PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos firman un pacto en defensa de la Ley de Dependencia

SIEMPRE HACIA DELANTE - Vota PSOE

Almagro Noticias.- PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos han firmado un documento que, elaborado por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de CLM, incluye siete puntos y recoge las medidas precisas para devolver a las personas más vulnerables “los derechos hurtados” en esta legislatura.

Así lo ha expresado en rueda de prensa José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma y miembro de la Coordinadora Estatal, que ha agradecido a los partidos el apoyo prestado, aunque desde la tristeza porque “hubiéramos preferido no promover este pacto a favor del colectivo más frágil, más débil de la sociedad”.

Los firmantes del pacto han sido los candidatos a la Presidencia de Castilla-La Mancha de IU, Alejandro Ávila; UPyD,Celia Cámara, y Ciudadanos, Ángel Ligero; el secretario de Bienestar Social del PSOE, Pedro Antonio Martín, y la secretaria de Políticas Públicas y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Paula Baeza.

Los partidos firmantes se han comprometido, “en caso de tener responsabilidades de Gobierno o posibilidad de facilitarlas las próximas elecciones”, a derogar la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que fija el catálogo de servicios y prestaciones económicas y la atención a la dependencia en la región, así como la intensidad de los servicios y régimen de compatibilidades aplicable.

Derogar también el procedimiento actual para el reconocimiento de dependencia y el derecho de prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la comunidad.

Se valora la labor de los cuidadores en el entorno familiar que, aclara el escrito, “han sido vapuleados e insultados constantemente, de forma injusta”, y se defiende que “los propios dependientes o sus familiares” decidan qué prestación eligen, y en especial los Planes Individuales de Atención (PIA) para los grandes dependientes.

De igual forma, se comprometen a “acabar con el sistema de incompatibilidades de servicios y prestaciones” que ha supuesto el que “sobre todo los grandes dependientes, no reciban los cuidados y atenciones imprescindibles para poder desarrollar una vida digna”.

Se demanda que los actuales plazos para la tramitación “se deben reducir drásticamente” y, para eso, la Administración pública debe contar con “los medios humanos y materiales que hagan posible el acceso más rápido” al sistema de atención y, por añadidura, se pide “la dotación presupuestaria necesaria y suficiente” que garantice la atención a quienes que “ya reciben alguna prestación o servicio, así como a todas aquellas que en julio deben comenzar a recibirlas”.

De tal forma, ha concluido el escrito, que las políticas a favor de los colectivos más vulnerables deben ser “prioritarias para cualquier gobierno que se quiere llamar decente”.

Y es que, ha denunciado Gómez-Ocaña, con datos del Imserso, desde junio de 2011 a febrero de 2015 se han perdido 1.972 personas con prestaciones y 10.533 con derechos a ayudas, además de dejar a más de 5.000 personas fallecidas con derecho reconocido y estar plagado de ilegalidades, “reconocidas por las propios tribunales” con sentencias que obligan a la Junta a devolver las prestaciones.

Aquí, se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que “declara nula de pleno derecho” la orden por la que se ha regido la dependencia en los dos últimos años, aunque ha lamentado que la Junta no haya cumplido la sentencia y, encima, pretende aprobar un “decretazo” en los mismos términos que el rechazado.

“Es de justicia”

En el turno de intervenciones, con censura generalizada a la labor del Ejecutivo regional y, en especial, a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, Celia Cámara ha incidido en que UPyD no ha tenido ninguna duda en firmar el pacto porque “es de justicia y por solidaridad” y, encima, “de sentido común”.

Alejandro Ávila ha recordado que su formación siempre ha estado en movilizaciones y concentraciones en defensa de los dependientes “ante las políticas depredadoras” de Cospedal y Paula Baeza ha reiterado que el compromiso “es de sentido común” y ha apoyado el agilizar los expedientes de las 4.700 personas que están pendientes de calificación del grado.

Mientras, Pedro Antonio Ruiz se ha congratulado del apoyo de grupos porque “la sociedad no es ajena a acuerdos” y ha añadido que “hay una silla vacía” -del PP- “que no quiere diálogo y sí ordenar y mandar” y que “ha saqueado los derechos de los más débiles”.

Por último, Ángel Ligero se ha mostrado orgulloso de adherirse al pacto porque defiende “derechos que son absolutamente legítimos” y, ha concluido, “cualquier gobierno que se precie tiene que estar a su lado en lugar de enfrentarse a los tribunales”.

Publicidad