En 1743, Almagro quiso arrebatar a Ciudad Real una serie de derechos, claves para obtener la capitalidad de la provincia: las arcas reales y el control de las rentas. Mientras en Madrid se presentaba un expediente y el Marqués de la Ensenada daba su opinión, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se decidió defender la tradición de la ciudad, para contener la ofensiva almagreña, comenzando un litigio largo y trascendental, cuya información aparece recogidas en sesiones municipales de 1743 y 1744.
En la sesión celebrada el 9 de diciembre de 1743, estuvieron presentes la Justicia —representada por el corregidor Juan Miguel Díez— y el Regimiento, compuesto por los capitulares Juan Tomás Velarde, Bernardino Muñoz de Loaisa, Luis José Velarde, Bernabé Ruiz Francés y Tomás de Huertos.
Lo que primero abordaron fue el estado del trigo en la ciudad. Luego, Juan Miguel Díez informó de su viaje a la Corte para defender los intereses de la ciudad: la villa de Almagro había presentado una solicitud con el fin de trasladar a su localidad las arcas reales, la superintendencia y la administración de rentas reales, que estaban situadas en Ciudad Real. Explicó que, por mediación del Marqués de la Ensenada, Almagro había entregado un memorial a Su Majestad, por lo que tomó la decisión de acudir al Real Consejo de Hacienda, consiguiendo que se pronunciaran sobre el asunto las tres Contadurías Generales —Valores, Distribución y Millones— y la fiscalía. Asimismo, informó a las Contadurías y los fiscales sobre los derechos que le correspondían a Ciudad Real para que la pretensión de Almagro fuera desestimada. Finalmente, consiguió que la operación fuera elevada al Rey mediante consulta a las dos salas del Gobierno General Militar —la del Gobierno y la de Justicia—. Tras esto, se desplazó al Real Sitio de San Ildefonso, donde gestionó que el expediente quedara listo para ser despachado por el monarca. No se le olvidó informar detalladamente al Marqués de la Ensenada sobre la falta de fundamento de las pretensiones de Almagro y sobre los inconvenientes que acarrearía acceder a ellas. Considerando que ya no quedaba nada más que hacer, salvo esperar la resolución real, decidió regresar a Ciudad Real dejando encargado del seguimiento del asunto a Bernardino González, persona de gran capacidad y experiencia, para que vigilara la evolución del proceso e informara de cualquier novedad, que según las señales observadas parecía favorable a Ciudad Real.
El corregidor informó a los capitulares que había empleado sesenta y dos días en esta misión. Por ello presentaba al Ayuntamiento la cuenta de los gastos ocasionados, para que pudiera ser examinada y se apreciara la economía con la que había procedido. Los miembros del Ayuntamiento, unánimemente, expresaron su agradecimiento al corregidor, reconociendo su buena conducta y acierto en un asunto tan grave para la ciudad, máxime teniendo en cuenta la influencia y poder con que contaba la villa de Almagro. Señalaron que el resultado favorable que estaba tomando el asunto se debía totalmente a la aplicación y diligencia del corregidor. Respecto a la cuenta de gastos, el ayuntamiento declaró no tener objeción alguna, sorprendidos incluso por la austeridad con la que Díez había vivido en Madrid. Por todo ello, expresaron nuevamente su agradecimiento. Éste respondió que se daba por satisfecho con que se pagasen los gastos de comida, pues no era su intención recibir ningún salario o compensación, considerando que el mayor premio era haber cumplido con el encargo que le habían asignado. Y con esto se dio por concluida la sesión, firmando los presentes según la costumbre.
