El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Almagro ha condenado a un paciente a cuatro meses de prisión por agredir a un enfermero del centro de salud de la localidad, reconociendo al profesional como “autoridad pública” durante el ejercicio de sus funciones. La sentencia, difundida por el Colegio de Enfermería de Ciudad Real, marca un precedente en la lucha contra las agresiones a sanitarios y refuerza su protección legal.
Los hechos: Una agresión en pleno acto de servicio
El 5 de abril, el paciente tras ser atendido por una médica y una enfermera en el Centro de Salud de Almagro, inició un altercado exigiendo más medicación. Cuando el enfermero intervino para calmarlo, el agresor lo tomó por el cuello, lo lanzó contra la pared y profirió amenazas de muerte. Solo la intervención de un acompañante del atacante evitó mayores consecuencias.
El enfermero interpuso denuncia inmediata ante la Guardia Civil, activando un proceso judicial exprés. En apenas cuatro días, el Ministerio Fiscal formuló la acusación, solicitando una condena de 6 meses de cárcel para el usuario, y el Juzgado de Almagro celebró un juicio rápido, dictando sentencia el 9 de abril. El agresor admitió los hechos, reduciendo su condena de seis a cuatro meses de prisión.
Una sentencia con múltiples condenas
La resolución judicial no solo impone prisión, sino también:
- Inhabilitación del derecho de sufragio pasivo (derecho a ser elegido para cargos públicos).
- Multa económica por un delito leve de lesiones.
- Indemnización de 200 euros al enfermero por daños morales.
- Asunción de las costas del proceso.
El enfermero como “autoridad pública”: Un avance legal clave
El Colegio de Enfermería de Ciudad Real destaca que la jueza reconoció al enfermero agredido como “autoridad pública”, equiparándolo con funcionarios como médicos, jueces o policías. Este criterio se basa en la reforma del Código Penal de 2015 y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que protegen a los sanitarios en centros públicos durante su labor.
Pablo Madrid, presidente del Colegio, recalca: “Es vital que quede claro: atacar a un enfermero en un centro público es un delito contra la autoridad, con consecuencias penales graves”.
Denunciar, clave para erradicar la violencia
El caso evidencia la importancia de denunciar inmediatamente las agresiones. El Colegio insta a los profesionales a:
- Interponer denuncia penal ante cualquier amenaza o violencia.
- Notificar el incidente a la Junta mediante el protocolo PERSEO, para depurar responsabilidades administrativas.
La rapidez en este caso —denuncia en horas, juicio en cuatro días— demuestra la eficacia de los protocolos de colaboración entre colegios profesionales, fuerzas de seguridad y tribunales.
Concienciación social y respaldo jurídico
La sentencia refleja una creciente sensibilización social contra la violencia en centros sanitarios, impulsada por campañas institucionales y la presión de colectivos profesionales. Desde 2015, la equiparación de sanitarios con autoridades públicas ha permitido aplicar penas más duras, aunque aún persisten desafíos en la protección de profesionales en ámbitos privados.
Agradecimientos y llamamiento a la acción
El Colegio de Enfermería agradeció la diligencia del Juzgado de Almagro y la Guardia Civil, resaltando que su colaboración fue clave para una resolución ejemplar. “Esta sentencia manda un mensaje claro: la violencia no será tolerada. Pero necesitamos que todos los profesionales denuncien; solo así lograremos erradicar esta lacra”, concluyó Madrid.
