La Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará los próximos días 28 y 29 de abril juicio contra el empresario J.F.G.S., residente en Bolaños de Calatrava, acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por la explotación de inmigrantes en el sector agrícola. La causa, que será vista en la Sección Segunda, se ha convertido en uno de los procedimientos más graves en esta materia en la provincia en los últimos años.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado, en su condición de administrador único de la empresa mercantil dedicada a labores agrícolas, habría desarrollado entre enero de 2021 y febrero de 2022 una actividad sistemática basada en la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular, sin autorización para residir ni trabajar en España, omitiendo deliberadamente su alta en la Seguridad Social y evitando formalizar contratos laborales.
La Fiscalía describe condiciones laborales extremadamente precarias y abusivas, en el que al menos once jornaleros extranjeros desempeñaron labores agrícolas en distintas fincas de la provincia de Ciudad Real. Las jornadas, según consta en la acusación, se extendían entre nueve y once horas diarias, sin descanso semanal y con apenas media hora destinada a la comida.
Las retribuciones, lejos de ajustarse a la legalidad vigente, rondaban los 40 euros diarios, cantidades que en ocasiones se reducían aún más tras deducciones por conceptos como transporte o alojamiento. La Fiscalía sostiene que incluso se produjeron impagos prolongados durante semanas o meses, lo que agravaba la situación de dependencia económica de los trabajadores.
El ambiente laboral, siempre según el Ministerio Público, estaba marcado por la presión constante, el miedo y las amenazas. El acusado habría advertido a sus empleados de que no percibirían salario alguno si abandonaban el trabajo, al tiempo que utilizaba su situación administrativa irregular como elemento de coacción para evitar denuncias o inspecciones.
Asimismo, la acusación detalla la existencia de promesas incumplidas por parte del empresario, quien habría ofrecido la regularización administrativa a algunos trabajadores a cambio de dinero o deducciones salariales, compromisos que nunca llegaron a materializarse. A ello se suma el presunto cobro de cantidades adicionales por facilitar el empadronamiento o la obtención de la tarjeta sanitaria.
La Fiscalía considera que estos hechos son plenamente punibles y tipificados en el Código Penal, que sanciona la explotación laboral de trabajadores en situación de vulnerabilidad. Por ello, solicita para el acusado una pena de cuatro años de prisión, así como una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales.
