Pedro Sánchez ha decidido convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Y, aunque la convocatoria devuelve finalmente la palabra a los ciudadanos, resulta inevitable hacerse una pregunta: ¿por qué se ha esperado tanto?
La situación parlamentaria llevaba demasiado tiempo mostrando síntomas evidentes de agotamiento. Un Gobierno obligado a negociar cada votación hasta el último minuto, una mayoría parlamentaria extraordinariamente frágil, unos Presupuestos prorrogados y una sucesión de derrotas o dificultades para sacar adelante iniciativas fundamentales no son precisamente señales de una legislatura saludable.
La última derrota parlamentaria sobre las medidas de vivienda ha sido simplemente el último capítulo de una historia que llevaba meses escribiéndose.
Y aquí está la cuestión más incómoda: si el Gobierno reconoce ahora que necesita una mayoría mucho más amplia para gobernar, ¿por qué no permitió antes que los españoles decidieran si querían proporcionársela?
Gobernar no consiste en resistir una votación más.
Gobernar tampoco puede convertirse en una permanente operación de supervivencia parlamentaria, pendiente de las condiciones de unos y otros, negociando cada decreto como si fuera el último y utilizando cada derrota para volver a empezar.
España tiene problemas demasiado serios como para que la política nacional permanezca atrapada indefinidamente en la aritmética de los escaños.
La vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud. Los servicios públicos necesitan respuestas. La economía afronta incertidumbres. Las comunidades autónomas reclaman soluciones a cuestiones esenciales. Y mientras tanto, la política estatal parece haber dedicado demasiada energía a mantener una mayoría que, en demasiadas ocasiones, ni siquiera permite gobernar con normalidad.
Por eso estas elecciones llegan tarde.
Quizá demasiado tarde.
No porque votar sea la solución automática a todos los problemas. No porque las urnas garanticen una mayoría estable. Y tampoco porque un resultado concreto vaya a resolver mágicamente la fragmentación política.
Llegan tarde porque la ciudadanía debería haber podido decidir antes si la fórmula política salida de las elecciones de 2023 seguía teniendo sentido para afrontar los problemas de España.
Ahora se nos dice que ha llegado el momento de elegir qué futuro queremos.
Bien.
Pero convendría recordar que los ciudadanos no deberían ser convocados únicamente cuando la aritmética parlamentaria deja de resultar manejable.
Las urnas no son un último recurso para salvar una legislatura.
Son el mecanismo democrático para renovar la confianza.
Y si esa confianza parlamentaria llevaba tiempo seriamente comprometida, la pregunta que queda sobre la mesa no es por qué se convocan elecciones el 29 de noviembre, sino por qué no se convocaron mucho antes.
España necesitaba respuestas.
La política necesitaba estabilidad.
Y los ciudadanos necesitaban poder decidir.
Manuel García Sánchez
