Este domingo, 9 de febrero de 2025, cerca de un millar de personas inundaron las calles de Carrión de Calatrava para rechazar la instalación de dos plantas de biometano —una en su municipio y otra en Torralba de Calatrava—, proyectos declarados “prioritarios” por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Bajo lemas como “Pan para hoy, veneno para mañana” o “Aire limpio, agua pura, no queremos esta basura”, los manifestantes exigieron paralizar unas instalaciones que, según denuncian, convertirán la comarca en un “estercolero” industrial.
La protesta, que culminó con la lectura de un manifiesto frente al Ayuntamiento, no es un hecho aislado: el próximo 16 de febrero, Torralba replicará la movilización, consolidando una lucha vecinal que cuestiona el modelo energético, la transparencia institucional y la sostenibilidad real de estos proyectos.
¿Energía verde o riesgo ambiental? Los argumentos de la indignación
1. Amenaza al acuífero 23 y al patrimonio arqueológico
Las plantas se ubicarían a apenas 2 km de los cascos urbanos, pero el rechazo va más allá de la proximidad. El proyecto de Carrión afectaría al acuífero 23, ya sobreexplotado y con niveles de nitratos tres veces superiores a los límites seguros para consumo humano. Además, requeriría miles de metros cúbicos de agua en una zona de estrés hídrico crónico.
A esto se suma la cercanía a La Motilla de Torralba, yacimiento arqueológico sin excavar y de “potencial incalculable”, ubicado a solo unos metros de la planta proyectada. Los vecinos alertan de que el proyecto pone en riesgo no solo el patrimonio, sino también áreas de anidación de aves en peligro de extinción cerca de las Tablas de Daimiel.
2. Residuos tóxicos y promesas incumplidas
Cada planta generaría 150.000 toneladas anuales de digestato, un subproducto con altos niveles de metales pesados, según las plataformas vecinales. Los manifestantes cuestionan además la narrativa de “energía verde”: “No es energía, es pura basura”, coreaban, denunciando que el biometano se obtendría de residuos externos —posiblemente de macrogranjas—, lo que convertiría la zona en un vertedero regional.
3. Beneficio económico vs interés comunitario
La empresa detrás del proyecto en Carrión invertiría 12 millones de euros para crear solo cinco puestos de trabajo, una cifra irrisoria para el impacto que supondría. “¿Quién hace el negocio? ¿Quién pega el pelotazo?”, se preguntan los vecinos, señalando que el “interés público abstracto” es una cortina de humo para beneficiar a unos pocos.
La batalla política: entre la presión vecinal y el “secretismo” institucional
El Ayuntamiento de Carrión, gobernado por el socialista Dionisio Moreno, aprobó por unanimidad modificar la normativa urbanística para bloquear futuras plantas de biometano. Sin embargo, los vecinos desconfían: la empresa ya solicitó la licencia de obras antes de que el cambio legislativo se concrete, y el alcalde admitió que, bajo la normativa actual, rechazarla sería “prevaricación”.
El Partido Popular ha acusado a Moreno de “oscurantismo”, revelando que defendió el proyecto como “prioritario” ante la Junta en noviembre de 2024, mientras ocultaba información a los vecinos. La tensión política se agrava ante la posibilidad de que la empresa demande al Ayuntamiento si el proyecto se paraliza, un riesgo que los manifestantes asumen: “Si no hay planta, será por la presión del pueblo”.
Próxima parada: Torralba el 16 de febrero
La lucha no termina en Carrión. El domingo 16, Torralba de Calatrava albergará otra manifestación, uniendo fuerzas con localidades como Miguelturra y Campo de Criptana, donde también se planean plantas similares. Las plataformas vecinales han recogido miles de firmas y exigen que ningún proyecto avance sin el consentimiento ciudadano.
