Las elecciones que permitieron, en la Segunda República, gobernar al centroderecha fueron celebradas el 19 de noviembre de 1933. Obtuvieron una mayoría parlamentaria que lo hizo posible. Tras el bienio de la izquierda, aparecía en España un nuevo escenario político que culminó, el 4 de octubre de 1934, con la entrada en el Gobierno de Alejandro Lerroux de tres ministros de la CEDA. La izquierda, especialmente los socialistas, llevaban meses preparando un asalto al poder y decidieron aprovechar esta situación para dar un golpe de Estado revolucionario en toda España, junto con los independentistas catalanes, cuyos acontecimientos más importantes tuvieron lugar entre el 5 y el 6 de octubre. El resultado fue un fracaso, e inicialmente sólo triunfó en Asturias y Cataluña.
El presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, dirige a todos los españoles, a través de la Gaceta de Madrid de 7 de octubre de 1934, estas palabras declarando el Estado de Guerra:
«En Cataluña, el presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá… Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebrando de su autoridad… Aplicará sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley marcial.
Llama a todos los ciudadanos a ponerse al lado del Gobierno para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto Cataluña y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo libre… Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República, bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución.
En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos acompaña. Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España».
La provincia de Ciudad Real tampoco permaneció al margen de aquellos sucesos, ya que en diversos pueblos se registraron incidentes relacionados con la insurrección, destacando los ocurridos en Abenójar y en la capital. En el primero de ellos tuvo lugar un ataque al cuartel de la Guardia Civil y diversos enfrentamientos con la fuerza pública que ocasionaron, al menos, el fallecimiento de un guardia civil. En Ciudad Real, durante la noche del 5 al 6 de octubre, una bomba explotó junto al Puente de Hierro sobre el río Guadiana, en la línea férrea Madrid-Badajoz, cuando se aproximaba un tren. Precisamente este episodio, uno de los más graves ocurridos en la provincia durante aquellos días, es el que centra el presente artículo.
Pero antes, hay que comentar —según informó El Pueblo Manchego, en su edición de 6 de octubre— que el movimiento revolucionario fue controlado, registrándose también incidentes en varias localidades: en Puertollano se declaró la huelga de mineros y obreros de la industria eléctrica —siendo clausurada la Casa del Pueblo y detenido alguno de sus dirigentes—. En Alcázar de San Juan las alteraciones producidas interrumpieron, temporalmente, la circulación en la vía ferroviaria. En Piedrabuena hubo obreros que abandonaron su trabajo y en Alcolea de Calatrava cortaron la línea telefónica, que poco después fue restablecida. En Mestanza, el alcalde enarboló una bandera roja en el balcón del ayuntamiento, por lo que la fuerza pública le obligó a retirarla.
Sin embargo, de todos los hechos registrados en la provincia durante aquellas jornadas, ninguno alcanzó la trascendencia del atentado cometido contra la línea férrea Madrid-Badajoz a su paso por Ciudad Real. La explosión ocurrida junto al Puente de Hierro sobre el Guadiana y el hallazgo de una segunda bomba de mayor potencia dieron lugar a una amplia investigación policial y judicial que se prolongaría durante meses y ocuparía numerosas páginas de la prensa provincial. Fue el episodio que más preocupación produjo en la capital.
Las autoridades —tras la explosión en el Puente de Hierro y el hallazgo de una segunda bomba sin detonar— reaccionaron inmediatamente al atentado. Desde las primeras horas de la mañana del 6 de octubre, miembros de la Guardia Civil y de la Policía Gubernativa iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de la explosión y determinar el origen de los explosivos usados. En los días posteriores al atentado, y según informó El Pueblo Manchego, los investigadores trabajaban para identificar a los autores de los hechos y determinar la procedencia de los explosivos utilizados. Fue entonces cuando este periódico local, en su edición del 13 de octubre, informó del descubrimiento de varias cápsulas en un terreno en los alrededores de la fábrica de abonos, así como de cuatro bombas ocultas en un bidón del garaje municipal. Eran las primeras pesquisas relacionadas con el atentado del Puente de Hierro: presentaban características semejantes a la bomba que no llegó a explotar junto al puente.
