En un movimiento sin precedentes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta mañana la esperada Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, más conocida como la Ley de Amnistía. Con su entrada en vigor inmediata, se abre un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen, marcando un hito en el proceso de reconciliación en la región.
El decreto, respaldado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue a la aprobación del Congreso la semana pasada con mayoría absoluta, superando el veto del Senado y culminando varios meses de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas. Esta medida es el resultado de los acuerdos del PSOE con ERC y Junts, quienes exigieron la amnistía a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.
Un amplio alcance de la amnistía
La Ley de Amnistía tiene como objetivo amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Esto incluye a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones por los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo.
Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la norma beneficiará a 372 personas. Entre los amnistiados se encuentran dirigentes de Junts y ERC, los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados, y los investigados por “Tsunami Democràtic”, entre otros.
Proceso legislativo y apoyo parlamentario
La proposición de ley, registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado, fue tramitada por el procedimiento de urgencia, aunque su aprobación se ha prolongado durante más de seis meses. La semana pasada, la propuesta reunió el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, mientras que 172 diputados del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN votaron en contra.
Próximos pasos y desafíos judiciales
Desde hoy, los jueces y tribunales tienen dos meses para aplicar la ley, aunque este plazo puede detenerse si se plantea una cuestión ante la justicia europea. Además, el BOE ha abierto el periodo para la presentación de recursos de inconstitucionalidad, y el Partido Popular ya ha anunciado su intención de impugnar la ley.
La Ley de Amnistía representa un intento significativo de cerrar uno de los capítulos más divisivos de la historia reciente de España. A medida que se desarrollan los próximos pasos, tanto en el ámbito judicial como político, la atención estará puesta en cómo esta medida influye en la normalización y reconciliación en Cataluña.