Ciudad Real ostentaba la capitalidad de la provincia de La Mancha. Y tener las arcas reales y las oficinas fiscales era una señal de su privilegio histórico. Almagro —que en el siglo XVIII intentaba consolidarse como centro administrativo importante en la región— era sede de la Orden de Calatrava, lo que le daba un peso político y simbólico importante. El contenido del acta de la sesión confirma que el conflicto sobre la capitalidad de La Mancha entre Ciudad Real y Almagro no comienza en 1750 sino que se activó en 1743, con la intervención directa del Marqués de la Ensenada, el Consejo de Hacienda y varias Contadurías Generales. Quien tiene las arcas y las rentas ejerce la capitalidad de facto, y eso lo entendieron perfectamente ambos pueblos. El acta de 1743 es la primera piedra de este largo litigio.
Durante los meses siguientes Almagro y Ciudad Real permanecieron en un estado de expectación a la espera de la resolución sobre el expediente iniciado. La defensa de los derechos de Ciudad Real continuaba en Madrid, donde el corregidor siguió trabajando en el expediente. Mientras tanto, en Ciudad Real el cabildo debía reunirse sin él, recurriendo a la figura del teniente de corregidor, quien asumía la representación de la Justicia en ausencia del titular. La documentación conservada muestra que, a mediados de 1744, el litigio seguía sin resolverse.
En este escenario, el Ayuntamiento de Ciudad Real volvió a reunirse el 12 septiembre de 1744, recibiendo nuevas noticias del corregidor desde Madrid. A la sesión no asistió la Justicia —representada por el corregidor Juan Miguel Díez— debido a que se encontraba en la Corte. En su lugar, presidió la reunión Francisco Treviño Calderón de la Barca, teniente corregidor. Estuvieron presentes también los capitulares Juan Tomás Velarde, Luis José Velarde, Bernabé Ruiz Francés y Jerónimo Vicario.
Treviño leyó a los asistentes a la sesión una carta enviada por el corregidor desde la Corte. En ella informaba del estado del expediente relativo al conflicto con la villa de Almagro, que pretendía que se trasladaran a su jurisdicción la Caja General de Tabacos y la superintendencia de las Rentas Provinciales, actualmente situadas en Ciudad Real. En dicha carta, Juan Miguel comunicaba que había obtenido del Marqués de la Ensenada una opinión favorable hacia los derechos de Ciudad Real. Sin embargo, debido a los numerosos asuntos de importancia que ocupaban la Secretaría del Despacho, el Marqués le había indicado que la resolución del expediente podría retrasarse.
Enterados de esta comunicación, los miembros del Ayuntamiento acordaron escribir al Marqués de la Ensenada para agradecerle las muestras de apoyo hacia las regalías y derechos de la ciudad. Asimismo, decidieron indicar al corregidor que, dado el retraso que previsiblemente iba a sufrir la resolución del expediente, podía retirarse temporalmente de la Corte si lo estimaba oportuno, haciéndole saber al Marqués que tal decisión quedaba a su criterio según lo establecido por el cabildo. También recordaron que, para costear el viaje y los gastos derivados de la gestión del corregidos, Ciudad Real había tenido que solicitar un préstamo de tres mil reales de vellón, que ya fueron entregados, por lo que se determinaron hacer las gestiones necesarias para devolver cuanto antes dicha cantidad a la persona que la había adelantado. Terminaron acordando que, si Juan Miguel Díez permanecía aún en la corte para conseguir información sobre la tramitación del expediente, había que tener en cuenta atender a los gastos adicionales que pudieran surgir por su estancia en Madrid.
Nada en las sesiones de 1743 y 1744 permite afirmar que Ciudad Real hubiera ganado el litigio en esos momentos. La situación continúa siendo incierta incluso en la década de 1750: en una sesión municipal se declara expresamente que el expediente iniciado en 1743 seguía pendiente, lo que prueba que el conflicto no sólo no se había resuelto, sino que se prolongó durante varios años. La siguiente gran transformación administrativa —la declaración de Almagro como provincia de La Mancha— constituye un proceso distinto, aunque íntimamente relacionado con esta pugna por la preeminencia territorial. En el próximo artículo analizaremos cómo evolucionaron estos hechos.
Corpus Ruiz Fernández
