El desacuerdo sucesorio entre carlistas e isabelinos, tras la muerte en 1833 de Fernando VII, originó un enfrentamiento entre ambos que originó el comienzo de la Primera Guerra Carlista. Extendida la violencia principalmente por las Vascongadas, Navarra y Cataluña, también afectó al Campo de Calatrava. En esta zona hubo ocasiones en las que no se respetó el derecho ancestral de acogerse a sagrado, y que ocasionaron las tragedias que vivirían Bolaños y Calzada de Calatrava. Dos fatalidades hermanas que, separadas por un año, tienen en común la violencia, la ruptura de un código tradicional y la huella dejada en la memoria colectiva de ambos pueblos.
Tras varios fracasos del carlista Juan Vicente Rugero (a) Palillos por tomar Granátula y Almagro decidió —el 3 de febrero de 1837— atacar Bolaños de Calatrava. La población conocía la fama del Tigre de la Mancha, lo que originó que varios liberales optaran por refugiarse en la iglesia parroquial, convencidos de que acogidos a sagrado no serían atacados. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurriría un año después en Calzada, los isabelinos no perecieron dentro del templo. Los carlitas prometieron respetar sus vidas si se rendían. Confiados, así lo hicieron, pero sus vidas no fueron respetadas: abandonaron la iglesia y fueron conducidos a un lugar del campo —conocido actualmente como la Hoya de los Muertos—, donde fueron fusilados veintitrés hombres: la mayor parte de ellos naturales de Bolaños, más otros cuatro nacidos en otros pueblos de la provincia —Almagro, Manzanares, Membrilla, Santa Cruz de Mudela y Villarrubia de los Ojos—, según consta en el libro de defunciones de la parroquia de los Santos Felipe y Santiago. Las partidas de fallecimientos las inscribió el párroco Vicente Piña y todas terminaban con la frase «No recibió las Santos Sacramentos por morir desgraciadamente, se enterró en este Camposanto». Tras la última inscripción, el cura terminaba con estas palabras: Las circunstancias de estas desgracias se explicarán en la última oja [sic] de este libro. Sin embargo, en el libro no hay constancia de este apuntamiento.
Emocional y moralmente, esta ejecución produjo un impacto inmediato y profundo en los vecinos de Bolaños y en los de Almagro. Tanto es así que el 5 de enero de 1838, once meses y dos días después del suceso, las viudas y familiares de las víctimas contactaron con el Gobernador de Ciudad Real —José Elizondo— para exigirle que la festividad de San Blas dejará de celebrarse el día 3 de febrero: la alegría de la fiesta tradicional no podía coincidir con la fecha donde habían caído sus seres queridos. Elizondo no se quedó con las manos cruzadas: en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real) publicó una resolución declarando que la función de San Blas debía suprimirse no sólo por haberse desfigurado, con el paso del tiempo, en una fiesta moralmente reprobable, sino porque el año anterior había terminado de forma sangrienta, acudiendo Palillos «a divertirse a su manera» y asesinar a veintitrés vidas, dejando diecinueve viudas y cincuenta y cinco huérfanos. Debido a lo expuesto, reemplazó esta fiesta por un solemne aniversario religioso para honrar a las víctimas, a celebrarse en Almagro —con la participación del clero, la milicia nacional y los deudos de los fallecidos— y exigiendo que los nombres de todos estos patriotas fueran públicamente expuestos para que el pueblo los recordara. Ordenó al alcalde de Bolaños que no permitiera la celebración de la fiesta, avisando que sería inexorable en exigir responsabilidades ante cualquier incumplimiento. Había que evitar que los gritos de alegría empañaran el luto irreparable de los familiares, consagrando el día 3 de febrero al duelo y no a la diversión popular.
El recuerdo por la matanza de Bolaños adquirió categoría institucional, pocos días antes de que en la comarca volviera a suceder un episodio similar, esta vez aún más devastador: el ataque carlista, en febrero de 1838, a Calzada de Calatrava. La expedición de Basilio García llegó a este pueblo el día 25 y, del mismo modo que en Bolaños, los liberales —milicianos nacionales junto con mujeres y niños— tuvieron que acogerse a sagrado, ante el ataque enfurecido, en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Valle. Pero a diferencia de lo realizado por el Tigre de la Mancha, que engañó para matar fuera, Basilio respondió brutal y directamente: ordenó prender fuego a la iglesia, que ardió hasta derrumbarse con cientos de personas refugiadas en su interior. Sobre ciento sesenta y tres personas murieron atrapadas en las llamas —una de ellas pudo salvarse al decidir saltar desde la ventana de la torre, quedando sus miembros inutilizados, por lo que tuvo que ingresar en el asilo de San Bernardino, de Madrid—. El templo se convirtió en ruina permanente y en símbolo de la violencia carlista, recordado para siempre en la localidad como la iglesia quemada.
