La detención de la exmilitante socialista Leire Díez, conocida en los pasillos del poder como “la fontanera del PSOE”, no es un suceso aislado, ni un episodio desafortunado dentro de un partido que pretende aferrarse a la idea de regeneración. Es, más bien, el reflejo de una crisis ética profunda, sostenida en el tiempo, y que ahora emerge con una crudeza imposible de maquillar.
La Guardia Civil actuó este miércoles por orden de la Audiencia Nacional dentro de una operación aún bajo secreto de sumario, vinculada a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el ámbito de la SEPI. Una investigación de calado, prorrogada y compleja, que no solo apunta a prácticas ilícitas en el seno de una entidad pública estratégica, sino que vuelve a colocar al PSOE en el epicentro de un lodazal reputacional que dura ya demasiado.
Pero la gravedad del caso no se reduce a una simple detención. Díez ya figuraba como investigada por tráfico de influencias y cohecho en una causa instruida por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. Allí, el magistrado Arturo Zamarriego ya le había tomado declaración por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos ante acusaciones de una severidad extrema que, de confirmarse, dibujan una red de influencias, presiones y maniobras opacas cuyo propósito último sería interferir en procedimientos judiciales para beneficio propio y del entorno político que dice representar.
Y lejos de disiparse las dudas, los nuevos movimientos judiciales incrementan la inquietud. Según fuentes del caso, esta nueva pieza secreta en la Audiencia Nacional estaría relacionada con un supuesto intento de soborno a dos fiscales para suavizar actuaciones que afectaban al círculo más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una línea de investigación explosiva, de consecuencias institucionales imprevisibles.
Grabaciones, contradicciones y un relato que se desmorona
Las grabaciones que dieron origen a la imputación constituyen uno de los elementos más perturbadores del caso. En ellas —siempre según el instructor— se escucharía a Díez presentarse como “la persona del PSOE” y “la mano derecha de Santos Cerdán”, insinuando su capacidad para influir en causas sensibles que afectan a figuras políticas y empresariales de primer nivel. Ella lo niega todo, cuestiona la autenticidad del material, e incluso ha reclamado su nulidad. Pero el juez Zamarriego ha sido tajante: no hay motivo alguno para invalidar unas pruebas que ni siquiera han sido sometidas aún a análisis pericial.
El relato exculpatorio de Díez —que asegura actuar únicamente por motivos periodísticos para un libro inexistente— se derrumba ante los indicios recabados y los testimonios de la instrucción. El juez, lejos de cerrar la vía, ha citado como testigos de relevancia al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al antiguo alto cargo de Moncloa, Antonio Hernando. Un movimiento que, sin duda, eleva la temperatura política y judicial del caso.
Un escándalo que estalla en un partido ya desgarrado
Porque este nuevo episodio no llega en un momento de estabilidad para el PSOE. Todo lo contrario. A esta operación judicial hay que sumar los recientes casos de acoso sexual surgidos dentro del propio partido, manchas que profundizan una crisis ya insostenible y que exponen la fractura moral de una organización que se presenta como abanderada del progreso y la igualdad mientras se desangra internamente.
Lo que debería alarmar no es únicamente la posible conducta delictiva de una exmilitante, sino el entramado de relaciones, influencias y sombras que el caso sugiere alrededor de la cúpula socialista. Si una persona que se atribuye acceso directo a los principales dirigentes del partido ha podido llegar hasta este punto, ¿qué dice eso del control interno? ¿Y de la cultura política que se ha cultivado durante años?
La regeneración no se declama: se practica
El PSOE no puede seguir escudándose en la tesis de la “manzana podrida”. Los casos aislados dejan de serlo cuando se repiten con esta intensidad, cuando activan a la Fiscalía Anticorrupción, cuando implican a jueces de la Audiencia Nacional, cuando salpican a ex altos cargos del Gobierno. El problema no es puntual: es sistémico.
La detención de Leire Díez no es el final de nada, sino probablemente el comienzo de una cascada de revelaciones que obligará al partido a mirarse en un espejo que lleva demasiados años evitando. Y lo que ese espejo devuelve es una imagen devastadora: la de un partido que ha perdido la brújula ética y que navega ya sin rumbo en un mar de escándalos, contradicciones internas y un deterioro moral que amenaza con hundir su credibilidad.
La Justicia continúa su camino. El PSOE, mientras tanto, sigue sin dar explicaciones convincentes. Pero la sociedad española, cansada de evasivas, silencios y cortinas de humo, merece mucho más que eso.
Manuel García Sánchez
