La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy una medida histórica: el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas de régimen común. Este rescate financiero, el más ambicioso jamás ejecutado en España, busca corregir el “sobreendeudamiento” heredado de la crisis financiera de 2008-2013 y liberar recursos para reforzar servicios públicos como sanidad y educación.
Castilla-La Mancha: Beneficiada con 4.927 millones y un alivio del 30%
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, verá condonados 4.927 millones de euros, equivalente al 30% de su deuda total. Este alivio permitirá a la comunidad destinar fondos a políticas sociales, en línea con el lema de Montero: “Con menos deuda hay más Estado de Bienestar”. La medida contrasta con la gestión de la crisis anterior según ha indicado la ministra de Hacienda, donde el Gobierno de Mariano Rajoy impuso recortes y restricciones financieras. Según Montero, en los siete años de Pedro Sánchez, Castilla-La Mancha recibió 12.490 millones más que bajo el PP, incluyendo fondos COVID y asunción de liquidaciones negativas.
Metodología: Tres fases para una distribución “Equitativa”
El Ministerio de Hacienda diseñó una fórmula compleja para repartir los 83.252 millones:
- Población ajustada (75% del rescate):
El 75% de la condonación (60.232 millones) se distribuyó según el peso demográfico de cada comunidad entre 2010-2022. Castilla-La Mancha recibió inicialmente 2.952 millones (18,27% de su deuda), pero al quedar por debajo de la media del 19,3%, se añadieron 170 millones adicionales. - Equiparación por habitante:
Se identificó a la Comunidad Valenciana como referencia (2.284 euros por habitante), otorgando un ajuste extra a regiones con financiación inferior a la media. Esto sumó 1.804 millones más a Castilla-La Mancha. - Bonus por competencias en IRPF:
Comunidades que ejercieron al alza sus competencias en IRPF recibieron un 10% adicional.
Impacto por Comunidades: Cataluña, Madrid y el debate político
El desglose por comunidades revela cifras dispares:
- Andalucía: 18.791 millones de euros
- Cataluña: 17.104 millones de euros
- Comunitat Valenciana: 11.210 millones de euros
- Comunidad de Madrid: 8.644 millones de euros
- Castilla-La Mancha: 4.927 millones de euros
- Galicia: 4.010 millones de euros
- Castilla y León: 3.643 millones de euros
- Región de Murcia: 3.318 millones de euros
- Canarias: 3.259 millones de euros
- Aragón: 2.124 millones de euros
- Baleares: 1.741 millones de euros
- Extremadura: 1.718 millones de euros
- Cantabria: 809 millones de euros
- La Rioja: 448 millones de euros
Montero defendió la “objetividad” del modelo, aunque el Partido Popular tachó el plan de “pago a independentistas”. Alberto Núñez Feijóo aseguró que los gobiernos autonómicos del PP votarán en contra, mientras comunidades como Valencia exigen una reforma del sistema de financiación.
De la crisis al mercado: Un futuro con menos deuda
La condonación no solo busca sanear cuentas, sino devolver a las comunidades su autonomía financiera. Según Montero, al reducir el pasivo, las regiones podrán acceder a los mercados en mejores condiciones y destinar un 0,1% de su PIB anual a servicios públicos.
El proceso para que esta propuesta se convierta en ley implica múltiples etapas:
- Debate en el CPFF: Se espera que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará próximamente, dé el visto bueno a la propuesta.
- Tramitación legislativa: Una vez aprobada en el CPFF, la propuesta se trasladará al Congreso de los Diputados para su debate y eventual aprobación en forma de ley orgánica.
- Negociaciones bilaterales: Posteriormente, se mantendrán reuniones con cada comunidad para definir los plazos y detalles de la aplicación de la condonación, que se prevé que se extienda durante aproximadamente diez años, en función de los vencimientos actuales del Fondo de Liquidez Autonómico.
Un hito con sabor agridulce
Este rescate marca un antes y después en las relaciones fiscales entre el Estado y las autonomías. Para el Gobierno, es la culminación de una “política progresista” que prioriza lo social sobre la austeridad. Para sus críticos, un gesto político costoso. Lo cierto es que, con una deuda autonómica que ronda el 25% del PIB nacional, la medida redefine el mapa económico español, aunque el debate sobre su equidad promete durar años.
“Sería difícil entender que alguien rechace aliviar la deuda para invertir en hospitales y colegios”, sentenció Montero. El miércoles, en el CPFF, las comunidades darán su veredicto.
