El intendente Arandía fue nombrado Gobernador de Filipinas en 1752, tomando posesión de ese cargo en julio de 1754. Al menos, en el mes anterior Almagro ya contaba con un intendente interino: el alcalde mayor Juan de Urrea. Pero hay que esperar unos meses para que el Conde de Benagiar —Alonso Joaquín Tous de Monsalve y Mate de Luna— tome posesión efectiva del cargo de intendente, como puede comprobarse en el acta de la sesión del cabildo de Ciudad Real del 10 de noviembre de 1754, donde se le dio la bienvenida al nuevo titular. Ese mismo año, en el Ministerio de Hacienda, el Marqués de Ensenada es sustituido por Juan Francisco de Gaona y Portocarrero —segundo titular del Condado de Valdeparaíso—. No he podido localizar fuentes primarias que demuestren su influencia en que Almagro fuera designada capital de La Mancha, pero diversas fuentes secundarias sí le atribuyen una participación decisiva en que Almagro fuera designada capital de La Mancha. Es curiosa la coincidencia de fechas: la salida de Arandía, Urrea como intendente interino, la llegada del Conde de Benagiar y el ascenso a ministro de Hacienda de Gaona.
Durante el periodo de 1750 a 1761 —bajo los reinados de Fernando VI y Carlos III— Almagro asumió la capitalidad de la Mancha. Durante más de una década vio llegar funcionarios y nuevas tareas administrativas que cambiaron el pulso del pueblo. Y aunque la capitalidad regresó a Ciudad Real, los almagreños nunca dejaron de mirar de reojo la posibilidad de recuperarla algún día: era una idea que quedó flotando, como una expectativa latente.
A finales de enero de 1761, el Ayuntamiento de Ciudad Real recibió un decreto, remitido desde El Pardo, que ilusionó a todos sus vecinos, a la vez que hacía recuperar a la ciudad la función administrativa perdida: Carlos III comunicaba que la intendencia de la Provincia de la Mancha, instalada en Almagro, fuera trasladada nuevamente a Ciudad Real: esta ciudad recuperaba la capitalidad. La resolución nombraba al V Conde de Benagiar como corregidor, cargo que añadiría al de intendente que ya ejercía: tenía plena autoridad en la administración de justicia, en lo civil y en lo criminal, pudiendo nombrar y destituir a los oficiales que fueran necesarios. Además de entregarle las varas de justicia lo más pronto posible, el conde tuvo que presentar las correspondientes fianzas obligatorias, residir en la ciudad y cobrar el salario que se le asignó para el cargo. Como era tradición, pagó la Media Annata en las contadurías reales —impuesto del Antiguo Régimen al obtener un cargo, oficio, merced o título concedido por la Corona—, estimada en 45.334 maravedís. El pago de dicho impuesto fue reconocido en el libro capitular de la ciudad el 28 de febrero de 1761. Con ello, oficialmente retornaba la capitalidad a Ciudad Real.
La historia demuestra que, con el paso de los años, aquella aspiración resurgió más de una vez. En 1817, a los tres años de finalizada la guerra contra los franceses, Almagro solicitó al Gobierno una nueva petición que fue rechazada sin contemplaciones. Inicialmente esta solicitud inquietó el Ayuntamiento de Ciudad Real, que no le quedó más remedio que reaccionar con rapidez y contundencia para evitar volver a la situación de 1750. Así, el 5 de abril de 1817 se celebró una solemne sesión en las Casas Consistoriales, a la que asistieron el licenciado Fermín Díez —corregidor de justicia mayor y capitán de guerra—, Diego Muñoz y Pereiro, Vicente Gurruchaga, Félix Martínez Saavedra, Ramón García Pavón, Álvaro Pedro Maldonado y Manuel Messia de la Cerda —regidores, el primero de preeminencia y todos perpetuos—, José Marín Guerrero, Juan Plaza, Juan Salcedo y José Sendarrubias Baquero —diputados—, Miguel Recio, Pedro Abad León y Patiño —procuradores síndico y personero—. La reunión tuvo como fin responder a la amenaza directa de los derechos históricos de la ciudad. Eran conscientes de que Almagro había promovido un expediente para trasladar a su jurisdicción la Intendencia, sus oficinas y las Arcas Reales, que ocasionaría una pérdida devastadora para el vecindario, la agricultura, la industria y los oficios locales. En el acta quedó reflejado que el Ayuntamiento de Ciudad Real había luchado con heroicidad y mantenido su inalterable carácter de lealtad a Fernando VII durante la guerra, soportando la opresión del intruso gobierno de José. También, por el contrario, los asistentes a la sesión afirmaron cómo los vecinos sintieron alivio al comprobar que la oficina del intruso era trasladada a Almagro, y después a Manzanares, abandonando un título de capitalidad espurio que nunca reconocieron.
La sesión finalizó confiriéndole un poder especial al abogado José Antonio Arenas, vecino de Ciudad Real, para defender los privilegios históricos de la ciudad. Lo autorizaron a viajar a la Corte, con el fin de poder presentar ante el rey y sus tribunales las peticiones necesarias que hicieran posible frenar las aspiraciones de los almagreños. Arenas tenía autoridad para contactar con ciudadrealeños destacados residentes en Madrid, nombrar agentes, revocar poderes y realizar las gestiones necesarias para que la Intendencia siguiera estando en Ciudad Real. Tuvo que hacer un buen trabajo José Antonio, ya que la iniciativa almagreña fue a pique.
Desde mi punto de vista, lo que más influyó en esta decisión fue la postura que Almagro tomó durante la Guerra de la Independencia: este pueblo pagó el coste simbólico de la presencia de logias masónicas en esa etapa, en las que participaron algunos vecinos de la localidad, entre ellos el cura Tomás Hornero, cuya implicación en actividades masónicas está documentada, y de la que hablaremos en un próximo artículo.
Aprovecho la ocasión para lanzar la siguiente pregunta: ¿qué le llevó a Mauricio Fernández Gaza a adquirir y restaurar el Palacio de los Marqueses de Torremejía? Sabemos que, tras esta rehabilitación, han salido a relucir símbolos masónicos y que Mauricio fue un empresario y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN). Este partido fue fundado en 1939, posterior a la Guerra Cristera (1926-1929), pero sus raíces ideológicas provienen del ambiente católico que surgió como respuesta al conflicto que tuvo su origen en la Ley Calles, de carácter masónico. También existe una relación documentada del PAN con El Yunque. Esta organización surgió, precisamente, del ambiente social y religioso que dejó la Guerra Cristera: como reacción al anticlericalismo del Estado mexicano, caracterizado por su simpatía con la masonería. Por cierto, este año se cumple el centenario del inicio de esta guerra. A ver si me animo a escribir un artículo, pero ahora me centraré en uno próximo que tratará sobre un nuevo intento de Almagro para que le reconozcan la capitalidad. Incluso llegó a debatirse en el Congreso de Diputados.
Corpus Ruiz Fernández
