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miércoles, octubre 23, 2024

El Juzgado de Ciudad Real anula una sanción disciplinaria contra un agente de la Policía Local de Calzada de Calatrava, condenando al Ayuntamiento por abuso de poder

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El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPL-CLM) ha anunciado una importante victoria judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real ha dictado la sentencia 00245/2024, con fecha 21 de octubre, a favor de un agente de la Policía Local de Calzada de Calatrava. El tribunal ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el agente, quien fue sancionado injustamente a través de una resolución emitida por el Ayuntamiento del municipio, en un proceso impulsado por la Jefatura de la Policía Local.

Resolución nula: la justicia da la razón al agente

El juzgado ha declarado nula la resolución sancionadora al considerar que la misma no se ajusta a derecho, fundamentando la decisión en la “falta de tipicidad” y la “inexistencia de hechos determinantes de reproche disciplinario”. La resolución, firmada por la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García, y sustentada en un expediente iniciado por la Jefatura de la Policía Local, había sido objeto de numerosas alegaciones por parte del agente implicado. No obstante, en la fase administrativa, estas alegaciones fueron desestimadas por completo, algo que la justicia ahora ha revertido.

Según los Servicios Jurídicos del SPL-CLM, la sanción carecía de fundamento desde el inicio, pues las pruebas presentadas por el agente demostraban que “ni hubo desconsideración a un superior, ni desobediencia, ni la reunión fue oficial, ni su convocatoria se hizo por los cauces legales, ni el agente estaba en su tiempo de servicio”. Estos elementos, claves en la defensa del agente, fueron completamente ignorados por la administración local en su momento.

Críticas del SPL-CLM: abuso de poder y cerrazón administrativa

Desde el sindicato SPL-CLM no han dudado en mostrar su satisfacción ante esta resolución judicial, que no solo devuelve el honor al agente, sino que también pone en evidencia lo que consideran un abuso de poder por parte de la administración local. En declaraciones emitidas por el sindicato, expresaron que “resulta decepcionante que se tenga que llegar a la justicia ordinaria para que se determine la inexistencia de hechos de reproche disciplinario, ante la cerrazón y cierto abuso de poder en este caso de la alcaldesa y del Oficial Jefe de la Policía Local”.

Además, subrayaron que la administración local, a pesar de las claras pruebas presentadas, optó por desestimar reiteradamente todas las alegaciones del agente. Este proceder ha generado una “injusta situación” que ha mantenido al policía local bajo presión durante largos meses, hasta que finalmente la justicia le ha dado la razón.

Impacto económico para el Ayuntamiento: condena en costas

Otro aspecto relevante de esta sentencia es que el juzgado ha condenado al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava al pago de las costas del procedimiento. Esto implica que los gastos jurídicos sostenidos por el agente demandante deberán ser asumidos por la administración local, lo que representa un “gasto extraordinario” que, en última instancia, recae sobre los vecinos del municipio.

El SPL-CLM ha aprovechado esta situación para recordar a las administraciones locales que la defensa de los derechos laborales de los agentes de la policía local no puede ser ignorada, y que cualquier decisión arbitraria o injusta tendrá consecuencias tanto a nivel judicial como económico.

El compromiso del SPL-CLM: en defensa de los derechos de los agentes

Desde el SPL-CLM, sus representantes han reiterado su firme compromiso con la defensa de los derechos laborales de los policías locales de la región. “Seguiremos luchando y trabajando en la defensa de los derechos laborales de los policías locales de la región”, han subrayado, asegurando que este tipo de situaciones no debe repetirse y que la protección de sus afiliados seguirá siendo una prioridad.

Este fallo judicial no solo supone un alivio para el agente afectado, sino que también representa un precedente importante para la protección de los derechos de los trabajadores frente a decisiones arbitrarias o sanciones injustificadas por parte de las administraciones locales.

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