Hay momentos en los que el silencio resulta más dañino que cualquier discurso. Y hay otros en los que una sola declaración institucional pone de manifiesto lo que millones de españoles llevan días pensando. Las palabras de Felipe VI tras los gravísimos acontecimientos vividos en Ceuta representan precisamente eso: la voz de un jefe del Estado que ha entendido la magnitud de una crisis que no admite eufemismos ni medias tintas.
El Rey expresó su preocupación e indignación y reclamó que el Estado adopte todas las medidas necesarias para impedir que hechos como estos vuelvan a repetirse. Difícilmente puede discreparse de una afirmación tan elemental: un Estado tiene la obligación irrenunciable de proteger sus fronteras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y preservar su integridad territorial.
Mientras el Monarca transmitía un mensaje de firmeza institucional, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a proyectar la imagen de un Ejecutivo que reacciona cuando los acontecimientos ya le han desbordado. No basta con gestionar las consecuencias cuando el problema ya ha estallado. Gobernar significa anticiparse, prevenir y demostrar que España no puede ser utilizada como escenario de presiones geopolíticas.
La entrada masiva de miles de personas no puede contemplarse únicamente desde una perspectiva humanitaria, por importante que esta sea. También constituye un desafío a la capacidad del Estado para ejercer el control efectivo de sus fronteras. Ignorar esa dimensión supone renunciar a una de las funciones esenciales de cualquier gobierno democrático.
Resulta especialmente significativo que haya sido el Rey quien haya recordado una obviedad constitucional: el Estado debe garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla. No es una consigna política; es una obligación institucional. Cuando el jefe del Estado tiene que verbalizar con tanta claridad algo tan básico, inevitablemente surge una pregunta incómoda: ¿por qué no lo hizo antes el Gobierno con la misma contundencia?
La política exterior tampoco puede construirse sobre la esperanza de que los problemas desaparezcan por sí solos. Las relaciones con Marruecos requieren diálogo, sí, pero también respeto mutuo y la convicción de que la soberanía española no admite ambigüedades. Cualquier percepción de debilidad termina siendo interpretada por otros actores como una oportunidad.
Las palabras de Felipe VI no son un ataque al Gobierno. Son un recordatorio de cuál debe ser la prioridad de cualquier Estado serio: proteger a sus ciudadanos y garantizar que una crisis de semejante magnitud no vuelva a repetirse. Y precisamente por eso adquieren un enorme valor político e institucional.
La historia juzgará quién estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy, al menos, queda la impresión de que quien habló con mayor claridad, mayor sentido de Estado y mayor responsabilidad fue el Rey. Cuando la Corona transmite firmeza y el Ejecutivo transmite improvisación, el contraste resulta demasiado evidente para ignorarlo.
Manuel García Sánchez
