En un ambiente de tensión y polarización, el municipio de Torralba de Calatrava se encuentra en el epicentro de un debate que ha dividido opiniones y encendido pasiones en el ámbito político local. La polémica gira en torno a la posible instalación de una planta de biometano, un proyecto que, lejos de un simple tema técnico, se ha convertido en el escenario de enfrentamientos entre la dirección municipal y el grupo socialista.
El contexto de la controversia
Durante el pleno extraordinario celebrado el jueves, la alcaldesa de Torralba de Calatrava, María Antonia Álvaro, se pronunció enérgicamente sobre la instalación de la planta de biometano. Según explicó, el proyecto no fue impulsado por una iniciativa privada, sino que la solicitud fue realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). La administración regional, siguiendo sus normativas y procedimientos, encargó la elaboración de informes técnicos a diversas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Torralba.
La alcaldesa subrayó que, de acuerdo con la legislación vigente, no existe un impedimento legal que impida la autorización del proyecto. Los informes técnicos presentados hasta el momento han resultado favorables, y negar el proyecto implicaría incurrir en irregularidades legales. En este sentido, María Antonia Álvaro defendió con firmeza la transparencia y la legalidad en la gestión del asunto, dejando en claro que los decretos correspondientes ya han sido debidamente presentados en los plenos municipales.
Las declaraciones de la alcaldesa: Llamamiento a la unidad
María Antonia Álvaro ha pedido a todos los actores políticos y a la ciudadanía que dejen de lado las disputas partidistas y se unan en torno al interés colectivo del municipio. Rechazando las acusaciones personales y las interpretaciones politizadas que han surgido en torno a su gestión, la alcaldesa aseguró que las críticas que pesan sobre ella y su familia están dirigidas más a intereses políticos que a la defensa del bienestar de la comunidad.
Entre los puntos destacados de su intervención se encuentran:
- Responsabilidad de la instalación: La alcaldesa afirmó que la responsabilidad de la instalación de la planta recae en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que exime al Ayuntamiento de Torralba de cualquier injerencia directa en el proceso.
- Transparencia y legalidad: Se enfatizó que los procedimientos se han llevado a cabo respetando el marco legal, con la presentación de los decretos correspondientes en los plenos municipales.
- Propuesta de modificación normativa: Ante la falta de concreción en la propuesta del PSOE, María Antonia propuso que el Ayuntamiento inicie el proceso de modificación de las normas subsidiarias, ajustándose a la normativa autonómica para establecer condiciones más estrictas en la instalación de este tipo de infraestructuras.
- Consulta popular y voto independiente: La alcaldesa manifestó su disposición a iniciar el expediente para una consulta popular, aunque aclaró que el resultado no tendría carácter vinculante. Asimismo, planteó la posibilidad de delegar la competencia en el Pleno para que los concejales puedan votar de forma independiente y sin presiones partidistas.
La respuesta férrea del PSOE
Por otro lado, el grupo municipal socialista ha manifestado su total desacuerdo con el proyecto, argumentando que la instalación de una planta de biometano en Torralba de Calatrava es inadecuada por múltiples razones. Los socialistas sostienen que el municipio no genera ni siquiera una fracción de los residuos necesarios para justificar la operación de este tipo de planta, que está diseñada para gestionar hasta 160.000 toneladas.
Entre las críticas del PSOE se destacan:
- Inadecuada ubicación: La proximidad del proyecto al núcleo urbano preocupa por el posible incremento del tráfico de vehículos de carga, lo que podría afectar la calidad de vida de los vecinos y provocar congestiones en las vías principales.
- Impacto laboral insignificante: Se subraya que, según el proyecto, la planta generaría tan solo cinco puestos de trabajo, un número insuficiente para compensar los perjuicios y molestias que podría acarrear la actividad industrial en una localidad de baja generación de residuos.
- Falta de escucha ciudadana: Los socialistas acusan a la alcaldesa de no prestar atención a las necesidades y preocupaciones del pueblo, criticando que sus decisiones parecen estar guiadas por intereses personales y ambiciones políticas a futuro. En sus declaraciones, han llegado a pedir a María Antonia Álvaro que “escuche al pueblo o se eche a un lado”, e incluso han solicitado su dimisión inmediata, argumentando que su gestión ha perdido la confianza de los vecinos.
Implicaciones políticas y sociales
El enfrentamiento entre la alcaldesa y el PSOE no solo se reduce a un debate sobre la instalación de una planta industrial; es reflejo de una profunda división en la visión sobre el desarrollo y la sostenibilidad en Torralba de Calatrava. Mientras una parte de la ciudadanía y la administración defiende el proyecto como un avance hacia la modernización y el aprovechamiento de energías renovables, otro sector teme los impactos negativos en la calidad de vida, el entorno urbano y la cohesión social.
Esta controversia ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y, en su caso, modificar la normativa regional en materia de instalación de infraestructuras energéticas. La propuesta de la alcaldesa de trabajar en conjunto con las plataformas vecinales para llevar esta cuestión ante las Cortes de Castilla-La Mancha se enmarca en una estrategia que busca equilibrar el progreso tecnológico con el respeto al tejido social y al medio ambiente.
Perspectivas futuras
El debate en Torralba de Calatrava está lejos de cerrarse. Por un lado, la administración municipal se muestra decidida a continuar con el estudio y la modificación de las normas subsidiarias para regular de forma estricta este tipo de proyectos. Por otro, el PSOE y numerosos sectores de la sociedad civil seguirán alzando la voz en contra de la ubicación y viabilidad de la planta de biometano, exigiendo medidas que prioricen el bienestar de los ciudadanos y el entorno.
El futuro inmediato se perfila con la apertura de un expediente para la consulta popular, cuya naturaleza no vinculante podría, sin embargo, marcar un precedente en la participación ciudadana en decisiones de gran impacto local. La evolución de este asunto dependerá, en última instancia, de la capacidad de diálogo y compromiso entre las distintas fuerzas políticas y de la claridad en la comunicación de los beneficios y riesgos que conlleva el proyecto.
