El alcalde de Almagro, Francisco Ureña, ha defendido públicamente la necesidad urgente de impulsar una Ley de Turismo autonómica que faculte a los ayuntamientos con una relevante actividad turística a implantar una tasa turística, con el objetivo de paliar los elevados costes derivados del mantenimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como del refuerzo de los servicios municipales que exige la constante afluencia de visitantes.
En un contexto de creciente presión turística durante todo el año, el regidor ha subrayado que el esfuerzo económico que supone conservar y proteger el patrimonio de Almagro recae actualmente casi en exclusiva sobre los vecinos, pese a que los beneficios de ese patrimonio son disfrutados mayoritariamente por los miles de turistas que visitan la localidad. “No es razonable que los almagreños asuman en solitario el coste de unos servicios que también utilizan quienes nos visitan”, ha señalado.
Un modelo ya implantado en otras ciudades de España y Europa
Francisco Ureña ha explicado que el Ayuntamiento está estudiando fórmulas de financiación complementaria, en coordinación con otros municipios con una importante actividad turística, para aprovechar de manera equilibrada el impacto positivo del turismo sin penalizar a la población residente. En este sentido, ha defendido la implantación de una tasa turística “similar a la que ya existe en otras ciudades de España y en numerosos destinos europeos”, donde este tipo de gravámenes se han consolidado como una herramienta eficaz para garantizar la sostenibilidad de los destinos.
La propuesta municipal parte de una premisa clara: la necesidad de una legislación básica previa, que solo puede emanar de las Cortes regionales. Por ello, el alcalde ha reclamado la aprobación de una Ley del Turismo en Castilla-La Mancha que permita a los ayuntamientos legislar y aplicar, con criterios homogéneos y garantistas, una tasa turística ajustada a la realidad de cada municipio.
Una reivindicación compartida por municipios históricos
Ureña ha recordado que este planteamiento no es exclusivo de Almagro, sino que es compartido por numerosos municipios con un alto valor patrimonial y una intensa actividad turística, como Toledo, Cuenca, Sigüenza, Almadén, entre otros. Todos ellos han participado recientemente en encuentros de debate celebrados en CaixaForum, donde se analizaron los retos de la financiación municipal vinculada al turismo y la conservación del patrimonio histórico.
El alcalde ha insistido en que la futura Ley del Turismo, actualmente aún no aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, debe contemplar de manera expresa esta posibilidad, permitiendo que los ayuntamientos que lo soliciten puedan implantar una tasa moderada y proporcionada, cuyo impacto económico para el visitante sería mínimo, pero muy significativo para las arcas municipales.
Sostenibilidad, equidad e inclusión como ejes del proyecto
Desde el Ayuntamiento de Almagro se subraya que la propuesta no tiene un carácter recaudatorio indiscriminado, sino que se enmarca dentro de un proyecto de municipio sostenible, inclusivo y equilibrado. El objetivo último es garantizar la conservación del patrimonio, mejorar los servicios públicos y evitar que el incremento de costes asociados al turismo —limpieza, mantenimiento urbano, seguridad, conservación monumental o infraestructuras— recaiga únicamente sobre los vecinos.
Francisco Ureña ha remarcado que la tasa turística permitiría redistribuir de forma justa el esfuerzo económico, haciendo partícipes a quienes disfrutan de la ciudad, sin que ello suponga un obstáculo para el turismo. “Para el visitante supondría un coste adicional muy pequeño, casi simbólico, pero para Almagro sería una herramienta clave para proteger su identidad y su patrimonio”, ha afirmado.
Una llamada a la responsabilidad institucional
El alcalde ha concluido apelando a la responsabilidad institucional y al consenso político para que Castilla-La Mancha se dote de una normativa moderna y adaptada a la realidad turística actual. Almagro quiere seguir siendo un referente cultural y turístico, pero necesita instrumentos legales que permitan hacerlo de forma justa y sostenible.
