El Ayuntamiento de Almagro dio luz verde durante la celebración del Pleno Ordinario nº 4/2026, celebrado el pasado jueves, 28 de mayo en el Salón de Plenos, a una modificación de la Ordenanza Fiscal número 14, normativa que regula la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, una de las disposiciones que afecta de manera más directa a establecimientos hosteleros y negocios que desarrollan parte de su actividad en la vía pública.
La modificación fue uno de los asuntos incluidos en el orden del día generando un polémico debate político entre los grupos representados en la corporación municipal, especialmente por la incorporación de un mecanismo de actualización automática de las tarifas mediante el Índice de Precios al Consumo (IPC).
La propuesta defendida por el equipo de gobierno introduce modificaciones en la distribución de los espacios donde pueden ubicarse mesas y sillas destinadas a actividades económicas. Entre los cambios más significativos figura el traslado de la calle Mayor de Carnicerías y de la calle San Agustín, que hasta ahora estaban integradas dentro de la denominada Zona A, vinculada al entorno de la Plaza Mayor, hacia la Zona B. A esta misma zona se incorpora igualmente el tramo peatonal de la calle Feria.
Además, la modificación contempla una medida destacable para la organización futura de las terrazas, ya que la calle Mayor de Carnicerías deja de estar considerada como espacio habilitado para la instalación de mesas y sillas, una decisión que supone una reordenación de los espacios disponibles para la ocupación del dominio público por parte de los establecimientos hosteleros.
Según explicó el alcalde durante la sesión plenaria, los importes actualmente vigentes tanto para la temporada alta como para la temporada baja permanecen inalterados durante el presente ejercicio. No obstante, la nueva regulación incorpora una cláusula que permitirá que, a partir de ahora, las cuantías se actualicen automáticamente conforme a la evolución anual del IPC.
Desde el equipo de gobierno se defendió que esta medida no constituye una subida extraordinaria de las tasas, sino un mecanismo destinado a mantener constante el valor real de los ingresos municipales frente al efecto de la inflación. En este sentido, se argumentó que la actualización conforme al IPC evita la pérdida progresiva de capacidad económica de las tarifas y elimina la necesidad de tramitar periódicamente modificaciones específicas de la ordenanza para adaptar las cuantías.
Durante el debate, el alcalde señaló que la aplicación de este sistema permitirá mantener el mismo nivel de ingresos en términos reales, evitando que la inflación reduzca el valor efectivo de las cantidades recaudadas por el consistorio. Asimismo, recordó que durante el presente ejercicio no se había producido dicha actualización, circunstancia que, desde el punto de vista económico, supone una reducción del valor real de los ingresos municipales.
La propuesta, sin embargo, encontró la oposición por parte del Grupo Municipal Popular, cuyo portavoz expresó su desacuerdo con el planteamiento presentado por el equipo de gobierno. Aunque reconoció que la aplicación del IPC puede resultar una práctica habitual y coherente en determinadas ordenanzas fiscales, criticó tanto la forma de tramitación como el contenido de la modificación.
El representante popular manifestó que la documentación no había estado disponible con la suficiente antelación para su análisis en las correspondientes comisiones informativas, circunstancia que, según indicó, limitó la posibilidad de realizar aportaciones o plantear modificaciones antes de la celebración del pleno.
Más allá de las cuestiones procedimentales, el portavoz popular centró buena parte de su intervención en cuestionar el alcance de la reforma. A su juicio, la ordenanza necesita una revisión mucho más profunda y adaptada a la realidad actual de la actividad hostelera en la ciudad. Según defendió, la normativa presenta aspectos susceptibles de actualización en cuestiones relacionadas con la ubicación de las terrazas, el número de mesas autorizadas y otros elementos que afectan directamente a los negocios y a la convivencia entre establecimientos.
El Grupo Popular consideró que la modificación aprobada constituye únicamente una actuación parcial enfocada a posibilitar futuras actualizaciones económicas mediante el IPC, sin abordar problemas de fondo que, en su opinión, continúan generando incertidumbre entre los usuarios de la ordenanza. En este contexto, el portavoz popular afirmó que sería necesaria una regulación más amplia que aportara una mayor seguridad jurídica a los titulares de las autorizaciones y contribuyera a evitar conflictos recurrentes relacionados con la utilización del espacio público.
Durante su intervención, el portavoz llegó a calificar la propuesta como un “parche”, argumentando que no incorpora soluciones estructurales para los problemas que afectan a los establecimientos y que únicamente facilita incrementos automáticos de las cuantías en ejercicios futuros. Por estos motivos, anunció el voto contrario de su formación política.
Finalmente, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 14 salió adelante gracias a los votos favorables del Grupo Municipal Socialista y del concejal de “Por Almagro”, mientras que votaron en contra los representantes del Partido Popular y la concejal no adscrita.
