Hay historias que terminan convirtiéndose en algo mucho más grande que las personas que las protagonizan. La de María del Carmen Abascal, Maricarmen, es una de ellas.
Tenía 87 años y había vivido durante más de siete décadas en la misma vivienda del barrio madrileño de Retiro. El pasado 23 de septiembre fue desalojada de aquel hogar. Dos semanas después, falleció en el Hospital Gregorio Marañón. Entre ambos acontecimientos se ha abierto un debate que ya no pertenece únicamente a su familia, a la propiedad de la vivienda, a los tribunales o a las organizaciones sociales que la acompañaron. Pertenece a toda la sociedad.
Y precisamente por eso conviene detenerse antes de convertir su muerte en una bandera política.
Porque una cosa es defender el derecho a una vivienda digna y otra, muy diferente, utilizar el sufrimiento de una persona para construir un relato partidista. Maricarmen no debería ser propiedad de ninguna ideología. Ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de los movimientos sociales, ni de las instituciones. Su historia pertenece a una conversación mucho más profunda: qué ocurre cuando las normas, los derechos, la propiedad, la vulnerabilidad y la dignidad humana entran en conflicto.
Los hechos conocidos son suficientemente contundentes sin necesidad de adornarlos.
Maricarmen llevaba viviendo en aquella casa desde 1956. El conflicto por su contrato de alquiler se prolongó durante años y el lanzamiento se produjo después de varios intentos anteriores. La mujer, con una salud deteriorada y movilidad reducida, abandonó finalmente la vivienda en silla de ruedas y fue trasladada posteriormente a un hospital.
Después del desahucio, se alcanzó un acuerdo que podía haber permitido su regreso a la vivienda. Pero aquel regreso no llegó a producirse antes de su muerte.
Y aquí aparece una pregunta incómoda que no debería responderse desde la emoción ni desde la disciplina partidista: ¿era inevitable que las cosas terminaran así?
No corresponde a una columna de opinión determinar una relación médica de causa y efecto entre el desahucio y su fallecimiento. Tampoco sería responsable atribuir una responsabilidad penal o jurídica concreta sin que corresponda hacerlo a los órganos competentes. La propia información difundida sobre el caso recoge distintas posiciones y controversias acerca del procedimiento y de las alternativas disponibles.
Pero existe otra responsabilidad que sí podemos discutir como sociedad: la responsabilidad moral y política de preguntarnos si nuestras instituciones tienen mecanismos suficientes para impedir que una persona de 87 años, vulnerable y con décadas de vida en el mismo hogar, termine abandonando su casa en esas circunstancias.
Esa pregunta no necesita culpables prefabricados.
Necesita respuestas.
Una vivienda no es solamente cuatro paredes
El caso de Maricarmen ha conseguido algo que las estadísticas rara vez consiguen: poner rostro humano a una discusión que normalmente se expresa en cifras.
Hablamos de alquileres, precios, fondos de inversión, contratos, legislación, propietarios, inquilinos, jueces, administraciones y procedimientos. Palabras necesarias, pero frías.
Maricarmen introdujo en esa conversación algo que ningún informe puede medir completamente: los recuerdos.
Setenta años en una vivienda significan mucho más que una relación contractual. Allí transcurrió buena parte de su vida. Allí estuvieron sus padres. Allí quedaron fotografías, objetos, rutinas y recuerdos. El hogar dejó de ser únicamente un inmueble para convertirse en una parte de su identidad.
Y ahí está probablemente el verdadero simbolismo de esta historia.
No se trata de defender que la antigüedad de un contrato convierta automáticamente cualquier situación en intocable. Tampoco de negar los derechos de los propietarios o la existencia de resoluciones judiciales que deben ser cumplidas.
Se trata de preguntarnos si una sociedad avanzada puede encontrar soluciones cuando el cumplimiento estricto de una norma conduce a una situación humana extraordinariamente dolorosa.
Porque legalidad y humanidad no deberían ser conceptos enfrentados.
La política ha llegado después de la tragedia
El caso de Maricarmen ha provocado movilizaciones, acampadas y una enorme repercusión pública. Su nombre ha terminado incorporándose al debate político sobre la vivienda y, según la información publicada, incluso ha quedado asociado popularmente a medidas legislativas adoptadas durante estas semanas.
Ese salto de una historia personal al terreno político era probablemente inevitable.
La vivienda es uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo. Afecta a jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, personas mayores que viven con contratos antiguos y ciudadanos que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad ante la pérdida de su hogar.
Pero la política tiene aquí una obligación especialmente delicada: no convertir a Maricarmen en un instrumento de confrontación.
No debería utilizarse su muerte para señalar automáticamente a un adversario político.
Tampoco debería utilizarse para negar la existencia del problema que su caso ha puesto delante de nuestros ojos.
Y mucho menos debería utilizarse para simplificar una cuestión extraordinariamente compleja en una batalla entre buenos y malos.
La vivienda necesita menos consignas y más soluciones.
Una sociedad que mira a sus mayores
Quizá la cuestión más profunda que deja esta historia no sea siquiera el alquiler.
Es la vejez.
Maricarmen representa a una generación que construyó buena parte de su vida alrededor de una vivienda estable. Una generación para la que el hogar podía ser, literalmente, el lugar donde transcurría toda una existencia.
Cuando una persona llega a los 87 años, la vivienda deja de ser solamente un activo económico. Es también memoria, seguridad, pertenencia y continuidad.
Eso no significa que los derechos de propiedad desaparezcan al cumplir una determinada edad. Significa que una sociedad madura debería disponer de mecanismos capaces de ponderar adecuadamente todas esas circunstancias antes de llegar a situaciones irreversibles.
Porque mañana habrá otra Maricarmen.
Quizá no se llame así.
Quizá tenga 82 años. O 91.
Quizá viva sola.
Quizá tenga una pensión modesta.
Quizá no tenga detrás un sindicato, cámaras de televisión o miles de personas concentradas en una plaza.
Y esa persona también debería importar.
El verdadero legado
Sería fácil concluir esta historia señalando culpables.
Más difícil es preguntarse qué debemos aprender de ella.
El legado de Maricarmen no debería consistir únicamente en una consigna, una pancarta o una batalla electoral. Debería traducirse en una reflexión serena sobre cómo proteger a las personas vulnerables sin negar los derechos legítimos de quienes también forman parte del problema.
Hay que proteger al inquilino.
Hay que proteger al propietario.
Hay que garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Hay que exigir a las administraciones soluciones habitacionales cuando exista una situación de vulnerabilidad.
Y, sobre todo, hay que conseguir que ninguna persona llegue al final de su vida sintiendo que las instituciones que deberían protegerla son incapaces de encontrar una salida.
Eso requiere leyes, recursos, coordinación administrativa y voluntad política.
Pero requiere también algo menos cuantificable: humanidad.
La muerte de Maricarmen ha provocado indignación. Esa indignación puede convertirse en enfrentamiento o en una oportunidad para mejorar las cosas.
Dependerá de cómo la utilicemos.
Porque quizá el mayor error sería que, después de haber convertido a Maricarmen en símbolo, olvidáramos a las personas que todavía están detrás de las estadísticas.
Ella ya no puede volver a su casa.
Pero todavía podemos conseguir que su historia sirva para que otros puedan permanecer en la suya.
Manuel García Sánchez
