Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la operación se inició cuando los agentes constataron la existencia de diversos expedientes de transmisión de vehículos con documentos compulsados supuestamente falsificados.

Una vez realizadas las primeras investigaciones la Guardia Civil detectó que, en un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV) de Ciudad Real, algunos vehículos no eran dados de baja definitiva y, en colaboración con dos empresas de Madrid dedicadas a la compraventa de vehículos, los ponían a nombre de compradores para poder beneficiarse de las subvenciones del Plan PIVE.

Modus Operandi

El CATV recepcionaba vehículos usados para proceder a su desguace en sus instalaciones y tramitaba el correspondiente certificado de destrucción. A continuación, al tener la documentación original en su poder y en colaboración con los concesionarios de vehículos, falsificaban los contratos de compraventa y facturas para simular operaciones ficticias de venta.

Para ello tramitaban la titularidad de un vehículo usado y dado de baja para chatarra a compradores de vehículos nuevos y así poder beneficiarse de la subvención del Estado, falsificando las firmas y la documentación necesaria para realizar dicho trámite ante las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Asimismo, cabe destacar que los vehículos usados entregados en el CATV nunca salían de las instalaciones.