La vivienda vuelve a situarse en el centro del debate social y económico en Castilla-La Mancha tras la publicación este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la nueva Orden de la Consejería de Fomento por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas al alquiler de vivienda destinadas a facilitar el acceso y mantenimiento de una residencia habitual a las personas y familias con menores recursos económicos de la región. La medida supone un importante respaldo institucional en un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios del alquiler y las crecientes dificultades de acceso a una vivienda digna para miles de ciudadanos.
La convocatoria impulsada por el Gobierno regional contará inicialmente con una dotación económica de cinco millones de euros, cantidad que podrá ampliarse con otros cinco millones adicionales mediante financiación propia o fondos finalistas, lo que evidencia la apuesta de la Junta de Comunidades por reforzar las políticas públicas de vivienda y ofrecer una respuesta directa a uno de los principales problemas sociales que afrontan actualmente numerosas familias castellano-manchegas.
La nueva línea de ayudas permitirá cubrir hasta el 50 por ciento del importe mensual del alquiler o cesión de uso de la vivienda habitual, durante un periodo máximo de doce meses, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y vigencia hasta el 31 de diciembre de este mismo año. La medida se presenta como un balón de oxígeno para muchos hogares que destinan buena parte de sus ingresos al pago del alquiler y que, en numerosos casos, se encuentran en riesgo de vulnerabilidad económica o exclusión residencial.
Uno de los aspectos más relevantes de la orden publicada en el DOCM es la diferenciación de los límites máximos de renta mensual según el municipio donde se ubique la vivienda. En el caso de Ciudad Real capital, el alquiler no podrá superar los 953 euros mensuales para poder acceder a estas ayudas. Este límite se incrementa hasta los 1.143,60 euros mensuales cuando se trate de familias numerosas o personas con discapacidad, ampliando así la cobertura a colectivos especialmente sensibles y con mayores necesidades de protección social.
La orden también establece límites específicos para numerosos municipios estratégicos de la provincia de Ciudad Real, entre ellos Alcázar de San Juan, Almagro, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Bolaños de Calatrava, Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, Malagón, Manzanares, Membrilla, Miguelturra, Pedro Muñoz, Poblete, Puertollano, Socuéllamos, La Solana, Tomelloso, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y Villarrubia de los Ojos, donde el tope general del alquiler se sitúa en 762 euros mensuales, ampliables hasta 914,40 euros en el caso de familias numerosas o personas con discapacidad.
Para el resto de localidades de la provincia de Ciudad Real, el importe máximo permitido será de 648 euros mensuales, cifra que podrá elevarse hasta 777,60 euros para los colectivos anteriormente mencionados. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca adaptar las ayudas a la realidad del mercado inmobiliario de cada municipio, evitando desequilibrios y permitiendo que un mayor número de ciudadanos pueda acogerse a la convocatoria.
En cuanto a los requisitos para acceder a estas subvenciones, podrán solicitarlas las personas mayores de edad con nacionalidad española, de algún Estado miembro de la Unión Europea o extranjeras en situación regular en España, siempre que sean titulares de un contrato de alquiler o de cesión de uso de vivienda habitual en Castilla-La Mancha. La finalidad de estas ayudas pasa por garantizar estabilidad residencial y favorecer que las familias puedan mantener su hogar frente al encarecimiento progresivo de los alquileres.
Desde el punto de vista económico, la suma de ingresos de la unidad de convivencia no podrá superar con carácter general tres veces el IPREM, aunque este límite se amplía hasta cuatro veces el IPREM para familias numerosas, personas con discapacidad o víctimas del terrorismo. En determinados supuestos considerados de especial protección, el umbral podrá alcanzar incluso las cinco veces el IPREM, reforzando así la cobertura para colectivos especialmente vulnerables.
Asimismo, la normativa recoge que las personas beneficiarias no podrán ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas, como casos de separación o divorcio, inaccesibilidad derivada de discapacidad o imposibilidad acreditada de utilización del inmueble.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación oficial de la convocatoria en el DOCM y permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio de 2026, un margen temporal amplio con el que la Administración autonómica pretende facilitar la tramitación y garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias puedan acceder a la ayuda.
La publicación de esta convocatoria llega en un momento de enorme sensibilidad social respecto al mercado de la vivienda, especialmente en ciudades y municipios donde el incremento de los alquileres ha comenzado a tensionar seriamente la economía de muchas familias. En este escenario, la nueva orden de ayudas impulsada por la Consejería de Fomento se interpreta como un instrumento clave para contener el impacto económico del acceso a la vivienda y reforzar las políticas de cohesión social en Castilla-La Mancha.
»»»Ver Orden 62/2026, de 15 de abril, de la Consejería de Fomento AQUÍ«««
