En estos días se cumplen 28 años del secuestro y brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, un joven concejal del Partido Popular en Ermua. Tenía solo 29 años cuando la banda terrorista ETA truncó su vida, dejándolo herido de muerte con dos disparos en la cabeza tras un ultimátum macabro al Gobierno español. Su muerte fue el secuestro número 78 de ETA y el décimo en la lista de rehenes asesinados, una cifra escalofriante dentro de los 778 crímenes perpetrados por la organización terrorista.
El secuestro de Miguel Ángel Blanco desató una reacción social sin precedentes en España. Millones de personas salieron a las calles en una de las mayores movilizaciones contra el terrorismo que nuestro país haya visto, una marea de indignación y solidaridad que dejó claro el hartazgo de la sociedad española frente a la barbarie de ETA. Esa ola de repulsa, conocida como el Espíritu de Ermua, marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, dos décadas y ocho años después, la ironía de la historia nos golpea con una crudeza difícil de asimilar. Los herederos políticos de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, representados en la formación de Bildu, son hoy socios y aliados fundamentales del Gobierno de España. Su apoyo es la palanca que mantiene a Pedro Sánchez en el poder. Esta realidad genera una profunda indignación y una sensación de anomalía democrática que muchos españoles encuentran inaceptable.
Es cierto que ETA ya no mata. La organización terrorista fue derrotada y, afortunadamente, sus crímenes son parte de un pasado oscuro. Pero que sus herederos políticos, aquellos que en su momento justificaron o no condenaron sus acciones, ostenten ahora un poder institucional significativo es un trago amargo para las víctimas y para la memoria colectiva. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España pacte con quienes representan el brazo político de quienes sembraron el terror durante décadas, como si nada hubiera pasado?
La situación es especialmente lacerante cuando se observa la postura de ciertos miembros del Partido Socialista, algunos de los cuales cargaron sobre sus hombros los féretros de compañeros asesinados por ETA. Resulta incomprensible que hoy defiendan o blanqueen a los herederos políticos de aquellos que ejecutaron y torturaron a socialistas en el País Vasco. La dignidad de las víctimas y la memoria de quienes perdieron la vida a manos de ETA merecen un respeto innegociable.
El legado de Miguel Ángel Blanco no es solo el recuerdo de una vida joven arrebatada, sino también el símbolo de una sociedad que se unió para decir “basta” al terrorismo. Permitir que los herederos de esa violencia tengan un peso decisivo en la política nacional, sin una condena clara y sin un arrepentimiento explícito por el pasado, es una afrenta a esa memoria y a los valores democráticos que tanto costó defender. La anomalía es escandalosa y el blanqueamiento, inaceptable.
Manuel García Sánchez
