Los gobiernos no son juzgados por sus discursos. Son juzgados por sus resultados.
Y el resultado de la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez tiene hoy un nombre: Ceuta.
Las imágenes de una frontera desbordada no representan únicamente una crisis migratoria. Representan el fracaso de una política que durante demasiado tiempo ha confundido propaganda con gestión, eslóganes con estrategia y complacencia con autoridad.
Mientras miles de personas entraban de forma irregular en territorio español, el Ejecutivo volvió a hacer aquello en lo que se ha especializado durante toda la legislatura: llegar tarde, minimizar la gravedad de los hechos y buscar responsables en cualquier dirección menos en el espejo.
Pero la realidad tiene una costumbre incómoda: acaba imponiéndose sobre el relato.
Y el relato del Gobierno se ha desplomado.
España no está viviendo una simple incidencia fronteriza. Está asistiendo a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, una situación que ha provocado preocupación en numerosos países europeos y un intenso debate sobre la protección de las fronteras exteriores de la Unión.
Durante años, Pedro Sánchez ha querido proyectar la imagen de un dirigente capaz de liderar Europa. Sin embargo, cuando Europa mira hacia España en busca de respuestas, encuentra una frontera colapsada, una ciudad desbordada y un Gobierno incapaz de ofrecer algo más que explicaciones tardías.
Gobernar no consiste en comparecer ante las cámaras cuando la crisis ya ha estallado.
Gobernar consiste en impedir que ocurra. Y ahí reside el verdadero fracaso.
Porque nadie puede sostener seriamente que una entrada masiva de miles de personas sea consecuencia de un hecho imprevisible. Las tensiones con Marruecos existen desde hace décadas. La utilización de la presión migratoria como instrumento diplomático ya tiene precedentes. Precisamente por eso, la obligación de cualquier Ejecutivo responsable era anticiparse. No esperar a que la frontera cediera para empezar a actuar.
Lo más preocupante no es únicamente lo sucedido. Lo verdaderamente alarmante es la sensación de improvisación permanente.
Cada crisis parece sorprender al Gobierno como si fuera la primera. Cada episodio termina acompañado por el mismo discurso: las mafias, el contexto internacional, los factores externos o la complejidad del fenómeno migratorio.
Todo eso existe. Pero también existe la responsabilidad política. Y esa responsabilidad no desaparece porque existan circunstancias difíciles.
Al contrario. Es precisamente en las situaciones difíciles cuando se mide la capacidad de un Gobierno.
Europa empieza a perder la paciencia. Diversos dirigentes y gobiernos han endurecido su discurso tras la crisis de Ceuta y han reclamado una respuesta mucho más firme para proteger las fronteras exteriores de la Unión.
No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de credibilidad. Sin fronteras controladas no existe política migratoria. Existe únicamente descontrol. Y el descontrol tiene consecuencias. Las sufren los vecinos de Ceuta. Las sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las sufren los servicios públicos.
Y las sufren también quienes llegan engañados por mafias que hacen negocio con la desesperación humana.
Defender las fronteras no es incompatible con defender los derechos humanos. Todo lo contrario.
La primera obligación de un Estado democrático es garantizar el orden para poder proteger después los derechos de todos.
Cuando desaparece el orden, también se resiente la capacidad de ofrecer una respuesta verdaderamente humanitaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber convertido la política migratoria en una sucesión interminable de reacciones improvisadas. Siempre un paso por detrás. Siempre explicando lo que ya ha ocurrido. Nunca evitando que ocurra.
España merece algo mejor. Merece un Gobierno que no confunda la gestión con la comunicación política. Que no espere a que Europa levante la voz para reconocer la gravedad de los acontecimientos. Y que entienda, de una vez por todas, que la defensa de las fronteras no es una concesión a ningún partido político ni a ninguna ideología. Es una obligación constitucional, una responsabilidad europea y una exigencia democrática.
Porque cuando un Gobierno pierde el control de sus fronteras, no solo pierde el control de un territorio. Empieza a perder también la confianza de sus ciudadanos. Y esa confianza, una vez rota, es mucho más difícil de recuperar que cualquier frontera.
Manuel García Sánchez