Estos hallazgos dieron lugar a una serie de detenciones que afectaron a militantes socialistas y comunistas de la capital. Las primeras pesquisas policiales permitieron identificar a personas presuntamente relacionadas tanto con la planificación del sabotaje como con el almacenamiento de explosivos. Noticia que conmovió a la opinión pública local. Quien ese día compró El Pueblo Manchego pudo leer en sus páginas: «Creemos que el número de detenidos en la mañana de hoy asciende a unos quince o veinte. En automóviles, entre la fuerza pública han pasado esta mañana varios destacados elementos del partido socialista. En unión de varios estudiantes han ingresado en la cárcel».
Y es el día 15 del mismo mes cuando el Gobierno Civil anuncia la detención de varios individuos a quienes atribuía una participación directa en la fabricación, transporte y colocación de los explosivos. Las autoridades difundieron que entre ellos figuraban comunistas y socialistas, a quienes señalaron como responsables materiales de la colocación y el encendido de las bombas. Además, en los registros practicados, la policía se hizo con cartuchos de dinamita, detonadores, mechas, ácido sulfúrico, armas cortas y numerosa munición. Felipe Terol Lois fue acusado de la fabricación de varios artefactos explosivos, ya que aparecieron algunas bombas en el garaje del ayuntamiento y él era el encargado de éste. Hay que decir que la operación policial también investigó a quienes consideraron sospechosos de haber dirigido el movimiento revolucionario que dio con el ya citado golpe de Estado. Entre estos figuraban nombres destacados como Fernando Piñuela, José Maestro San José, Benigno Cardeñoso, José Estévez, Antonio Cano, Tomás Martínez o Carlos García de Benito.
No era la primera vez que algunos de los nombres investigados aparecían relacionados con asuntos de orden público. Ya en febrero de 1934 la prensa había informado de la confiscación por la Guardia Civil de una caja que contenía 38 pistolas al que era en esos momentos el alcalde de Ciudad Real, José Maestro San José. El caso pasó a ser el asunto político más importante de la provincia durante los meses siguientes.
Inicialmente, el expediente lo inició la jurisdicción militar como un sumario por sedición, armas y explosivos. El Pueblo Manchego, día a día, iba informando sobre los avances en las actuaciones, los nuevos arrestos y los interrogatorios a los detenidos. Tan grande fue la expectativa que levantó, que el propio gobernador militar manifestó públicamente su deseo de que el juicio se celebrase en un local amplio con el objetivo de que pudiera acoger al numeroso público que, seguramente, acudiría a presenciarlo.
Debido a su presunta implicación en los hechos, empleados municipales quedaron suspendidos de sus cargos y destacados dirigentes socialistas, como Fernando Piñuela, ingresaban en prisión preventiva. En relación con José Maestro San José, en El Pueblo Manchego podemos leer lo siguiente:
«El exalcalde socialista de la capital, José Maestro San José, llegó a mediodía en el expreso procedente de Madrid. Como según parece había orden de detención contra él desde hace tres días, dicho señor se presentó espontáneamente al comandante Militar de la Plaza. Desde allí pasó a la Comisaría acompañado del Comisario jefe, señor Flórez, donde permaneció desde poco antes de la una y media hasta las tres. Es probable que prestara declaración y según parece ha negado que tuviese participación en los últimos sucesos y en la colocación de explosivos. A las tres, y siempre con el señor Flórez, pasó al cuartelillo de Seguridad donde quedó incomunicado y a disposición del Juez militar. Los extremos que damos como probables no han tenido confirmación oficial por la absoluta reserva que sobre este asunto guardan las autoridades y Policía».
Por todo lo visto, el atentado del Puente de Hierro se convirtió en el centro de interés de una compleja causa política y judicial.
Epílogo provisional
Quedaba aún por saber qué ocurrió realmente.
La instrucción judicial, las retractaciones posteriores, las declaraciones de los procesados y el desarrollo de los juicios se prolongaron durante meses y constituyen una historia tan interesante como compleja. Pero de ello nos ocuparemos en un próximo artículo, dedicado íntegramente al proceso judicial como consecuencia del atentado en la vía férrea y de la preparación previa de los sucesos revolucionarios en octubre de 1934 en Ciudad Real.
Corpus Ruiz Fernández
