El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado de forma contundente el tono político contra el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España y pactado con fuerzas independentistas, al considerar que se trata del “mayor ataque a la igualdad que se ha producido en toda la democracia”. El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido de que este acuerdo rompe los principios básicos de progresividad fiscal y cohesión territorial, y ha reclamado que “hablen los españoles”, abriendo así la puerta a la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
Un pacto que “rompe la igualdad entre españoles”
García-Page ha calificado de “intolerable” que el sistema de financiación autonómica se negocie “con unos independentistas” y posteriormente se pretenda imponer “al resto del país como un plato frío”. A su juicio, este planteamiento supone “echar a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal”, basada en el principio de que “pague más quien más tiene, pero no para que reciba más quien más tiene”.
El presidente regional ha subrayado que el nuevo modelo no ha sido negociado con el conjunto de las comunidades autónomas y responde exclusivamente a las exigencias de un solo territorio, lo que, en su opinión, constituye “un atropello a lo que somos como país” y una cesión política a quienes “quieren romper España”.
Rechazo frontal al modelo de ordinalidad
En sus declaraciones, García-Page ha cargado especialmente contra el paso de un sistema de redistribución justa a un modelo de ordinalidad, que prioriza que los territorios que más aportan mantengan su posición en el reparto. “Pasar de la progresividad fiscal a la regresividad fiscal es inconcebible desde posiciones progresistas”, ha afirmado, lamentando que este discurso sea defendido por quienes “dicen llevar la misma camiseta” que él dentro del espacio de la izquierda.
Según ha advertido, “nos estamos jugando cómo compartimos los españoles la riqueza que es de todos”, y ha insistido en que no se puede “tolerar ni amparar bajo ningún concepto” un modelo que genere desigualdad estructural entre ciudadanos en función de su lugar de residencia.
“Que decidan los españoles”
El presidente castellanomanchego ha ido más allá al plantear abiertamente que, antes de que avance un acuerdo de esta naturaleza, “prefiero que hablen los españoles”. Una afirmación que, en clave política, se interpreta como una petición explícita de convocatoria de elecciones generales para que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre el rumbo del país y sobre un pacto que condiciona el reparto de la riqueza nacional.
García-Page ha asegurado que vive esta situación como “un día doloroso” y ha dejado claro que no participará “bajo ningún concepto” en lo que ha definido como “un intento de suicidio político de la izquierda por interés personal”. Asimismo, ha advertido de que su Gobierno hará “todo lo posible” para frenar un modelo que considera “inviable” y profundamente injusto.
Defensa de la cohesión y del futuro común
El presidente autonómico ha alertado de que el debate sobre la financiación no es técnico ni coyuntural, sino que afecta al “futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”. Por ello, ha rechazado los “argumentos ininteligibles y caóticos” utilizados para justificar el acuerdo y ha criticado la creación de “fondos de limosna” para algunas comunidades, una medida que, a su juicio, supone “una ofensa a todos los valores progresistas” defendidos durante décadas.
En este contexto, García-Page ha reiterado su negativa a aceptar “más trampas y más engaños” y ha reclamado un debate claro, transparente y con respaldo democrático sobre el modelo territorial y fiscal del país.
