizar documentación que permita conocer qué resolución adoptó finalmente el Real Consejo de Castilla, una vez recibido el informe favorable del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, todo apunta a que la licencia solicitada no llegó a ejecutarse. He mantenido conversaciones con daimieleños que me confirman que no conocen que la comunidad vicenciana se hubiera establecido en su pueblo. Y, por otra parte, resulta significativo que una fundación de esa naturaleza hubiera pasado desapercibida del recuerdo colectivo de los vecinos de Daimiel.
Asimismo, la consulta realizada al archivero del Archivo del Arzobispado de Toledo confirma que no consta la creación de ninguna capellanía a nombre de Patricio Sánchez Montañés, Gabriel Sánchez de Archidona, Nicolás Rosado Abad ni del presbítero José Sánchez de Archidona en fechas posteriores al inicio del expediente. Sí consta, en cambio, una capellanía fundada en 1741 por Francisco Sánchez de Archidona —posible ascendiente del citado José Sánchez de Archidona—. Dato que hace probable la existencia de una tradición familiar de fundaciones piadosas. Al quedar el proyecto paralizado, ninguna de las opciones previstas llegó finalmente a consolidarse desde el punto de vista institucional. No obstante, queda pendiente consultar los fondos del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, en los que podrían localizarse referencias a bienes pertenecientes a memorias, obras pías o capellanías afectados por la política desamortizadora de Manuel Godoy. En consecuencia, esta línea de investigación debe considerarse provisionalmente abierta hasta la revisión de dicha documentación.
La inestabilidad financiera de la Monarquía y, sobre todo, el estallido de la Guerra de la Independencia en 1808 pudo contribuir a frustrar ambas iniciativas. El revés del proyecto no le quita su valor histórico, sino que convierte el expediente en un testimonio de la pretensión de una parte de la sociedad daimieleña, tras la expulsión de los jesuitas: sustituir un modelo de capellanía por otro más estable y con mayor alcance pastoral, que devolviera a la villa el nivel de formación religiosa que tuvo durante la presencia de la Compañía de Jesús.
Corpus Ruiz Fernández
