En Almagro, donde el patrimonio histórico convive con una ciudadanía cada vez más cansada de promesas incumplidas, la última actuación del Ayuntamiento ha encendido una indignación que ya venía gestándose desde hace tiempo. El consistorio ha decidido emitir un Bando de Alcaldía en el que solicita y recomienda a los vecinos reparar las tapas de las acometidas de agua potable, alegando un elevado número de quejas por su deterioro, con problemas como rehundimientos, desniveles o roturas que suponen un evidente riesgo para la seguridad de los viandantes. Hasta aquí, podría parecer una medida razonable dentro del marco de las obligaciones privadas. Sin embargo, el problema no es lo que se pide, sino quién lo pide y desde qué legitimidad moral lo hace.
Porque mientras el Ayuntamiento apela a la responsabilidad de los ciudadanos, la realidad que pisan a diario los almagreños es muy distinta. Las calles de la localidad presentan un panorama en el que numerosas tapas de alcantarillado, conducciones eléctricas, redes de comunicación e imbornales muestran un estado que dista mucho de ser aceptable. Infraestructuras públicas deterioradas, abandonadas o directamente peligrosas, cuya reparación corresponde de forma directa al propio consistorio o, en su caso, a las empresas concesionarias de los servicios. Y es aquí donde surge la contradicción más evidente: la institución que exige no cumple.
El bando municipal no solo ha sido percibido como una recomendación, sino como una forma velada de trasladar responsabilidades, en un tema donde la ciudadanía lleva tiempo denunciando precisamente lo contrario: la inacción municipal ante problemas estructurales evidentes. Resulta difícil no interpretar esta medida como un ejercicio de doble rasero, en el que se pone el foco en el vecino mientras se ignoran las propias obligaciones públicas.
Las quejas vecinales no son nuevas ni aisladas. Son numerosas, constantes y cada vez más visibles. Denuncian una situación de abandono en elementos esenciales para la seguridad urbana, como los imbornales colapsados, las tapas hundidas o los registros en mal estado. Problemas que no solo afectan a la estética de la ciudad, sino que suponen un riesgo real de caídas, accidentes y daños personales. En este contexto, la emisión del bando no se percibe como una solución, sino como un agravio.
La cuestión de fondo es más profunda que una simple discrepancia administrativa. Se trata de una crisis de credibilidad institucional. Porque cuando una administración pública predica lo que no practica, pierde autoridad y, lo que es más grave, rompe el vínculo de confianza con sus ciudadanos. No basta con señalar obligaciones privadas cuando las públicas siguen sin atenderse. No basta con recomendar cuando no se actúa. No basta con pedir cuando no se da ejemplo.
El Ayuntamiento de Almagro tiene, sin duda, la potestad de recordar a los propietarios sus deberes legales. Pero esa potestad debe ejercerse desde la coherencia, la ejemplaridad y el cumplimiento previo de las propias responsabilidades. De lo contrario, el mensaje se convierte en un ejercicio de cinismo institucional que solo alimenta el malestar social.
En una ciudad con un valor histórico, cultural y turístico indiscutible, el estado del espacio público (y no solamente del centro de Almagro, sino también de todos los barrios del pueblo) no es un asunto menor. Es una cuestión de seguridad, de imagen y de respeto hacia los propios vecinos y visitantes. Y es precisamente ahí donde el Ayuntamiento debería centrar sus esfuerzos: en garantizar que lo que depende de su gestión esté en condiciones óptimas antes de exigir nada a nadie.
Porque gobernar no es solo emitir bandos. Gobernar es actuar, responder y asumir responsabilidades. Y en este caso, la sensación generalizada entre los vecinos de Almagro es clara: se les pide lo que no se les ofrece. Una ecuación que, lejos de resolver problemas, los agrava.
Al final, la pregunta que queda en el aire es tan simple como incómoda: ¿puede una administración exigir cumplimiento cuando es la primera en incumplir? En Almagro, hoy por hoy, la respuesta parece evidente.
Manuel García Sánchez
