En relación con las recientes publicaciones que recogen supuestos fallos en las pulseras antimaltrato instaladas a agresores con orden de alejamiento, así como las declaraciones formuladas por el Ayuntamiento de Ciudad Real, que trasladan una visión de crisis del sistema sin aportar verificaciones creíbles, la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real desea manifestar lo siguiente:
- Investigación oficial en curso
El Ministerio de Igualdad ha iniciado una investigación interna exhaustiva sobre los posibles fallos en los dispositivos COMETA, con el objetivo de depurar responsabilidades y esclarecer si se han incumplido obligaciones contractuales o de transparencia. Este hecho demuestra la seriedad con la que el Gobierno de España afronta cualquier incidencia y la voluntad de reforzar, con plena transparencia, la confianza en un sistema esencial para la protección de las víctimas.
- Falta de constancia en Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Ni en la Fiscalía, ni en la Policía Nacional, ni en la Guardia Civil constan denuncias registradas en relación con los hechos que se han hecho públicos desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. Difundir afirmaciones sin contraste previo con las autoridades competentes constituye una actuación irresponsable que puede generar alarma injustificada entre las mujeres usuarias del sistema.
- Responsabilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real
El Ayuntamiento de Ciudad Real, con sus declaraciones públicas señalando fallos generalizados en las pulseras o cuestionando la eficacia del sistema, incurre en varias omisiones y riesgos institucionales:
- Carece de competencia técnica para auditar sistemas telemáticos bajo jurisdicción estatal o judicial.
- No ha presentado ante esta Subdelegación ni ante los órganos de protección oficial informe técnico alguno que respalde sus afirmaciones.
- Su actuación puede debilitar la credibilidad de un mecanismo de protección que funciona 24/7 para salvaguardar la vida de las mujeres.
- En el caso de que se hayan manejado datos sensibles, localización, órdenes de alejamiento, historiales judiciales, sin las garantías exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, podría existir una responsabilidad legal directa.
- Llamamiento a la responsabilidad institucional y a la cooperación
Este asunto trasciende lo local: está en juego la confianza de mujeres en situación de riesgo en los sistemas de protección del Estado.
La Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real:
- Reitera su compromiso absoluto con la protección de las víctimas de violencia de género y con el cumplimiento del Pacto de Estado.
- Solicita a todas las administraciones rigor, cautela y respeto a los procedimientos legales antes de emitir comunicados públicos.
- Exige total transparencia y cooperación con los órganos competentes en materia de seguridad y de igualdad.
La seguridad y la vida de las mujeres deben prevalecer frente a cualquier interés institucional o político. No cabe frivolidad ni precipitación: proteger a las víctimas exige responsabilidad, legalidad y coordinación leal entre administraciones.
