En los últimos días, las noticias de la invasión de Ceuta han sido reemplazadas por el desahucio de Mari Carmen, que ha provocado una gran controversia tanto en los medios de comunicación habituales como en las redes sociales. A primera vista el caso parece ser trágico: una mujer octogenaria es expulsada de la vivienda en la que había residido durante setenta años. Sin embargo, otros lo vemos como el final de un largo proceso judicial derivado de un contrato de renta antigua cuyos efectos habían llegado a su fin décadas atrás. Y es que Mari Carmen residía en un piso de renta antigua heredado de sus padres y, según marca la ley establecida por el gobierno de Felipe González, tras el fallecimiento de su madre —última titular de dichos derechos— la legislación establece un plazo de dos años para que su hija abandone la vivienda —al no tener una minusvalía igual o superior al 65 %— o alcance un nuevo acuerdo con su propietario. En el caso de Mari Carmen, para entenderlo, hay que mirar a los primeros años de la transición que es donde comienzan a desaparecer, progresivamente, los contratos de renta antigua del franquismo y se completa con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Al final, tras un prolongado proceso judicial de varios años, el propietario ha recuperado el inmueble. Y esto es lo que ha causado la polémica. Pero la ley está ahí para cumplirla. Existe además una paradoja difícil de ignorar. Quienes exigen la eliminación de cualquier vestigio del franquismo defienden en este caso la supervivencia de una figura jurídica nacida precisamente en aquella época. Las mismas placas que identificaban viviendas acogidas a renta limitada son consideradas hoy símbolos a retirar, pero los beneficios derivados de aquella legislación se pretenden mantener indefinidamente. Se puede estar a favor o en contra de la renta antigua, pero resulta difícil sostener simultáneamente ambas posiciones sin incurrir en una evidente contradicción.
Pero los problemas que surgen entre el casero y el inquilino no son un fenómeno reciente. Tras la derrota de las izquierdas en las elecciones de noviembre de 1933, la cuestión de la vivienda volvió a ocupar un lugar central en la política española. El país sufría una acusada escasez de viviendas, los alquileres eran motivo constante de conflicto y el sector de la construcción atravesaba una profunda crisis que mantenía a miles de obreros en paro. Ante esta situación, el Gobierno buscó fórmulas para estimular la edificación de nuevas viviendas y reactivar una actividad considerada fundamental para la economía nacional.
Quien impulsó estas medidas fue el ministro de Trabajo Federico Salmón Amorín con el gobierno de Alejandro Lerroux. Estaba convencido de que debía favorecer la iniciativa privada para incrementar la oferta de viviendas, lo que le llevó a promover una ambiciosa legislación que pasaría a la historia con el nombre de Ley Salmón, en memoria de su nombre. La construcción de estos pisos tuvo importantes incentivos fiscales y administrativos, que redujeron los costes de los promotores y propietarios, sobre todo para los edificios destinados al alquiler. Esto simplificó los trámites burocráticos, ofreciendo seguridad jurídica a quienes decidían invertir en el sector inmobiliario. El resultado fue muy positivo en diversos lugares de España —no hay evidencia de ello en Ciudad Real— ya que el sector de la construcción creció en pocos meses debido a que comenzaron a levantarse nuevos bloques de viviendas. Fue, probablemente, la política de vivienda más eficaz de toda la Segunda República, en un momento complicado para la economía española.
La Ley de Previsión contra el Paro de 25 de junio de 1935 —llamada coloquialmente Ley Salmón— perseguía reducir el paro mediante inversión tanto pública como privada, partiendo de que el mejor subsidio para el parado era la creación de puestos de trabajo mediante obras y construcciones. La Junta Nacional contra el Paro, creada por esta ley, coordinó la política de empleo en España y diseñó un programa de actividades financiadas por el Estado: construcción de caminos vecinales, obras de abastecimiento de agua, saneamiento urbano, mejora de viviendas rurales, creación de silos, aeropuertos, autopistas y ayudas a la agricultura e industria. La intención era clara: administraciones públicas, empresas y particulares debían promover obras para que disminuyera el paro en las zonas más afectadas por la crisis económica.
En el ámbito de la vivienda se establecieron incentivos fiscales para construir nuevas viviendas, facilitando créditos para las llamadas «casas baratas», que eran viviendas construidas para las clases trabajadoras y familias de ingresos modestos. El objetivo que se buscaba era estimular la actividad económica para reducir el paro con la creación de empleo, dando preferencia a los trabajadores desempleados que, al mismo tiempo, fueran cabeza de familia y que debían percibir los salarios fijados por los Jurados Mixtos, órganos de conciliación y regulación de las relaciones laborales creados en la Segunda República por la Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931.
En conclusión, la aplicación de la Ley Salmón conllevó una disminución del paro a través de una política de obras públicas. A pesar de ello, la inestabilidad política en los meses siguientes y el cambio de gobierno tras las elecciones de febrero de 1936 limitaron su desarrollo en muchos de sus objetivos.
Conviene señalar que las placas que aún pueden encontrarse en algunos edificios no fueron colocadas durante la Segunda República. Aunque hacen referencia a la Ley de Paro de 25 de junio de 1935, fueron instaladas posteriormente por la Administración franquista, cuando el ministerio de Trabajo era José Antonio Girón de Velasco. Una Orden de 27 de noviembre de 1941 obligó a los propietarios de los inmuebles construidos al amparo de la Ley Salmón a colocar en sus fachadas una placa con la leyenda: «Ministerio de Trabajo. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del Paro de 25 de junio de 1935».
Resulta igualmente paradójico que el franquismo ordenara colocar placas identificativas en numerosos edificios construidos durante la Segunda República que se habían acogido a los beneficios de la Ley de Paro de 25 de junio de 1935. Más paradójico aún resulta que, décadas después, algunos de los sectores políticos y sociales que reivindican el legado republicano hayan promovido leyes de memoria histórica destinadas a retirar las placas de las viviendas construidas durante el franquismo.
Precisamente fue el hallazgo casual de una de estas placas lo que despertó mi interés por la Ley Salmón. Al pasar junto a uno de los bloques de viviendas situados frente al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, popularmente conocido entre los granadinos como el «Ruiz de Alda», observé varias inscripciones que indicaba que los edificios estaban acogidos a los beneficios de la Ley del Paro de 25 de junio de 1935. Aquellas sencillas placas metálicas, aparentemente desapercibida para la mayoría de los transeúntes, me llevó a investigar el origen de aquella referencia legal y a descubrir la singular historia de una norma republicana cuya memoria fue conservada, de forma paradójica, por el propio régimen franquista. Si desea ver en Google Maps la placa que aparece en la portada de este artículo, puede hacerlo pulsando aquí. También puede ver la del edificio adyacente, donde aparece cubierta por varias capas de pintura, circunstancia que dificulta hoy su lectura.
Corpus Ruiz Fernández
