La Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión y una multa de 2.700 euros para J.A.G.R., acusado de tener trabajando simultáneamente a nueve personas extranjeras sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y sin autorización laboral en una finca situada entre Bolaños de Calatrava y Almagro.
La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este martes, 6 de octubre, a J.A.G.R., un agricultor de Bolaños de Calatrava, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El Ministerio Fiscal solicita para él dos años y nueve meses de prisión, además de una multa de 2.700 euros.
Los hechos que recoge el escrito de acusación se remontan a septiembre de 2021, cuando, según sostiene la Fiscalía, el acusado tenía trabajando simultáneamente a nueve trabajadores extranjeros de distintas nacionalidades en una finca agrícola situada en la carretera CM-4124, vía que conecta Bolaños de Calatrava con Almagro.
Una inspección conjunta de Guardia Civil y Trabajo
Según la versión recogida por el Ministerio Público, los nueve trabajadores se encontraban realizando su actividad sin contrato laboral, sin haber sido dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y sin disponer de la necesaria autorización de trabajo.
La situación fue detectada durante una actuación en la explotación agrícola en la que participaron agentes de la Guardia Civil junto con un inspector y un subinspector de Trabajo de la Delegación de Ciudad Real.
El juicio está señalado para las 10.00 horas del martes 6 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
La Fiscalía pide casi tres años de cárcel
La acusación pública considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita una pena de dos años y nueve meses de prisión.
A esta petición se suma una multa de 2.700 euros, correspondiente a nueve meses con una cuota diaria de diez euros.
La petición fiscal no implica que exista una condena. Será durante el procedimiento judicial cuando se analicen las pruebas y las distintas posiciones de las partes, correspondiendo a la Audiencia Provincial de Ciudad Real determinar la responsabilidad penal que, en su caso, pudiera existir.
Un procedimiento abierto por una situación laboral irregular
El caso vuelve a situar en el foco judicial las condiciones de contratación y la protección de los derechos laborales en el ámbito de las explotaciones agrícolas.
La acusación de la Fiscalía se centra específicamente en que los nueve trabajadores carecían, según sostiene el Ministerio Público, de contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social y autorización laboral cuando fueron localizados durante la inspección.
Por el momento, la única petición de pena conocida es la formulada por el Ministerio Fiscal, que reclama dos años y nueve meses de prisión y 2.700 euros de multa para el acusado.
La vista judicial tendrá lugar este 6 de octubre en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, más de cinco años después de los hechos investigados.
