El empresario agrícola residente en Bolaños de Calatrava ha sido condenado tras reconocer su responsabilidad en un delito contra los derechos de los trabajadores, en un caso que ha destapado prácticas sistemáticas de explotación laboral de inmigrantes en el sector agrícola. El acusado ha aceptado una pena de dos años de prisión, en virtud de un acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía y la acusación particular, lo que supone una reducción significativa respecto a la petición inicial del Ministerio Público, que ascendía a cuatro años de cárcel.
El pacto judicial incluye además la imposición de una multa de seis meses con una cuota diaria de siete euros, rebajada también desde los diez meses con cuota de doce euros diarios que solicitaba inicialmente la Fiscalía. Asimismo, la condena contempla las consecuencias accesorias habituales, aunque la pena privativa de libertad no se ejecutará, al no superar los dos años y carecer el acusado de antecedentes penales computables a efectos de reincidencia.
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se desarrollaron entre enero de 2021 y febrero de 2022, periodo en el que el condenado, en su condición de administrador único de una empresa agrícola, habría desplegado una actividad continuada basada en la contratación de trabajadores extranjeros en situación irregular, sin autorización para residir ni trabajar en España. Según la acusación, el empresario omitía de forma deliberada su alta en la Seguridad Social, evitando además la formalización de contratos laborales, en una estrategia orientada a reducir costes y eludir controles administrativos.
La investigación judicial ha puesto de relieve un escenario de condiciones laborales extremadamente precarias y abusivas, en el que al menos once jornaleros extranjeros trabajaron en diversas fincas de la provincia de Ciudad Real. Las jornadas laborales, según la Fiscalía, se extendían entre nueve y once horas diarias, sin descanso semanal y con apenas media hora destinada a la comida, lo que configura un panorama de clara vulneración de la normativa laboral vigente.
En cuanto a las retribuciones, los trabajadores percibían alrededor de 40 euros diarios, cantidades que en ocasiones se veían reducidas tras deducciones por conceptos como transporte o alojamiento. La acusación subraya que se produjeron impagos prolongados durante semanas e incluso meses, lo que incrementaba la situación de dependencia económica de los empleados y agravaba su vulnerabilidad.
El Ministerio Público describe además un entorno laboral marcado por la presión constante, el miedo y las amenazas, en el que el empresario habría advertido a los trabajadores de que no percibirían salario alguno si abandonaban el puesto. La situación administrativa irregular de los empleados era utilizada, según la Fiscalía, como un instrumento de coacción, con el objetivo de evitar denuncias o inspecciones por parte de las autoridades.
El relato de los hechos incluye igualmente la existencia de promesas incumplidas de regularización administrativa, ofrecidas a algunos trabajadores a cambio de dinero o deducciones salariales, compromisos que nunca llegaron a materializarse. A ello se suma el presunto cobro de cantidades adicionales por facilitar trámites como el empadronamiento o la obtención de la tarjeta sanitaria, lo que refuerza el carácter sistemático de la explotación denunciada.
Inicialmente, la Fiscalía interesaba para el acusado una pena de cuatro años de prisión, junto con una multa de diez meses a razón de doce euros diarios, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales. Sin embargo, el reconocimiento de los hechos por parte del acusado ha permitido alcanzar un acuerdo que ha reducido de forma sustancial las penas, evitando así la celebración del juicio.
