El primer Pleno Ordinario de 2026 en el Ayuntamiento de Almagro evidenció este jueves que el debate sobre la financiación pública, lejos de circunscribirse al ámbito autonómico o estatal, ha comenzado a tensionar también la política municipal. Una moción presentada por el Partido Popular en defensa de una financiación local “justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal” quedó bloqueada tras no prosperar su tramitación por vía de urgencia, al producirse un empate en la votación.
La iniciativa fue planteada en el séptimo punto del orden del día, reservado a los asuntos urgentes, y defendida por el portavoz del Grupo Municipal Popular, Francisco Javier Núñez, quien reclamó que el Pleno se pronunciara de manera inmediata sobre una cuestión que, a su juicio, afecta de forma directa a la viabilidad económica de los ayuntamientos y a la prestación de servicios esenciales.
El alcalde cuestiona la urgencia
Antes de la votación, el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, expresó abiertamente sus reservas sobre la procedencia de debatir la moción por la vía de urgencia, al considerar que el núcleo del debate planteado se sitúa en el ámbito de la financiación autonómica.
«No veo la urgencia ahora mismo de votar una moción que no tiene que ver con lo que se está discutiendo, que es exactamente la financiación autonómica para los servicios públicos, cuya responsabilidad recae en las comunidades autónomas», señaló el regidor socialista, si bien confirmó que el asunto sería sometido a votación conforme al reglamento.
Empate y moción bloqueada
El resultado fue un empate: votos favorables del Grupo Popular y de la concejal no adscrita, frente a los votos en contra de los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista (la concejal del grupo municipal socialista, Paloma Dotor, se tuvo que ausentar anteriormente del pleno por sentirse indispuesta) y del concejal de Por Almagro.
Tal y como precisó la Secretaría municipal, la falta de mayoría impidió declarar la urgencia del asunto, lo que dejó la moción sin debate y sin votación sobre el fondo.
Una crítica directa al modelo de financiación
La moción presentada por el PP, formulada al amparo del Real Decreto 2568/1986, constituye una enmienda política de amplio alcance al modelo de financiación pública actualmente en discusión a nivel nacional. En su exposición de motivos, los populares subrayan que los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, están asumiendo un volumen creciente de competencias impropias sin la correspondiente dotación económica.
El texto denuncia la ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados, la rigidez de las reglas fiscales y la incertidumbre normativa, factores que —según el PP— están lastrando la capacidad de inversión municipal y comprometiendo la calidad de los servicios públicos locales.
Rechazo a acuerdos “singulares”
Especialmente crítica es la referencia a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Gobierno de España, que el PP considera planteada de forma bilateral y sin un marco multilateral previo. La mención a principios como la ordinalidad y a acuerdos singulares despierta, según la moción, dudas razonables sobre el respeto al principio de igualdad entre ciudadanos y el equilibrio territorial del Estado.
El documento reprocha, además, que este debate se esté produciendo sin integrar de manera explícita la financiación local, pese a que cualquier modificación del sistema autonómico tiene un impacto directo e inmediato sobre los ayuntamientos.
La tasa de residuos, en el centro de la polémica
Otro de los puntos clave del texto es la crítica a la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio mediante una tasa específica. Para el PP, esta medida supone una restricción de la autonomía fiscal municipal y traslada a los vecinos el coste de decisiones adoptadas sin financiación adicional.
En este contexto, la moción reclama la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administración Local y exige que no se impongan nuevas obligaciones a los municipios sin la correspondiente dotación de recursos.
Texto íntegro de la Moción presentada en el Pleno por el Grupo Municipal Popular de Almagro
MOCIÓN POR UNA FINANCIACIÓN LOCAL JUSTA, SUFICIENTE Y RESPETUOSA CON LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almagro, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN/PROPOSICIÓN, que se fundamenta en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los ayuntamientos constituyen la administración más cercana a la ciudadanía y desempeñan un papel esencial en la prestación de los servicios públicos básicos, la cohesión social y la vertebración territorial del país. En los últimos años, las entidades locales han asumido un volumen creciente de competencias y responsabilidades, muchas de ellas de carácter impropio, sin que ello haya venido acompañado de una financiación suficiente, estable y previsible, como ocurre actualmente con servicios como el de estancias diurnas, entre otros.
La ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados, la rigidez de las reglas fiscales y la falta de certidumbre normativa están dificultando gravemente la planificación económica y presupuestaria de los ayuntamientos, limitando su capacidad de inversión y condicionando la calidad de los servicios que se prestan a los vecinos.
En este contexto, el Gobierno de España ha anunciado recientemente una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que se ha presentado de manera parcial, bilateral y sin un marco multilateral previo, generando incertidumbre y preocupación en amplios sectores institucionales y territoriales. La referencia pública a principios como la ordinalidad y a acuerdos singulares plantea dudas razonables sobre el impacto que este nuevo modelo pueda tener en la igualdad entre los ciudadanos y en la cohesión territorial del conjunto del Estado.
Este debate se está produciendo, además, sin incorporar de forma expresa la financiación local, pese a que cualquier modificación del sistema autonómico tiene un impacto directo e inmediato en los ayuntamientos. Abordar la reforma de la financiación pública sin contar con las entidades locales supone ignorar a la administración que gestiona los servicios más cercanos y cotidianos para la ciudadanía.
A ello se suma la imposición de nuevas obligaciones financieras a los municipios, como las derivadas de la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa específica. Esta medida limita la autonomía fiscal municipal y traslada directamente a los vecinos el coste de decisiones adoptadas sin financiación adicional ni la flexibilidad suficiente para su adaptación.
Los ayuntamientos, como parte esencial del Estado, deben participar activamente en los procesos de reforma que afectan a su financiación y a su autonomía. Para ello, resulta imprescindible el funcionamiento ordinario de los órganos de cooperación institucional, en particular la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), como espacio de diálogo, coordinación y lealtad institucional.
Defender una financiación local justa, suficiente y equitativa no constituye una reivindicación partidista, sino una condición imprescindible para garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales y el equilibrio territorial del país.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almagro eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS
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Instar al Gobierno de España a retirar la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica pactado con partidos que defienden el separatismo.
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Instar al Gobierno de España a que la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada se aborde desde un enfoque multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, garantizando la igualdad entre los ciudadanos y evitando acuerdos singulares que puedan generar desequilibrios territoriales.
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Reclamar que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica incorpore de manera simultánea una reforma del sistema de financiación local, reconociendo el papel esencial de los ayuntamientos y garantizando su suficiencia financiera.
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Exigir la convocatoria inmediata y ordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) como órgano de cooperación institucional, para analizar y debatir de forma conjunta la reforma de la financiación autonómica y local, con participación efectiva de los municipios.
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Solicitar que no se impongan nuevas competencias ni obligaciones financieras a los ayuntamientos sin la correspondiente dotación de recursos, preservando la autonomía local y la calidad de los servicios municipales.
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Defender la autonomía fiscal de los ayuntamientos, instando al Gobierno de España a revisar la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, de manera que puedan utilizarse otros instrumentos y medidas no impositivas previstas en las directivas europeas que incentiven la prevención y el reciclaje de residuos, sin imponer cargas fiscales obligatorias adicionales a los vecinos.
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Reafirmar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, como eje fundamental del sistema de financiación pública, garantizando que los servicios municipales dispongan de recursos suficientes, estables y basados en criterios objetivos y transparentes.
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Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y a la Comisión General de las Entidades Locales del Senado.
