La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente un grave episodio de agresión verbal ocurrido en el servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde una paciente protagonizó una escena de violencia, amenazas e intimidación contra dos facultativas durante el ejercicio de su labor asistencial. Los hechos evidencian una vez más la creciente tensión que se vive en los centros de salud y hospitales.
Según ha detallado el sindicato, las víctimas de este suceso fueron una médico de Urgencias y una ginecóloga, ambas de guardia en el momento de los hechos. La agresión se produjo después de que la paciente acudiera al servicio de Urgencias tras haber sido informada de la desprogramación de su cita en Ginecología. A su llegada, el personal sanitario le comunicó que sería atendida, pero que debía esperar su turno, ya que existían otros pacientes con patologías urgentes que requerían atención prioritaria.
Lejos de aceptar la situación, la paciente, tras varias horas de espera, protagonizó un episodio de extrema gravedad al irrumpir en una consulta médica en la que una facultativa se encontraba atendiendo a una mujer embarazada de 39 semanas. En ese momento, comenzó a increpar de forma violenta a la profesional sanitaria, profiriendo insultos como “inútil” y amenazas de extrema dureza como “tenían que poneros una bomba para que salieseis ardiendo”.
La situación se tornó aún más crítica cuando la paciente continuó gritando frases como “no hacéis bien vuestro trabajo” y “os merecéis todo lo que os está pasando”, generando un ambiente de tensión dentro de la consulta. La médico, acorralada por la agresora, se vio obligada a abandonar momentáneamente la atención a la paciente embarazada para pedir ayuda, lo que supuso una interrupción directa de la asistencia sanitaria.
Tras alertar al personal de enfermería de triaje y a los servicios de seguridad, se logró desalojar inicialmente a la mujer de la consulta. Sin embargo, el episodio no terminó ahí. La paciente permaneció en las inmediaciones y, aprovechando la entrada de una urgencia prioritaria, volvió a acceder al interior de otra consulta, en esta ocasión donde se encontraba la ginecóloga. Allí, en un acto aún más descontrolado, se tiró al suelo y reanudó los insultos, manteniendo su actitud agresiva.
Ante la imposibilidad de contener la situación, el personal de seguridad del centro tuvo que solicitar la intervención de la Policía Nacional, que acudió con hasta cinco agentes para proceder a la reducción de la paciente. Tras tomar declaración a las dos facultativas afectadas y formalizar la correspondiente denuncia, los agentes procedieron a la detención de la agresora, poniendo fin a un episodio que ha sido calificado como muy grave por el sindicato.
Desde CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, su presidenta, Ana Isabel Fernández, ha condenado de forma contundente lo sucedido, subrayando que “es inadmisible que hechos de estas características sigan ocurriendo a diario”. En sus declaraciones, ha insistido en que “nada justifica una agresión ni física ni verbal” y ha alertado sobre el deterioro progresivo del respeto hacia los profesionales sanitarios, quienes, recuerda, desempeñan su labor en condiciones de alta presión asistencial.
El sindicato ha reiterado su rotunda oposición a cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario y ha puesto el foco en la frecuencia con la que se repiten este tipo de incidentes, lo que, a su juicio, exige una respuesta inmediata por parte de las administraciones. En este sentido, reclama una estrategia integral de prevención que incluya la formación específica de las plantillas en habilidades comunicativas y sociales, orientadas a la gestión de conflictos, así como un refuerzo sustancial de las medidas de seguridad en los centros sanitarios.
Asimismo, CSIF exige la dotación de más personal de seguridad, la implantación de medios técnicos eficaces que permitan una rápida respuesta ante situaciones de riesgo y el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, impulsadas por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), con el objetivo de fomentar el respeto hacia los profesionales del sistema sanitario público.
