El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha abierto diligencias previas para investigar el robo de cable en la línea de Alta Velocidad a su paso por la provincia, perpetrado el pasado lunes 5 de mayo. La titular del juzgado, la magistrada Laura Castañeda, actúa tras recibir el atestado de la Guardia Civil, que apunta a una motivación puramente económica detrás del delito, alejando así la hipótesis de un acto de sabotaje.
El procedimiento judicial se ha iniciado por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La investigación gira en torno al robo de cobre que provocó una paralización sin precedentes en la línea AVE Madrid-Sevilla, afectando a 10.700 pasajeros y dejando fuera de servicio 30 trenes.
El informe de la Guardia Civil descarta el sabotaje
El punto de inflexión en la investigación ha sido el informe de la Guardia Civil, en el que se concluye que el robo no tuvo como finalidad interrumpir el tráfico ferroviario, sino obtener un beneficio económico mediante la venta del material sustraído. Este análisis judicial choca frontalmente con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien desde el primer momento sostuvo que se trató de un acto de sabotaje “grave” y “coordinado”.
El ministro afirmó incluso que los responsables “sabían perfectamente dónde actuaban, porque eligieron una zona sin cámaras de vigilancia” y subrayó que “el valor del cable robado es despreciable frente al daño causado”. Sin embargo, esta versión oficial pierde peso con el desarrollo de las diligencias judiciales.
La Guardia Civil identifica hasta cinco robos de cable en un radio de apenas 10 kilómetros, entre los municipios toledanos de Los Yébenes y Manzaneque, en puntos de escasa vigilancia. Pese a lo llamativo de la cantidad de robos y su cercanía en el tiempo y el espacio, los investigadores consideran que no hay elementos sólidos que apunten a una voluntad explícita de sabotaje.
El Gobierno matiza su postura tras la apertura judicial
Tras conocerse la apertura formal del proceso judicial y las líneas de investigación marcadas por la jueza instructora, el ministro Puente ha suavizado ligeramente su postura inicial. Aunque no descarta ninguna hipótesis, ya ha hablado de “dos opciones posibles: o es un robo o es un hecho dañoso”, alejándose de su rotunda afirmación inicial sobre un sabotaje premeditado.
También la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, mantuvo el martes que “no se puede descartar ninguna hipótesis”, aunque insistió en que hubo “una clara voluntad de hacer daño” por parte de los autores del delito. Esta interpretación se basa, según el Ejecutivo, en que el robo se cometió durante una fecha clave como el final del puente de mayo, y que el material sustraído era de bajo valor económico, lo que les lleva a sospechar de un objetivo más allá del lucro.
Un daño colosal para miles de usuarios
El impacto de los robos fue inmediato y colosal: durante el domingo y el lunes siguientes, se cancelaron o retrasaron decenas de trenes en la línea Madrid-Sevilla, una de las más transitadas del país. Las pérdidas económicas, tanto para Renfe como para miles de pasajeros, se multiplicaron, y la imagen del servicio ferroviario quedó seriamente dañada en plena operación retorno del puente festivo.
Pese a que el robo de cobre en instalaciones ferroviarias no es un fenómeno nuevo en España, la magnitud de este ataque, tanto en alcance como en consecuencias, ha disparado la preocupación institucional y mediática. El caso ha escalado desde una investigación local hasta convertirse en un asunto de debate nacional, con enfrentamientos políticos en torno a la interpretación de los hechos.
Próximos pasos judiciales
Con la apertura formal de diligencias, el juzgado de Orgaz investigará en profundidad la identidad de los autores materiales del robo, las posibles conexiones entre los puntos afectados y las circunstancias técnicas del delito. La clave será determinar si, como sostiene el atestado de la Guardia Civil, se trató de un robo con ánimo de lucro o si pueden encontrarse indicios más complejos, como una acción coordinada con fines de sabotaje.
Por el momento, lo que queda claro es que la justicia se distancia de las afirmaciones más tajantes realizadas desde el Gobierno. La instrucción se centrará en esclarecer los hechos desde una perspectiva técnica y jurídica, lejos de las interpretaciones políticas.
El caso sigue abierto, y los próximos días podrían ser determinantes para conocer la verdadera naturaleza del ataque que paralizó una de las arterias ferroviarias más importantes del país.