Estas dos tragedias revelan dos modos distintos de vulnerar el derecho a acogerse al asilo eclesiástico, establecido en la Edad Media por la Iglesia católica. Gracias a él, cualquier persona perseguida por la justicia o por enemigos podía refugiarse en un lugar sagrado —normalmente una iglesia—. Allí, no podía ser detenida ni violentada debido a que el espacio estaba protegido por la autoridad divina: la casa de Dios era inviolable. Entre los objetivos del sagrado estaba el de forzar una negociación entre los perseguidos y los hombres armados que exigían su entrega, obligándolos a detener la violencia a las puertas del templo y a reconocer la inviolabilidad del lugar consagrado.
Esta protección religiosa, por tanto, se incumplió de dos formas distintas: atacando directamente el edificio religioso, ocasionando víctimas dentro de mismo —el caso de Calzada de Calatrava— o mediante la falsedad, convenciendo a los isabelinos a abandonar el lugar sagrado donde creían estar protegidos —el caso de Bolaños—. En el primer caso hubo violación física y moral del sagrado; en el segundo, violación moral. Ambos episodios muestran cómo la guerra termina no sólo con vidas y destruyendo edificios, sino también no respetando códigos tradicionales establecidos durante siglos para limitar la crueldad en tiempos de conflicto.
El 19 de febrero de 1837, a los pocos días de la barbarie, un grupo de vecinos relevantes formalizaron una escritura con un objetivo claro: la reparación inmediata a las viudas, huérfanos o familiares más allegados de las víctimas del 3 de febrero. Basada en una Real Orden de meses anteriores, el protocolo comprometía a los firmantes, mancomunada y solidariamente, de manera que ninguno podía liberarse de la carga alegando el incumplimiento o cumplimiento de los demás. Para ejecutar esta obligación hipotecaron —de manera general y especial— un amplio conjunto de bienes —casas, tierras, olivares, huertas, viñas, sembraduras e, incluso, un molino de aceite— que quedaron destinados a sostener las ayudas y a la reparación de daños. Además de asegurar la subsistencia de las familias afectadas por la desgracia, también comprometía a los signatarios a restituir los bienes saqueados o destruidos: armas, municiones, efectos de Hacienda, dinero del Estanco, enseres domésticos, animales y edificios incendiados por la partida de Palillos. Debían de reponer cada objeto o pagar su valor y reconstruir lo que habían destruido los carlistas. Incluso el dinero que estos habían robado a los vecinos por la fuerza quedó incorporado al compromiso de resarcimiento.
Reunieron treinta mil reales de vellón, distribuyendo entre los afectados algo más de diez mil reales —correspondientes al primer trimestre de ayuda—, quedando depositados los restantes en la Administración de Rentas de Almagro, asegurando así los pagos de los trimestres sucesivos. Para verificar la puntualidad, los afectados comenzaron a recibir las pensiones diarias ese mismo mes, pagadas por adelantado. La nómina, emitida por el Jefe Político de la provincia, reflejó la voluntad de que el socorro tuviera carácter público y estable, garantizando que llegara íntegramente el dinero a los necesitados y obstaculizando abusos.
La pensión trimestral que comenzaron a recibir tuvo un significado moral: significaba el deseo de los que hipotecaron sus bienes — Manuel de Prado (a) Mayor, que compareció como principal y su patrimonio es el que aparece más extensamente hipotecado en la escritura, Bartolomé Rubio, Francisco Manuel Camacho, los presbíteros Jorge López Villaescusa Severo y Manuel Camacho, Manuel de Prado (a) Menor, Bernardino Arreaza y Antonio Ruiz— de aliviar, en la medida de lo posible, el dolor que la tragedia había impuesto.
Las propiedades hipotecadas se repartían por lugares bien conocidos del término: Camino de Almendros, Campo de las Nieves, Camino de las Carretas, Herrerías, Zanja del Pellejero, Sitio de las Ánimas, el Humilladero, Camino de la Virgen del Monte, los Arenales, Matabestias, Eras de Arriba, Camino de Manzanares, la Celada, Cuesta de Arriba, los Calares, Sitio de los Cuetos, Camino de la Polvorosa, Sitio de Gálvez, los Beguizos, el Salobral, Sitio del Rudal y el Pardillo, entre muchos otros. Con ellos queda reflejado no sólo el esfuerzo económico asumido, sino también la amplitud del territorio afectado por la tragedia y la dimensión colectiva de la respuesta.
Recordar estas tragedias hoy significa devolver la voz a quienes, creyéndose a salvo en un lugar sagrado, fueron víctimas de una violencia que desbordó todos los límites. Pero también resulta llamativo que los carlistas —defensores de la religión y de la tradición— atacaran iglesias, engañaran a quienes se acogieron a sagrado o, incluso, prendieran fuego a una parroquia con casi doscientas personas dentro.
Corpus Ruiz Fernández
