España asiste estos días a un hecho tan insólito como devastador: por primera vez, un diputado nacional en ejercicio, José Luis Ábalos, ingresa en prisión provisional sin fianza, acompañado en destino por quien fuera su mano derecha, Koldo García. No es un episodio aislado, ni un simple capítulo judicial: es el retrato descarnado de una política que, durante años, creyó que la impunidad era un derecho adquirido. Hoy el Tribunal Supremo ha recordado que la venda que cubre los ojos de la Justicia no es un adorno: es un recordatorio de que ningún poder del Estado —tampoco el político— está por encima de la ley.
La decisión del magistrado Leopoldo Puente, respaldada por la contundencia del fiscal Alejandro Luzón y las acusaciones populares, no solo destapa el riesgo de fuga ante la posibilidad de penas de hasta 30 años de cárcel. Revela algo más profundo y corrosivo: la erosión moral de un sistema donde quienes debían proteger a un país en plena pandemia podrían haber estado, presuntamente, lucrándose a costa del miedo y la muerte. La fotografía es insoportable. La democracia, herida.
Ábalos llegó al Supremo con una mochila de cuero y el gesto hundido. “No tengo dinero ni a dónde ir”, balbuceó. Pero esa frase, casi mendicante, no borra la mochila moral que sí arrastra: la sospecha de haber participado en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas en los peores meses del Covid-19. Su defensa clama vulneración de derechos y presiones para que “colabore”, pero el hedor de la corrupción pesa más que cualquier alegato. El exministro, que un día se paseaba con autoridad por el poder, hoy fumaba nervioso en los patios del Supremo, consciente de que su caída no es política: es existencial.
Koldo García, más desafiante, aseguró: “No me voy a ir a ningún sitio”. Quizá porque ya asumió —aunque sea entre líneas— que se equivocó. Su frase final, “todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, suena más a confesión que a defensa. También él enfrenta un futuro que se estrecha entre presuntas mordidas, influencias, favores y un entramado que empieza a dibujar un mapa de corrupción institucionalizada.
El fiscal no se anduvo con rodeos: “Fue la pertenencia a un Gobierno lo que permitió cometer estos delitos”. Una frase tan grave que debería estremecer a cualquiera con un mínimo sentido de Estado. Porque no se acusa a funcionarios menores o a intermediarios ocultos: se acusa a quienes, desde el corazón del Gobierno, gestionaron contratos públicos durante una emergencia nacional. Y si eso fue posible, el problema no es solo de personas: es de sistema, de controles, de cultura política. De un país donde demasiadas veces se confunde servicio público con oportunidad privada.
Hoy muchos responsables políticos guardan silencio. Otros se apresuran a desvincularse, como si no hubieran compartido responsabilidades, estrategia y gobierno con quienes ahora se enfrentan a 20 o 30 años de prisión. La memoria, en política, es selectiva; la indignación, oportunista.
Pero el daño ya está hecho. A la confianza ciudadana. A la dignidad institucional. A la credibilidad de un Estado que pagó mascarillas infladas mientras sus sanitarios se jugaban la vida con equipos improvisados.
La imagen de Ábalos entrando al Supremo sin declarar ante la prensa y la de Koldo con su mochila grande no son escenas aisladas: son símbolos. Simbolizan el final de una etapa y, quizá, el inicio de una purga necesaria. La Justicia ha hablado. El país mira.
Porque cuando la política pierde la vergüenza, solo queda que la Justicia deje de tener paciencia.
Y eso, por fin, ha ocurrido.
Manuel García Sánchez
