El Gobierno de España ha aprobado un incremento de la compensación económica que perciben los ciudadanos designados para formar parte de las mesas electorales, elevando la dieta de 70 a 75 euros por jornada electoral. La medida ha quedado recogida en la Orden INT/650/2026, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y será de aplicación a todos los procesos electorales regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), así como a las consultas populares por vía de referéndum contempladas en la normativa vigente.
La nueva regulación establece que percibirán esta compensación los presidentes y los dos vocales titulares de cada mesa electoral por cada jornada de votación, incluso cuando coincidan varios procesos electorales en una misma fecha. Por el contrario, los suplentes únicamente tendrán derecho al cobro de la dieta cuando, durante la jornada electoral, pasen a desempeñar efectivamente el cargo como titulares.
La orden también introduce una aclaración relevante al determinar que los miembros de las mesas electorales percibirán el importe íntegro de los 75 euros, con independencia del tiempo efectivo durante el que hayan ejercido sus funciones a lo largo de la jornada de votación.
La disposición sustituye a la Orden INT/212/2023, que fijó la compensación en 70 euros y estableció que cualquier modificación futura debería realizarse mediante una nueva orden ministerial. Hasta esa reforma, las cuantías se actualizaban de forma paralela a las retribuciones de los empleados públicos. Sin embargo, el Ministerio del Interior justificó el cambio de sistema por las dificultades que generaba la gestión administrativa de los pagos, especialmente cuando estos se efectuaban en efectivo, optándose desde entonces por establecer importes redondeados que simplificaran el procedimiento.
En la exposición de motivos, la nueva norma señala que esta actualización responde a la necesidad de adaptar la compensación económica a la situación actual, respetando los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que deben regir la actividad normativa de las administraciones públicas.
La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deroga expresamente la regulación de 2023 y establece que futuras actualizaciones de la dieta deberán aprobarse igualmente mediante una nueva orden ministerial. Asimismo, dispone que la nueva cuantía entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que será aplicable en los próximos procesos electorales y referendos convocados en España.
