El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava aprobó este martes, 18 de noviembre, con el respaldo unánime de los cuatro grupos políticos representados en la Corporación Municipal, una moción para instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Agencia del Agua a detener la aplicación del denominado Canon de la Directiva Marco del Agua (DMA), recogido en la Ley 2/2022, y cuya entrada en vigor supondría un impacto económico de más de 300.000 euros para los vecinos de Bolaños en 2027.
La iniciativa, presentada por el Partido Popular de Bolaños y defendida por el Equipo de Gobierno, busca frenar un mecanismo que, según se expuso durante el pleno, generaría una carga económica “inasumible e injusta” para los municipios que aún arrastran problemas estructurales en sus redes de abastecimiento.
Un canon que penaliza a los municipios con redes más deterioradas
El Canon DMA es un impuesto que grava las pérdidas y fugas de agua registradas en las redes municipales. Su propósito, según la normativa, es incentivar la eficiencia hídrica y la reducción de pérdidas. Sin embargo, en la práctica —tal y como argumentaron los portavoces municipales— su aplicación supone un perjuicio directo para aquellos ayuntamientos cuyas infraestructuras, debido a su antigüedad o falta de inversión regional, presentan mayores dificultades técnicas.
En el caso concreto de Bolaños, la estimación elaborada para el ejercicio 2026 —que comenzaría a cobrarse en 2027— sitúa el importe del canon entre 300.000 y 350.000 euros, una cifra que recaería directamente en los hogares y empresas del municipio. A este impacto se suma que la Junta recaudaría el impuesto a través de los ayuntamientos, obligando a estos a incorporarlo en sus ordenanzas mediante una tasa específica.
Un mecanismo sin retorno económico para mejorar las redes
Durante la sesión plenaria, el grupo municipal popular subrayó el carácter “profundamente injusto” del sistema, dado que penaliza a los municipios con mayores necesidades de inversión, sin ofrecer retorno económico ni compensación para ejecutar obras de mejora. “Se exige a los ayuntamientos pagar por sus fugas, pero no se les dota de recursos para solucionarlas”, señalaron.
Asimismo, los portavoces destacaron que la estructura del canon no responde a un criterio de equidad territorial, pues podría agravar las desigualdades existentes entre localidades con infraestructuras modernas y aquellas con redes más envejecidas, generando una brecha aún mayor en la gestión eficiente del agua.
Exigencia de una moratoria de al menos cinco años
La moción aprobada solicita a la Junta de Comunidades:
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La paralización temporal del abono del Canon DMA.
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Una moratoria mínima de cinco años que permita a los ayuntamientos planificar y acometer actuaciones de renovación de sus redes.
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El diseño de mecanismos de apoyo económico dirigidos a que los municipios puedan avanzar de forma progresiva hacia una mayor eficiencia hídrica.
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La puesta en marcha de un plan técnico de control de pérdidas, que garantice una aplicación gradual y razonable del canon en el futuro.
Compromiso firme con la eficiencia hídrica, pero con garantías
El Ayuntamiento de Bolaños reafirmó durante el pleno su compromiso con la gestión responsable y eficiente del agua, subrayando que las mejoras necesarias deben abordarse mediante estrategias técnicas realistas, acompañadas de apoyo institucional y sin trasladar cargas desproporcionadas a las familias y empresas del municipio.
“Bolaños quiere avanzar en la modernización de sus infraestructuras, pero no a costa de imponer a sus vecinos un coste extraordinario que el municipio no puede asumir sin ayuda”, se destacó al cierre de la sesión.
Con esta moción, aprobada por unanimidad, el Ayuntamiento de Bolaños envía un mensaje firme a la Junta de Castilla-La Mancha: la transición hacia una red hídrica más eficiente debe hacerse con planificación, equidad y colaboración institucional, no penalizando a quienes más necesitan apoyo para mejorar sus infraestructuras.
