A finales de 1750, como se vio en el artículo anterior, las tensiones sobre quién debía de gestionar las Arcas Reales seguían en pie. Coexistían, como ya se afirmó, una capitalidad «de derecho» —ejercida por Ciudad Real— y otra «de hecho» —desempeñada por Almagro—. Pero es a comienzos de 1751 —en las sesiones municipales del 3 y 5 de febrero— cuando la discordia alcanzó una profundidad más elevada: la prueba histórica documentada. Ello es debido a que el intendente Pedro Manuel de Arandía inicia un proceso de desmontaje de la legitimidad histórica atribuida a Ciudad Real, con el objetivo de deslegitimar un pasado asentado en la tradición, según entendían desde este ayuntamiento.
En la sesión del cabildo del 3 de febrero, el corregidor lee a todos los asistentes una carta enviada por el intendente —fechada en Almagro el 31 de enero— en la que exige que Ciudad Real acredite, con pruebas documentales originales, qué pueblos pertenecían al partido de esta ciudad antes de que las oficinas de rentas se trasladaran desde Almagro a Ciudad Real «por el asiento que de ellas hizo José de Alecha». Solicitud que marca un antes y un después: hasta ahora, Ciudad Real defendía su condición de capital basándose en resoluciones reales recientes, en privilegios antiguos y en la práctica administrativa consolidada. En este momento, Arandía abre otro frente, al cuestionar la antigüedad y legitimidad histórica de Ciudad Real como capital de La Mancha, al sugerir que la capitalidad fiscal no proviene de una tradición secular, sino del asiento hecho por José de Alecha. Es significativo la mención a éste: asentista, según el intendente, que contrató la Corona la gestión de las Rentas Reales y quien organizó el traslado de las oficinas fiscales desde Almagro a Ciudad Real en el siglo XVII, según reconoce expresamente el acta de la sesión: Alecha «capituló» que las rentas se mudasen a Ciudad Real.
Con este golpe de mano, Arandía está sugiriendo, implícitamente, que la capitalidad fiscal de Ciudad Real no es originaria, sino proveniente de un acuerdo contractual. Esta maniobra la refuerza exigiendo además que indiquen «qué actos de jurisdicción separados de las rentas han ejercido sus corregidores» sobre esos pueblos antes del asiento de Alecha. Con esta petición pretende retrotraer el análisis administrativo a un siglo previo.
Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, ante esa ofensiva, entiende que es de su obligación reunir toda la documentación histórica disponible, pero al mismo tiempo duda que el intendente está actuando al margen de la ley. Este es el motivo por el que solicita que se le remita «una copia de la Real Orden» en cuya virtud Arandía pide estas justificaciones.
La solicitud no pasó desapercibida ya que varios capitulares intuyeron que el intendente usaba la autoridad real más con intención política que como fundamento jurídico, abriendo un frente destinado a erosionar los derechos que la ciudad consideraba incuestionables. Es la primera vez, desde el inicio del litigio en 1743, Ciudad Real tiene que defender tanto su presente como su pasado: la capitalidad ya no está determinada por el lugar donde se encuentran las Arcas Reales, sino que también pasa a ser un problema de documentación histórica que hay que localizar.
Es en la sesión de 5 de febrero de 1751 cuando el cabildo consulta directamente a Su Majestad. Quiere una respuesta sobre «los antiguos derechos y regalías que esta ciudad tiene de capital de la provincia de La Mancha», además de que no se obligue a la ciudad a contestar al intendente, sino al Rey o ante el tribunal competente. Temen que Arandía les esté preparando una jugada y, ante esta nueva situación, deciden que lo mejor es que las pruebas de sus derechos no sean presentadas al intendente, al considerarlo contrario al espíritu de la Real Resolución de 1750.
De este modo, en el año de 1751, el enfrentamiento se desplaza hacia el terreno documental: Almagro, a través de su intendente, ha iniciado un nuevo expediente en el que trata de demostrar que Ciudad Real no posee la antigüedad de capitalidad que afirma, sino que fue como consecuencia del asiento particular al que ya nos hemos referido; y que, por tanto, nada puede impedir que pueda ser revertido. Ciudad Real, en respuesta, aferrándose a su tradición, pide confirmaciones al rey, convirtiendo la defensa de sus regalías en la defensa de su propia historia. La discusión sobre la capitalidad comenzó a proyectarse hacia el pasado, convirtiendo los antecedentes históricos en un terreno más de la disputa.
En años posteriores a 1751, en las actas del ayuntamiento no aparece ninguna sesión dedicada al tema de la capitalidad. Y será una década más tarde, con la Real Cédula de 1761, cuando Carlos III ordene definitivamente que la Intendencia y las Arcas Reales regresen a Ciudad Real. Pero para la historia ha quedado el año 1751 como el año en que Arandía intensifico su batalla, desenterró el nombre de Alecha y convirtió un conflicto administrativo en un litigio sobre la historia de ambos pueblos: marcó uno de los momentos más tensos y significativos de toda la pugna por la capitalidad de La Mancha.
Vistas las sesiones del Ayuntamiento de Ciudad Real, caben destacar dos de ellas: una de 1668 y otra de 1701. En la primera de ellas hay un documento —expedido en nombre de Carlos II y la reina Mariana de Austria— donde identifican expresamente a Ciudad Real como sede de la Tesorería de Millones del Partido, al tiempo que menciona la existencia de un administrador general de los servicios de millones que actuaba sobre el Partido de Almagro y sobre la Tesorería de Ciudad Real. Por tanto, en este año de 1668, la custodia de las Arcas Reales incluía ya a Ciudad Real como centro operativo, integrando bajo su tesorería incluso villas tradicionalmente vinculadas a la jurisdicción almagreña. En consecuencia, la cuidad desempeñaba ya funciones propias de una jefatura fiscal, aunque en la documentación del siglo XVII todavía no se utilizara el término «superintendencia».
En la segunda sesión, correspondiente al año 1701, se recoge una Real Provisión del Consejo de Castilla reconociendo como privilegio de Ciudad Real ser cabeza de partido y sede de la Tesorería de Millones. Lo más relevante de esta disposición es que remite a una provisión anterior, fechada en 1671, en la que reconocía ya la misma prerrogativa.
A la luz de estos documentos, es razonable situar el asiento de Alecha entre 1664 y 1668, justamente cuando las fuentes comienzan a mostrar el traslado efectivo de funciones desde Almagro a Ciudad Real. La superintendencia —o su equivalente institucional en el Antiguo Régimen— habría pasado a Ciudad Real mucho antes de que existieran las intendencias borbónicas. Desde mi punto de vista, la pérdida de influencia de la Orden de Calatrava —cada vez con menos poder efectivo— y la retirada de la concesión a los fúcares de la explotación de las minas de Almadén fueron claves en esta decisión.
Corpus Ruiz Fernández
